La depuración judicial se encuentra en riesgo.
La suspensión del cargo de algunos jueces provocó la molestia de ciertos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes estarían maniobrando para que la depuración judicial no produzca los efectos esperados.
“Hay grupos oscuros a lo interno del Poder Judicial que se oponen a la depuración de ciertos jueces”, afirmó a EL HERALDO una fuente de ese poder del Estado.
Aseveró que existen intereses en casos de jueces protegidos y que al separarlos del cargo se provocó algún malestar.
“Resulta peligroso que se pretenda obstruir o dejar sin efecto el proceso de depuración que inició el Consejo de la Judicatura desde el año anterior”, manifestó. Según trascendió, en el Poder Judicial existen fuertes presiones para dar marcha atrás en algunas resoluciones de suspensión del cargo.
“Hay oposición de algunos grupos que están contra la depuración, porque protegen a algunos jueces”, remarcó. No reveló nombres de los jueces suspendidos del cargo que estarían siendo protegidos por altos funcionarios.
EL HERALDO consultó en el Consejo de la Judicatura, donde se confirmó la versión. Se afirmó que el Consejo continuará firme en su propósito de transparentar la administración de justicia. Se argumentó que el compromiso es con el pueblo, con la ley, no con grupos que buscan intereses particulares.
El Consejo de la Judicatura sostiene que se está cumpliendo con el procedimiento legal para emitir la resolución de suspensión o destitución del cargo.
Desde que asumió funciones el Consejo de la Judicatura, en el pasado mes de septiembre, fueron separados 40 funcionarios y empleados judiciales. Fueron suspendidos del cargo 25 jueces y destituidos 7; secretarios de tribunales suspendidos hay 4 y cancelados 2; 1 magistrado de Corte de Apelaciones fue suspendido, al igual que 1 administrativo.
EL HERALDO consultó con el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), Fabricio Galo, su opinión sobre el riesgo que se cierne sobre la depuración judicial.
Afirmó desconocer esta situación, sin embargo, no deja de preocuparle. En caso de ser cierto, pidió al Consejo de la Judicatura no ceder a presiones. Demandó que prevalezca la transparencia y el debido proceso en la suspensión y destitución de cargos. “Respetar los derecho, para no dejar dudas de lo que se esta haciendo”, dijo.
Reglamentos
Informó que está en proceso la elaboración de un reglamento para la imposición de sanciones al personal judicial. Para ello, existe un equipo de trabajo conformado por representantes de las asociaciones de jueces y empleados, como del mismo Consejo de la Judicatura.
El anteproyecto será puesto a consideración del Consejo de la Judicatura para su aprobación. Trascendió que el mismo contemplará las mismas 26 faltas leves, menos graves y graves, con sus respectivas sanciones, que contempla el actual auto acordado aprobado por el Consejo de la Judicatura como instrumento legal provisional para suspender y destituir al personal que incurra en irregularidades.
Además, contempla conceder más derechos y beneficios a los funcionarios y empleados, incluidos aumentos salariales, capacitaciones y becas. Asimismo, se elabora el reglamento de Inspectoría, que definirá el proceso investigativo. En la Asojmah están aglutinados unos 700 jueces y magistrados de Cortes de Apelaciones.
Más recursos
En la Sala Constitucional se interpuso el miércoles el quinto recurso de amparo administrativo en contra de la suspensión del cargo de jueces.
En esta ocasión, Jilman Nolasco Inestroza formalizó la demanda contra la resolución que adopto el Consejo de la Judicatura de suspenderlo del cargo como magistrado de la Corte de Apelaciones de Copan. La resolución se adoptó el pasado 11 de febrero, luego que la Inspectoría de Tribunales concluyera que habría incurrido en irregularidad al otorgar una carta de libertad a favor de dos colombianos, Rubén Darío Pinilla y Fredy Hernán Roldán, acusados por actividades ligadas al narcotráfico.
“Venimos a presentar un recurso de amparo por considerar que se han violentado una serie de garantías constitucionales, en especial el derecho al trabajo, el derecho a la remuneración, a la dignidad, al honor, lo que corresponde a la inamovilidad de los jueces relacionado con la independencia judicial y el derecho de defensa”, argumento.
Aunque dijo que fue suspendido del cargo por liberar a los colombianos, expuso que el Consejo no le notificó qué falta cometió para merecer la medida disciplinaria.
Explicó que dictó el sobreseimiento provisional porque así lo pidió el fiscal del Ministerio Público, al no contar con pruebas contra los acusados.
Cuestionó que no se le dio oportunidad de exponer sus argumentos de descargo para esclarecer este caso. Al respecto, presentó un escrito en el Consejo de la Judicatura para que a la brevedad se le cite para la audiencia de descargo.
Relacionado al caso, aseguró que no recibió dinero para liberar a los dos colombianos, que se siente limpio al dictar una resolución ajustada a derecho. “Actué correctamente, basado en una serie de valores, principios, ajustado a derecho”, precisó.
“Pido se me conceda el amparo, con suspensión del acto reclamado, en el sentido que se me reintegre a mi trabajo porque se me están vulnerando una serie de derechos”, concluyó Nolasco.
