TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La falta de independencia y voluntad para combatir la criminalidad han sido, entre otras, las principales debilidades del Ministerio Público (MP) para judicializar los casos de corrupción durante la emergencia de salud del covid-19.
Al menos han transcurrido 180 días desde que el ente fiscal anunció la apertura de la primera línea de investigación por presuntos actos irregulares.
A medida pasó el tiempo, los fiscales aglomeraron un total de 20 líneas de investigación que de acuerdo con algunos analistas entrevistados por EL HERALDO, serán parte de la mora de impunidad de este país.
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“Debido al perfil de los personajes que han estado involucrados en esto, no ha habido la decisión firme de presentar un requerimiento, han dilatado deliberadamente el tiempo de las investigaciones, lo que permite que los imputados pudiesen haberse ido del país o manipulado pruebas, pero en todo caso la rapidez que se ve en otros asuntos no se ha visto en este”, declaró el analista y exdiputado Raúl Pineda Alvarado.
De su lado, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, aseguró que “el retraso no genera confianza en los más altos porcentajes de hondureños que ya están bastantes cansados de ver cómo la impunidad se fortalece en el país”.
Advirtió que entre más tiempo pase, las bandas de corruptos más se organizan y buscan aliados.
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La Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha establecido que existe el compromiso latente con la sociedad de judicializar los actos irregulares.
“Es prioridad para la Fiscalía la presentación de los requerimientos fiscales de todas estás líneas cuanto antes”, manifestó Yuri Mora, vocero del MP.
Aseguró que hay algunas líneas de investigación que van más avanzadas, en donde han evacuado todas los interrogatorios las personas que han sido llamadas al MP, tanto investigados como testigos, y solo se está a la espera de recabar alguna información para que los fiscales puedan armar los requerimientos fiscales. El MP investiga las compras de insumos médicos, medicamentos, hospitales móviles, pruebas y otros, que fueron ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras, Copeco y la Secretaría de Salud.
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