Varios líderes de opinión se han expresado en torno a las últimas controversias creadas por el gobernante Porfirio Lobo Sosa, primero con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ahora con medios de comunicación.
Lobo Sosa asegura que es objeto de una “conspiración” para derrocarlo. El gobernante teme correr con la misma suerte del expresidente Manuel Zelaya.
Al respecto, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, declaró a los periodistas que él no tiene conocimiento que empresarios estén conspirando contra el gobierno de Lobo para repetir los hechos de 2009 y sacarlo del poder.
“Tal vez hay algunos cabeza caliente políticos que estén pensando en cosas que ya no caben en este país, entonces, yo le pido al presidente de la República que se serene, que tenga calma, que el país no está para nuevos intentos de desarticular la Constitución y sus leyes”, dijo Facussé.
Por su lado, el economista y excandidato presidencial, Olban Valladares, aconsejó que el Presidente “no debe alimentar controversias, lo que tienen que hacer es decirle a los diputados de su partido que estudien las leyes que aprueban y no vayan al Congreso Nacional solamente a levantar la mano”.
Esto lo dijo, ya que el enojo del presidente es porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un decreto auspiciado por el Ejecutivo para depurar la Policía.
En ese sentido, Valladares recomendó a todos los sectores que “es el momento de deponer las hachas, dejar a un lado los machetes y sentarse a la mesa para un gran diálogo para que la gente se sienta segura y el gobernante no crea que se está conspirando en contra de él en cada esquina”.
Este gobierno debió enfocarse en el problema interno estimulando la producción y generar un clima de confianza para que el sector privado invierta más y no haya que estarlo confrontando todos los días, manifestó Valladares.
En tanto, el diputado nacionalista y experto en derecho constitucional, Oswaldo Ramos Soto, opinó que el presidente Lobo está obligado a someterse a las resoluciones que emanen de la CSJ, aunque no esté de acuerdo, porque así lo exige la doctrina democrática.
Señaló que la primera instancia para calificar de inconstitucional o no una ley es la Sala de lo Constitucional, y en vista de que no hubo unanimidad, el caso ahora pasa al pleno de magistrados de la CSJ que seguramente ratificará el fallo emitido por mayoría en la primera instancia.
En ese sentido, recalcó que el deber del Presidente de la República es acatar las decisiones de la CSJ, aunque no le gusten.
