Tegucigalpa, Honduras. -Casi dos meses después de la operación que desarticuló una estructura del Barrio 18, el gobierno de Estados Unidos puso este miércoles ese caso como uno de los principales ejemplos de la cooperación en seguridad con Honduras.
El reconocimiento fue difundido por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que señalaron que brindaron apoyo estratégico al Centro Antipandillas Transnacional (CAT) del Ministerio Público para desarticular la estructura criminal, identificada por Estados Unidos como parte de la Pandilla 18, organización que ese país mantiene en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
"El Gobierno de Estados Unidos, por medio del INL y del FBI, brindó apoyo estratégico a la Unidad Transnacional Antipandillas del MP para desmantelar una red criminal de extorsión de la designada Organización Terrorista Extranjera (FTO) Barrio 18", subraya el comunicado de EE UU.
"La operación resultó en 14 arrestos, 19 allanamientos y el desmantelamiento de una estructura criminal que lavaba aproximadamente L 6,000,000 mensuales provenientes de actividades ilícitas.
La asistencia de EE UU fortalece la capacidad de Honduras para combatir el crimen transnacional, mejorar la seguridad tanto de Estados Unidos como de la región y avanzar hacia un hemisferio más fuerte y seguro", destaca el comunicado.
El operativo al que hace referencia Washington fue ejecutado el 11 de mayo mediante 19 allanamientos en Francisco Morazán y Choluteca.
Como resultado, fueron capturadas 14 personas, mientras que las investigaciones determinaron que la organización obtenía millonarios ingresos mediante el cobro de extorsiones y posteriormente blanqueaba esos recursos a través de una estructura financiera.
La investigación, iniciada en 2023, permitió establecer que la red también estaba vinculada al tráfico de drogas y al sicariato.
De acuerdo con el Ministerio Público, el supuesto cabecilla giraba instrucciones a líderes de distintos sectores para exigir el denominado impuesto de guerra a comerciantes bajo amenazas de muerte.
Entre los detenidos figuran Héctor Leonel Ordóñez Escalante, Claudio Andrée Durón Matamoros, Keydi Jazmín Velásquez Rivera, Marvin Josué Zavala González, Julián Moisés Galo Maldonado, Carlos Miguel Ordóñez Díaz, José Javier Gutiérrez Gutiérrez, Derys Antonio Turcios Pineda, Juan Bautista García Castillo y Christian José Zelaya Portillo.
También fue arrestada en flagrancia Martha Yamalí Aguilera Lara, a quien las autoridades decomisaron 20 paquetes de cocaína, alrededor de L32,000 en efectivo, registros de presuntos cobros de extorsión, cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil.
Además, la ATIC ejecutó órdenes de captura contra Carlos Humberto Sánchez García, Digna Raquel Salgado Juárez y José Arturo Hernández Rodríguez, quienes ya permanecían recluidos en centros penales.
En total, el requerimiento fiscal fue presentado contra 21 personas, por lo que siete continúan prófugas.
Tras las capturas, un juzgado especializado dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para 12 imputados, acusados de asociación para delinquir, extorsión agravada, tráfico de drogas agravado y asociación terrorista.
El Ministerio Público anunció que apelaría los sobreseimientos provisionales otorgados a algunos de los procesados.
En su publicación, el Gobierno estadounidense afirmó que este tipo de operaciones fortalece la capacidad de Honduras para combatir el crimen organizado transnacional y mejora la seguridad regional, al tiempo que resaltó la cooperación entre el FBI, el INL y las autoridades hondureñas.
