Honduras

DNSEP: Custodios son culpables de la corrupción en la Penitenciaría

Director de Centros Penales dice que ya están identificados algunos policías penitenciarios coludidos con reos para hacer negocios ilícitos. Se solicitaron cámaras de seguridad para monitorear la actividad de los policías y los reos.

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07.04.2014

Directo y sin excusas. El titular de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP), Óscar Colindres, acusó a los custodios de la Penitenciaría Nacional de ser culpables de la serie de negocios ilícitos que se comenten en el recinto.

La droga que se introduce al penal y otros artículos que se comercializan ilegalmente en esa cárcel se hace por medio de los policías penitenciarios, admitió Colindres.

“Yo me he venido a dar cuenta que no necesito ir a la NASA para que me ayude a hacer la investigación para darme cuenta que quienes permiten el ingreso de ese montón de artículos son los policías penitenciarios”.

“Detrás de este policía puede estar un clase, un oficial y más”, agregó el funcionario.

EL HERALDO reveló los tipos de negocios millonarios que proliferan en el mayor centro penitenciario, ubicado en Támara, Francisco Morazán, como cobros a reos por distintos beneficios.

Estas actividades se hacen con la complicidad de custodios que reciben dinero por dejar pasar las anormalidades, de acuerdo a testimonios obtenidos por EL HERALDO.

El derecho a dormir en un colchón vale 150 lempiras y el uso de una cama vale 150 lempiras.
Cuando el prisionero desea tener una celda propia con cama debe de cancelar 25 mil lempiras por el tiempo que permanecerá ahí.

Los dueños de estas lucrativas empresas son los coordinadores de módulos o “toros”, como se les conoce a estas personas en el bajo mundo de la Penitenciaría.

La situaciones más graves suceden en el comercio de drogas. Los “toros” hacen sus esclavos a los prisioneros adictos que son obligados a vender cocaína o marihuana para poder pagar el consumo de su vicio cuando no tienen dinero.

Los coordinadores también son los encargados de negociar con los policías las cantidades que se cobran por la fuga de un reo.

“Aquí está bien claro que no es la visita que mete televisores, la droga, puñales, las armas y los celulares, son policías que se confabulan con los privados por cualquier naturaleza, ya sea por amenazas, por que le ofrecieron dinero o por cualquier otra circunstancia”, manifestó.

Medidas de control

El director de Centros Penales aseguró que ha ordenado una investigación para detectar a los policías penitenciarios involucrados en los negocios ilícitos.

Hay cinco policías penitenciarios que han sido identificados como corruptos que serán sometidos a audiencia de descargo para deducirles las responsabilidades por presentar complicidad con reos en actos irregulares. Luego de este procedimiento se les despedirá, anunció.

“No podemos ir detrás de todos, pero poco a poco irán cayendo, ya en este momento tenemos policías que tienen que ser cancelados”, expresó.

“Si en el pasado han hecho anomalías ahora no las voy a permitir, mejor me quedo sin policías, prefiero quedarme con 20 buenos y no 40 que son malos”.

La solución a estas anomalías está en imponer mejores medidas de control entre la guardia penitenciaria.

Medidas de seguridad

El director de la DNSEP dijo que solicitó a la Secretaría de Seguridad la compra de cámaras de seguridad para ser instaladas en la Penitenciaría Nacional y así tener un mejor control.

“Necesitamos cámaras inteligentes para estar vigilando qué es lo que están haciendo los custodios, qué están haciendo los privados, ver si un policía está haciendo su trabajo”, expresó.

Lamentó que en la PN, así como en el resto de los centros penales, hay “cero tecnología” y cuando se ha adquirido algún equipo especial los custodios las arruinan.

“Solo en la cárcel de máxima seguridad hay detectores de metal, porque a veces cuando ponen detectores de metal quién cree que los destruye: el policía”, acotó.

La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto está poblada, según el último censo, por 2,941 prisioneros, pese a que la capacidad del centro es de unos 2,000.

Hay 1,217 convictos condenados y otros 1,692 que no han recibido sentencia. Asimismo, se registran 32 reos extranjeros.

El reclusorio está divido en cuatro módulos en donde la ley la imponen los coordinadores.

El hacinamiento en la penitenciaría es otro factor que incide para que la anarquía haya tomado el mando del mayor centro carcelario del país.

En la penitenciaría también existen algunos negocios lícitos, como cobro por derecho a instalación de pulperías o instalación de mesas de billar.

Los propietarios de estos negocios pagan cierta cantidad a la administración de la cárcel en concepto de “fondos no gubernamentales”.

Estos recursos son auditados para evitar que sean desviados, dijo Colindres, quien aseguró que los rubros autorizados no se pueden eliminar porque representan ingresos importantes para el centro.

Tampoco la erradicación de estas actividades implica que el dinero de los tratos turbios dejará de moverse, opinó Colindres

“Si los quita del todo son más los problemas que va a ocasionar que lo que va a mejorar, pero que eso no significa que vaya a desaparecer los negocios, eso no se lo garantiza”.

Para muestra un botón

Las autoridades penitenciarias decomisaron ayer una importante cantidad de herramientas, celulares y drogas en un operativo que realizaron en uno de los módulos.

Se confiscaron dos bolsas llenas de “puntas” de cocaína y medio centenar de papeles con marihuana.

“Solo la cocaína bien vale unos 40 mil lempiras”, estimó el director de la cárcel, Marvin Rajo.

También se aseguraron ocho desarmadores, cinco cubiertos, una sierra, un martillo, y un gancho de escalamiento, entre otros.

Entre lo decomisado también estaban 35 celulares, varios cargadores y hasta tres modem de Internet.

Fiscales del Ministerio Público llegaron a realizar un reporte del decomiso.

En un decomiso anterior se quitaron a pandilleros cinco botellones que estaban sellados, pero en su interior había aguardiente.

Extorsión a la inversa

Según el director de la Penitenciaría, existen abogados que llegan a extorsionar a prisioneros a la cárcel y que a uno de ellos se le dictó la medida de no entrar al recinto.

En la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) hay al menos cinco denuncias de profesionales del derecho que también amenazan a reos.

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