Tegucigalpa, Honduras.- El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ibis Discua Barillas, aseguró este martes que la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, habría aceptado que se le retiren las facultades administrativas a cambio de no ser sometida a un juicio político en el Congreso Nacional.
Según Discua Barillas, la titular del Poder Judicial sostuvo una reunión con un alto funcionario del actual gobierno para alcanzar un acuerdo previo a la discusión legislativa.
“Yo tengo conocimiento de que la presidenta ya sabía que se le iba a sustituir esto (facultades) porque tuvo una reunión con uno de los más altos funcionarios y ella cedió a esas circunstancias”, declaró Ibis Discua Barillas, exmagistrado de la CSJ, a la emisora Radio América.
El exfuncionario agregó que, de no haber accedido a ceder las atribuciones administrativas, la presidenta habría enfrentado un proceso de juicio político en el Congreso Nacional.
Las declaraciones surgen luego de que el Congreso Nacional aprobara en primer debate una iniciativa presentada por el diputado Francis Cabrera, orientada a despojar a la presidenta de la CSJ de las facultades administrativas.
Discua Barillas consideró que las recientes declaraciones públicas de Ráquel Obando frente a la iniciativa legislativa reflejan “leves posturas” ante un proceso que, a su juicio, continuará su curso.
Asimismo, advirtió que las modificaciones propuestas podrían generar cuestionamientos sobre una eventual intromisión de un poder del Estado en otro.
Antecedentes y concentración de poder
El exmagistrado recordó que durante el período 1998-2002 la CSJ enfrentó una situación similar, aunque en ese momento el pleno estaba integrado por nueve magistrados.
Indicó que fue entonces cuando se impulsó el proyecto del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Tras la desaparición del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, los nombramientos administrativos quedaron bajo la responsabilidad de la presidencia de la CSJ.
Discua Barillas lamentó que, en la actual administración, se haya configurado un “familión” en torno a la presidencia y la contratación de correligionarios, lo que, según su análisis, ha provocado despidos o traslados de personal que no comparte el pensamiento jurídico de la titular del Poder Judicial.
Finalmente, sostuvo que ningún presidente de la CSJ debe concentrar poder administrativo, ya que, afirmó, ello afecta el funcionamiento institucional y desvía la labor principal de los jueces, quienes deben enfocarse en resolver los más de 100 casos que manejan.
El Congreso Nacional aprobó anoche una reforma que modifica las atribuciones administrativas de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
La reforma se centra en el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 282-2010 y tiene como objetivo descentralizar el poder de decisión dentro del Poder Judicial.
Entre los cambios principales se establece la eliminación de la facultad unipersonal de la Presidencia de la CSJ para realizar nombramientos, traslados, ascensos y despidos.
Estas funciones pasan a ser competencia del pleno de los 15 magistrados, quienes deberán decidir de forma colegiada mientras no se apruebe una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
