La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor procederá en materia penal contra transportistas que cobren más del valor real del pasaje de transporte público autorizado por el gobierno.
Con una rebaja de 0.50 centavos, autorizada por el gobierno, el valor del transporte de buses grandes sería de 3.50 lempiras; mientras que el taxi colectivo bajaría a 12.50 lempiras.
“No se deberá pagar más de lo que el gobierno autorice, si ellos (transportistas) están cobrando más, ya sea por no rebajarle o simplemente porque no quieran dar las monedas, eso se llama delito de agiotaje”, advirtió el fiscal Luis Navas.
El sector transporte se opone a rebajar tarifas en la capital hasta que el gobierno les pague bonos atrasados. En este caso, el afectado por la negligencia estatal es el usuario.
En el resto del país iniciará hoy la vigencia de la disminución en las tarifas.
“La Fiscalía va a investigar las denuncias que se presenten, porque los transportistas no tienen por qué quedarse con los cambios (el vuelto)”, dijo.
La Ley de Protección al Consumidor dice que el cambio será siempre favorable al consumidor. Es decir que si el cobrador o el taxista no porta monedas deberá cobrar tres lempiras a usuarios de buses y 12 a quienes abordan taxis colectivos.
Asimismo, la Fiscalía estará a la espera de informes de operativos realizados por la Dirección General de Transporte.
