Tegucigalpa, Honduras.- El exadministrador de la Aduana La Mesa, ubicada en el Aeropuerto Internacional Villeda Morales, en San Pedro Sula, Marco Tulio Rivera Guevara, además, Rommel Benjamín Paz Ríos y Pamela Marina Hilsaca Canales, deberán continuar el proceso legal en el que habían sido eximidos, parcialmente, de responsabilidades penales.
Esto es a raíz de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, al revocar los sobreseimientos provisionales dictados y ordenó los autos de formal procesamiento contra los antes mencionados.
En el caso de los exempleados estatales, Marco Rivera y Rommel Paz, son acusados del delito de violación de los deberes de los funcionarios, mientras que, Pamela Hilsaca es sindicada del dolo de defraudación fiscal.
El fallo por mayoría de votos, declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por las defensas, confirmando la resolución que previamente había rechazado la excepción presentada en el caso de Pamela Hilsaca, así como el sobreseimiento provisional, inicialmente, dictado a favor de Paz Ríos y Rivera Guevara.
En su defecto, el tribunal declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP), revocando los sobreseimientos provisionales.
La acusación
El Ministerio Pública mediante el requerimiento fiscal detalla que los tres imputados utilizaron documentación presuntamente falsa para la importación de vehículos de la marca Mercedes Benz, a nombre de Emerson Barrow Chinchilla.
En el expediente se explica que Joel Abraham Castillo Amador registró dos declaraciones con valores de compra sustancialmente inferiores a los reales. Esa acción resultó en un perjuicio económico para el Estado de Honduras, dejando de percibir impuestos por un total de 2,215,356 lempiras.
En uno de los casos la defraudación habría sido por 794,953 lempiras, más el 25% de multa e más intereses moratorios y en un segundo caso 1,420,402, más el 25% de multa e intereses moratorios.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial (PJ), explicó que "al fundamentar su decisión, la Corte de Apelaciones destacó que la diferencia de casi un 84% entre el monto pagado y el que debió pagarse por los vehículos descarta un simple error de apreciación, sugiriendo una acción deliberada para evadir las obligaciones fiscales correspondientes".
