Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan F. Jiménez Mayor, cuestionó este lunes la postura adoptada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ante el caso de corrupción de los fondos de Sedesol.
Jiménez Mayor se refirió al tema como “viejos problemas que se mantienen”, en respuesta al pronunciamiento de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, quien afirmó que no existe una ley que regule los fondos dentro del Legislativo.
“Viejos problemas que se mantienen, lo que no sorprende. Solo llama la atención que quienes cuestionaban estas prácticas, ahora las defiendan, como el caso del señor Redondo”, lamentó.
El exjefe de la Maccih recordó que, “pese al caso Red de Diputados, estas malas prácticas no han cambiado; solo cambiaron las personas”, en referencia a que ahora los señalados pertenecen al partido Libertad y Refundación (Libre).
Ayer, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo —quien en el pasado cuestionó fuertemente actos de corrupción, como el caso de la Red de Diputados, al que hace mención Jiménez— justificó las subvenciones y concedió permiso a la diputada Isis Cuéllar para ausentarse del Congreso Nacional.
Durante su intervención, el diputado por Cortés argumentó que la gestión de fondos para ayudas sociales no es igual al extinto Fondo Departamental.
Redondo reveló que las subvenciones han sido gestionadas por 96 de los 100 diputados de Libre, entre propietarios y suplentes.
Asimismo, indicó que 70 de los 88 parlamentarios del Partido Nacional y 39 de los 44 del Partido Liberal también han gestionado dichos fondos, al igual que 11 de los 20 congresistas del PSH y dos de los partidos Anticorrupción (PAC) y Democracia Cristiana (DC).
“Diputados de todas las bancadas del Congreso Nacional han gestionado ayudas sociales en beneficio de sus comunidades con la asignación presupuestaria contemplada en el artículo 349 de la Ley del Presupuesto”, justificó.
La polémica por la repartición de fondos surgió después de que se viralizara un video en el que se escucha una conversación telefónica entre la diputada oficialista Isis Cuéllar y otra persona, en la que supuestamente se discute el uso de recursos estatales con fines políticos.
Ante la controversia, la presidenta Xiomara Castro ordenó a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción abrir una investigación formal sobre el caso, que ha provocado fuertes reacciones de distintos sectores políticos y sociales, y ha reactivado el debate sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Entre las irregularidades señaladas figuran fallas en la emisión de cheques, debilidades en los controles internos y vacíos en la liquidación de los fondos asignados, detalló el jefe de la cartera anticorrupción
