Sobreseimiento definitivo a favor de Óscar Omar Larios Laínez, uno de los acusados por corrupción en el Instituto de la Propiedad (IP), dictó este miércoles el juez de lo Penal que conoce el caso.
Luego de celebrarse la audiencia inicial contra Larios, su representante legal confirmó la decisión judicial que exime de responsabilidad al imputado.
'El juez, de una manera correcta, de una manera transparente y ante la oportunidad de hacerlo ante el público se ha manifestado sobreseyendo definitivamente a Óscar Larios Álvarez', dijo el abogado defensor Jaime Banegas.
Sobre Larios pesaba un requerimiento fiscal por fraude y encubrimiento en concurso real; 'sin embargo, esta defensa, de manera conjunta con el abogado Alexander Toscano, hemos presentado oportunamente medios de prueba ante la sede fiscal, medios de prueba contundentes que demuestran que mi cliente siempre fue un actor laboral, un empleado del Instituto de la Propiedad'.
Los documentos, según Banegas, fueron respaldados por el Ministerio Público, por lo que en forma conjunta solicitaron al juez que 'sobresea la causa porque no hubo disminución patrimonial dolosa, no hubo una participación directa siquiera en una actividad criminal'.
Entre las pruebas presentadas figuran oficios firmados por el jefe de Recursos Humanos del IP en los que hacía ver a Larios como empleado permanente vía contractual, así como contratos que al momento de la inspección no existían; sin embargo, 'los aportamos desde antes de que esta audiencia se diera y eso lo valoró el fiscal y lo valoró el juez como correcto'.
El profesional del derecho confirmó que su defendido ya no es empleado del Instituto de la Propiedad, pues laboraba por contrato y este ya fue cesado.
Óscar Omar Larios fue detenido el jueves pasado en la colonia La Joya de Tegucigalpa, en cumplimiento a una orden de captura emitida el pasado 9 de junio por un Juez con Jurisdicción Nacional.
Figuraba como uno de los 17 implicados por La Fiscalía para la Trasparencia y Combate a la Corrupción Pública en actos irregulares dentro de la institución estatal.
Por este caso también fueron acusados los empleados del IP José Armando Cárcamo, Walter Jhonathan Morel, José Bernardo Godoy, Ana Cristina Cárcamo Zelaya, Kevin Josué Fonseca Osorio, Marlon Rafael Borjas Rivas, Liz Daniela Reyes Velásquez y Jonhy Fernando Carías Montoya, quienes permanecen recluidos en celdas del Comando Especial Cobras de la capital de Honduras.
