Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no define el presupuesto para poner en funcionamiento los juzgados especializados en femicidios, pese a que el Congreso Nacional aprobó su creación en junio de 2026.
El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, explicó que el pleno de magistrados debe abordar la creación de los órganos jurisdiccionales, aunque advirtió que las limitaciones presupuestarias podrían dificultar su implementación y afectar la capacidad institucional para brindar una atención especializada.
“No hemos tocado el tema de los juzgados especializados, pero es un asunto que debe ser resuelto por el pleno. No nos oponemos a crear jurisdicciones especiales siempre cuando sea necesaria para el impartimiento de justicia”, manifestó.
Díaz señaló que, ante la falta de recursos suficientes, el Poder Judicial tendría que realizar ajustes internos para habilitar los nuevos juzgados, sin embargo, consideró que lo ideal sería que el Congreso Nacional asignara un presupuesto adicional para garantizar su funcionamiento.
Respaldo
Ante la creación de los circuitos especializados, el presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone, respaldó la creación de los juzgados especializados y señaló que estas instancias permitirán concentrar el conocimiento de los casos de femicidio en órganos con preparación específica para atenderlos.
El representante de la AJD también destacó la importancia de fortalecer la formación de los jueces que conocerán estos procesos. No obstante, explicó que, tras la aprobación de las reformas al Código Penal, el siguiente paso consiste en garantizar las condiciones necesarias para que los nuevos órganos jurisdiccionales comiencen a funcionar.
¿Qué establecen las reformas?
El 8 de junio de 2026, el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal que incluyen la creación de juzgados especializados para conocer y juzgar los casos de femicidio que plantean competencia territorial y estarán integradas únicamente por juezas.
Los órganos conocerán los procesos por femicidio, delitos conexos y otras formas de violencia contra las mujeres, sin embargo, su funcionamiento dependerá de las decisiones que adopte el pleno de la CSJ y de la disponibilidad de los recursos necesarios para su implementación.
Las reformas también elevaron las penas de prisión: la condena por femicidio pasó de 25 a 30 años, mientras que la correspondiente al femicidio agravado aumentó de 30 a 40 años, con la posibilidad de alcanzar hasta 60 años de cárcel, según las circunstancias previstas en la normativa.
Las reformas se publicaron en el diario oficial La Gaceta el 30 de junio de 2026 y entraron en vigencia tras su publicación, no obstante, la aprobación de los cambios legales no ha significado, hasta ahora, que los juzgados especializados estén listos para operar.
