Tegucigalpa, Honduras.-Un juez de letras penal dictó este martes, la medida de detención judicial contra dos ciudadanos acusados por el Ministerio Público (MP) de realizar un escrutinio ilegal en perjuicio de Edwin Lindo, candidato a alcalde por el Partido Nacional en Namasigüe, Choluteca.
Se trata de los señores Balbino Andino Flores y Heidi Saraí Carranza Morales, quienes enfrentan cargos por otros delitos electorales.
Las investigaciones de la Fiscalía indican que ellos, presuntamente, anularon tres días después de las elecciones primarias al menos 100 votos bajo causales no contempladas en la Ley Electoral.
En el expediente judicial también figuran los señores Elvin Quiñónez Sánchez y Rosa Gattorno Durón, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
Alcances de las investigaciones
Las indagaciones revelan que en la elección interna del 9 de marzo de 2025 el movimiento Avanza, de Ana García, obtuvo 315 votos, frente a 130 de Nasry Asfura en el nivel municipal.
No obstante, el 4 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó un escrutinio especial de las actas que ratificó los resultados originales.
Tres días después, la Junta Especial de Verificación y Recuento realizó un nuevo conteo sin autorización legal y anuló 111 votos del movimiento Avanza, presuntamente, de manera arbitraria.
La supuesta justificación fue una “duda razonable”, argumento que no figura en la normativa electoral porque la ley solo permite anular sufragios por causales expresamente establecidas, como marcas indebidas o papeletas dañadas.
Una posterior inspección de la maleta electoral confirmó que no existían motivos legales para invalidar los votos.
Según el Ministerio Público, la actuación de los imputados "constituye un atentado directo contra la voluntad popular y buscaba alterar la decisión ciudadana en perjuicio del precandidato del movimiento Avanza en Namasigüe".
La audiencia inicial de los dos imputados fue programada para el viernes 12 de septiembre a las 8:30 a. m.
El juez determinó que la mujer será trasladada Penitenciaría Nacional de Adaptación Social Femenina (PNFAS) y al Centro Penitenciario de Támara, mientras continúa el proceso penal en su contra.
