Las mujeres diputadas comenzarán este lunes un ciclo de jornadas de formación para fortalecer sus capacidades, en particular sobre cómo formular políticas públicas que logren una mayor equidad de género.
En este encuentro abordarán los asuntos relevantes y prioritarios para la ciudadanía; a fin de desarrollar un ambiente plural y tolerante para el trabajo de congresistas de horizontes políticos e ideológicos distintos y afianzar el liderazgo político de las mujeres en sus organizaciones políticas y en el espacio público.
Actualmente, el Congreso Nacional está compuesto por 36 mujeres distribuidas así; 9 diputadas por Francisco Morazán, 6 por el departamento de Cortés, 4 por Atlántida, 2 por Choluteca, 2 por El Paraíso, una diputada por Colón, Copán y Olancho, respectivamente.
La jornada es patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), con el apoyo de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional.
Según estudios, las mujeres representan a nivel mundial más del 50 por ciento de la población. Es claro, entonces, que la participación de la mujer es clave para la democracia, uno de cuyos principios orientadores es la inclusión social y política.
La plena participación de la mujer en la vida pública es una asignatura pendiente en muchos países y Honduras no es la excepción, a pesar de los avances logrados en los últimos años.
Hay preocupación por las limitaciones que enfrentan las mujeres para una participación más efectiva en las instancias de decisión en los partidos políticos, en las planillas de candidaturas y en las instituciones de gobierno.
En Honduras el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres fue consagrado en 1955. El Congreso había aprobado el 25 de enero de 1954 el Decreto 30 que reconocía el derecho de sufragio pero la efectiva vigencia de la norma requería la ratificación por parte del mismo congreso en 1955, lo cual se vio frustrado por el golpe de Estado de fines de 1954.
En enero de 1955 el Jefe Supremo del Estado dictó el decreto-ley que reconoció el derecho al sufragio.
En 1957 las mujeres hondureñas votaron por primera vez.
El reconocimiento del derecho de sufragio es indispensable para la participación política, pero por sí solo no garantiza que la participación de la mujer sea efectiva, sobre todo en lo que hace al sufragio pasivo, el derecho a ser elegidas.
