El promedio indica que cada tres días un juez ha sido separado de sus funciones por incurrir en supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo.
Las suspensiones y destituciones fueron resueltas por el Consejo de la Judicatura
luego de conocer informes investigativos proporcionados por la Inspectoría de Tribunales.
El 28 de diciembre de 2011 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto 219-2011, contentivo de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Este Consejo se define como el órgano constitucional del gobierno del Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa.
Entre sus facultades está dirigir financiera y administrativamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como nombrar y remover a magistrados de cortes de Apelaciones, jueces y otro personal jurisdiccional y administrativo.
El órgano está conformado por cinco miembros y es presidido por el presidente de la CSJ, en este caso, Jorge Rivera Avilés.
Fue hasta el 11 de octubre de 2013 cuando el Consejo se instaló y asumió funciones. Desde entonces inició un proceso de depuración judicial, argumentando como objetivo transparentar la administración de justicia en el país.
Incidencia
El Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial cumplen cuatro meses de gestión y EL HERALDO obtuvo el detalle de sus resultados con respecto a la depuración judicial.
Como resultado suspendió y destituyó de sus cargos a 40 funcionarios judiciales
por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Esto indica un promedio de 10 separados por mes, es decir 1 cada 3 días.
El balance indica que fueron suspendidos de sus cargos 28 jueces y cuatro fueron destituidos. Asimismo, cuatro secretarios de tribunales fueron suspendidos y dos destituidos.
Un magistrado de Corte de Apelaciones
fue suspendido de su cargo e igual sucedió con un empleado administrativo.
La primera resolución la adoptó el Consejo el pasado 19 de noviembre contra dos jueces de
Yuscarán, El Paraíso: Donaldo Calero (destituido) y Jacobo Noel Gutiérrez
(suspendido).
Los causales
Son varias las causales para aplicar las sanciones de separación. Entre ellas, otorgamiento de sobreseimientos de forma irregular, otorgar medidas sustitutivas incumpliendo la ley, violación del debido proceso al emitir mandamientos judiciales al margen de la ley, retardo de más de dos años en dictar sentencia, desacatar resoluciones de tribunales superiores, violentar Código de ética, detenciones ilegales, extender constancias de antecedentes penales a favor de imputados por delitos graves, confabulación en condenar al Estado por millonarias demandas, y hasta vender productos y ausencias injustificadas al trabajo.
Marco legal
Las separaciones de jueces provocó la reacción de los afectados y de la Asociación de Jueces por la Democracia
(AJD).
Cuestionan que el Consejo de la Judicatura
no está facultado legalmente para aplicar sanciones de suspensión del cargo.
Para ello, sostienen, se requiere una reforma a la ley y no solamente emitir un reglamento.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, argumentó que este organismo sí respeta un marco legal vigente para adoptar este tipo de medidas disciplinarias.
Fundamentó que el artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura
claramente les otorga la facultad de suspender del cargo a un funcionario o empleado judicial.
En el mismo se expone que existen tres causales para suspender a un servidor judicial, el tercer inciso define que cuando así lo hubiere acordado el Consejo, de forma provisional o definitiva.
A esto se suma un auto acordado aprobado por el Consejo, en el que define el mecanismo a seguir para aplicar las sanciones. Sobre todo, dijo respetar la Constitución y la independencia de los jueces y magistrados.
Aseguró que quienes son suspendidos del cargo se les garantiza el derecho de defensa, son llamados a audiencias de descargo para que presenten sus pruebas.
A la fecha unas 80 audiencias de descargo
se celebraron en relación a los expedientes de jueces cancelados definitivamente y suspendidos de manera provisional, según las denuncias en su contra.
La normativa que se sigue establece que al cometerse faltas graves procede la suspensión del cargo, mientras se concluye la investigación. Mientras tanto, el sancionado no recibe salario, y en caso que se compruebe su inocencia se le retribuye el beneficio dejado de percibir.
“Se trabaja para una justicia correcta, transparente, transformación en el Poder Judicial respetando la ley”, dijo.
Ahora la sanción se aplica de forma más expedita. El presidente del Consejo, Jorge Rivera, expuso que anteriormente se iniciaba una investigación y tenía que transcurrir hasta cuatro meses para emitir una resolución.
“El pueblo hondureño ha visto su actuar y puede saber si el Consejo de la Judicatura
ha cumplido o no las expectativas que se esperan. Desde nuestro punto de vista consideramos que se han hecho grandes avances”, expresó Rivera.
El Consejo de la Judicatura
aún maneja decenas de expedientes contra jueces, que se resolverán en las siguientes semanas.
