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Tegucigalpa, Honduras.-La organización Defensores de Honduras por la Democracia entregó este viernes 13 de febrero a diputados del Congreso Nacional un proyecto de decreto de amnistía que busca la liberación de los generales Venancio Cervantes y Carlos Puerto, señalados en el caso de la muerte del joven Isy Obed Murillo, ocurrida durante la crisis política de 2009.
La iniciativa fue presentada como parte de una campaña para que el Legislativo analice y eventualmente apruebe la medida.
El documento también contempla beneficiar a tres civiles acusados de planear presuntamente un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya. La propuesta plantea que los casos incluidos reforzarían la tesis de que existieron procesos motivados por razones políticas y no estrictamente penales.
La entrega del decreto ha generado reacciones en círculos políticos y jurídicos, debido a que implicaría medidas de perdón legal en expedientes considerados emblemáticos por su vínculo con hechos de violencia y conspiración política. Sectores de sociedad civil y oficialistas han sostenido que algunos de estos procesos responderían a persecución política.
Sobre la iniciativa se pronunció el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, quien confirmó la recepción de la solicitud y señaló que será sometida a lectura y diálogo entre las distintas bancadas del Congreso. El legislador indicó que la propuesta será discutida con las diferentes fuerzas políticas antes de tomar una decisión.
Bertrand afirmó que, a su criterio, existe persecución política contra mandos militares procesados, mencionando también el caso del general Romeo Vásquez Velásquez. “No podemos desconocer que existe una persecución política que se marcó, sobre todo en este caso sobre los generales, y que realmente fueron pruebas vagas y más una venganza política”, expresó.
Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial si el proyecto de amnistía será introducido formalmente al pleno ni qué respaldo tendría entre las distintas bancadas.
Analistas advierten que, de avanzar, la iniciativa podría abrir un nuevo debate nacional sobre justicia transicional, responsabilidades por la crisis de 2009 y el alcance de las amnistías en casos de alto impacto.
