Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades educativas implementaron una nueva normativa que prohíbe la entrada de los padres de familia a las escuelas y colegios públicos, limitando el acceso exclusivamente a estudiantes y docentes.
Según la disposición, aquellos que deseen esperar a sus hijos deberán hacerlo fuera de las instalaciones educativas.
La medida fue establecida por la Secretaría de Educación mediante el oficio número 0081-DSE-2025, el cual prohíbe la estancia de personas ajenas al ámbito educativo dentro de los centros escolares.
Según las autoridades, esta medida busca garantizar la seguridad tanto de los niños como del personal educativo.
El documento, firmado por el Ministro de Educación, Daniel Enrique Esponda, detalla: "En virtud de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los espacios destinados para las actividades educativas, queda terminantemente prohibida la presencia de personas ajenas a la comunidad escolar dentro de las instalaciones del centro educativo".
A partir de esta circular, enviada a las direcciones departamentales, municipales, distritales y a todos los centros educativos, comenzó la aplicación de esta nueva normativa.
Los docentes, en muchos casos, ya han dejado a varios padres de familia fuera de las escuelas, lo que originó diversas reacciones.
Una de las principales quejas de los progenitores es la inseguridad que impera en los alrededores de las escuelas.
Según el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2019 y 2022, un total de 1,798 niños, niñas y adolescentes fueron desplazados de manera forzada o se encontraban en riesgo de desplazamiento debido a amenazas, asesinatos y extorsión, en su mayoría, perpetrados por maras y pandillas.
La situación aumenta la preocupación de los padres, quienes, a diario, desempeñan funciones de seguridad no oficiales, vigilando los alrededores de los centros educativos para proteger a sus hijos.
Además, la problemática no solo afecta a los estudiantes y a sus familias, sino también al personal contratado en los centros educativos.
Un claro ejemplo es lo que se vive en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde los guardias de seguridad y las aseadoras se declararon en calamidad doméstica debido a la falta de la Secretaría de Educación.
Los empleados manifestaron que no han recibido el pago correspondiente al mes de febrero, debido a la falta de nombramiento en la dirección del colegio, lo que causa una paralización en las actividades administrativas.
La inseguridad en las afueras de los centros educativos lleva a conflictos, en especial en la zona sur del país, donde se produjeron enfrentamientos entre padres y docentes.
Los primeros exigen el ingreso a las escuelas para apoyar a los maestros, mientras que los docentes insisten en cumplir con las nuevas disposiciones de Educación.
Karina Zepeda, madre de familia, expresó su frustración al respecto: "Nos corrieron de la escuela; usted sabe que las mujeres no somos de relajo, y si venimos a la escuela es para brindarle apoyo a las maestras con nuestros hijos. Nos parece injusto".
Zepeda también señaló que muchos centros educativos carecen de la seguridad necesaria, lo que motiva a los padres a brindar su apoyo.
A este contexto se añade una promesa incumplida que viene desde la administración del exmandatario Ricardo Maduro, y a través de los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, y ahora la gestión de la presidenta Xiomara Castro.
La creación de la Policía Escolar, un departamento dentro de la Secretaría de Seguridad, fue concebida como una respuesta a la creciente violencia en las cercanías de los centros educativos.
No obstante, esta unidad policial sigue siendo ineficaz, y la presencia de agentes en los centros educativos es mínima.
Según el testimonio de Alwyn Espinal, subdirector del Instituto Jesús Milla Selva, "A nosotros lo que nos preocupa es la seguridad del portón hacia afuera. A la hora de salida, se pueden ver muchas personas que no tienen relación con la institución, y están al acecho de los jóvenes".
Este instituto, con una matrícula de 3,800 estudiantes, sigue solicitando la presencia policial para proteger tanto a los estudiantes como a los docentes.
El problema se agrava cuando se observa que, según informes de los padres de familia, algunos de ellos se ven obligados a pagar entre 100 y 500 lempiras al año para solventar la falta de seguridad.
Una madre de familia, que prefirió mantener su anonimato, comentó: "No quiero dar muchos detalles porque evito los pleitos, pero son 300 lempiras los que nos están cobrando para pagar un vigilante y una aseadora".
Este tipo de pagos no solo afecta a los progenitores, sino que pone de manifiesto la falta de apoyo institucional para garantizar la seguridad dentro de las escuelas.
De acuerdo con cálculos realizados por EL HERALDO, si se considera que Tegucigalpa tiene una población estudiantil de más de 205,000 estudiantes y se multiplica por 300 lempiras al año, los padres de familia estarían destinando aproximadamente 61.5 millones de lempiras anuales para cubrir estos gastos.
Si se distribuyen entre los 814 centros educativos oficiales, en la capital, cada uno recibiría alrededor de 75,552 lempiras al año.
Esto implica que, con esa cantidad, no solo se debe cubrir la seguridad, sino también la limpieza de las instalaciones, lo que representa un monto claramente insuficiente para enfrentar los desafíos de seguridad que enfrentan los estudiantes.
Las promesas del gobierno, que han sido reiteradas a lo largo de los años, aún no se concretan en soluciones efectivas.
La adopción de una policía escolar, la mejora en los pagos a los empleados y la garantía de un entorno seguro para los estudiantes y docentes siguen siendo asignaturas pendientes.
