Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas sustitutivas a la detención judicial a favor del exinterventor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Rigoberto Portillo Mejía, y del abogado Jaime Renán Banegas Zerón, quienes se defenderán en libertad.
La jueza del caso determinó que los imputados deben presentarse ante el juzgado cada 15 días, tienen prohibido salir del país sin autorización y no pueden acercarse ni comunicarse con un testigo protegido clave en el proceso.
En el caso de Rigoberto Portillo Mejía, habría hecho uso de información confidencial de esa institución para facilitar el arrendamiento ilegal de propiedades que estaban bajo custodia del Estado.
Por su parte, Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público y abogado privado, habría colaborado en estas acciones como parte de una estructura ilegal que operaba para lucrarse de manera personal.
Según las investigaciones presentadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los acusados habrían formado parte de una estructura ilegal que operaba dentro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Presuntamente, esta estructura utilizó información confidencial para alquilar propiedades incautadas al crimen organizado sin seguir los procesos legales correspondientes.
Los contratos eran ficticios, no contaban con respaldo oficial, y el dinero que se cobraba por los arrendamientos era depositado en cuentas personales de los implicados, sin registrarse en las finanzas institucionales.
Todos estos delitos, de acuerdo con el Ministerio Público, se cometieron en perjuicio de la administración pública, un testigo protegido, la fe pública y los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.
A Portillo Mejía se le acusa por los delitos de uso de información privilegiada, malversación por aplicación oficial diferente, concusión y estafa.
En tanto, Banegas Zerón enfrenta cargos por asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas y estafa.
Las autoridades sostienen que estas acciones afectaron directamente la administración pública, la fe pública, los derechos fundamentales de la sociedad y la seguridad jurídica del Estado.
La audiencia inicial fue programada para las 10:00 de la mañana del miércoles 7 de mayo.
Durante la audiencia de imputación, la defensa técnica de los acusados presentó pruebas de arraigo laboral, familiar y domiciliario, lo que permitió que el juzgado aplicara medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El caso se originó en el año 2014, cuando la OABI incautó varios inmuebles relacionados con actividades criminales. Uno de estos bienes fue arrendado a un empresario del sector hotelero.
Sin embargo, las personas que se identificaron como empleados de la OABI, incluyendo a Portillo, habrían gestionado este contrato de manera ilegal, sin entregar documentación válida y sin que los fondos ingresaran a las cuentas institucionales. La investigación reveló que el dinero fue desviado hacia cuentas privadas de los implicados.
El Ministerio Público informó que aún hay una orden de captura pendiente contra otra persona vinculada a esta red, cuya identidad se mantiene en reserva para no obstaculizar las investigaciones.
