Tegucigalpa, Honduras.- Honduras discutirá reformas para endurecer las penas aplicables a menores de edad vinculados a grupos terroristas, una iniciativa que contempla ampliar las condenas y analizar la posibilidad de juzgar a algunos adolescentes como adultos.
La propuesta será abordada durante los próximos días, según explicó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien señaló que existen varias alternativas que deben discutirse antes de definir el alcance de los cambios legales.
“Hoy los menores en el país, independientemente del delito que cometan, la pena máxima que se le puede aplicar es ocho años”, afirmó.
El funcionario indicó que una de las posibilidades es elevar las penas a 15 o 20 años. Sin embargo, aclaró que todavía se trata de un análisis y que no existe una decisión definitiva sobre cuál será la reforma que se impulsará.
También se evaluará si los menores de edad que cometan delitos de terrorismo, desligados de las maras y pandillas, podrían ser juzgados como adultos.
Argumentó que el endurecimiento de las medidas contra las estructuras criminales obliga a analizar el papel que podrían desempeñar los menores en la comisión de delitos graves. “Después de una lucha frontal contra los delincuentes, es casi seguro que van a querer utilizar en estos delitos graves a los menores de edad”, expresó.
Sostuvo que será necesario dialogar antes de determinar qué cambios se aplicarán al tratamiento legal de los adolescentes vinculados a estos grupos.
Advirtió “que eso nos llevaría también a que el país tendría que denunciar a muchos tratados internacionales de derechos humanos y de niñez y adolescencia en el país”.
Incremento de penas
Incremento de penasDe igual manera, el Poder Legislativo someterá a revisión las sanciones vigentes contra las estructuras terroristas y pandilleras.
Se evalúa incrementar las penas de prisión que actualmente superan los 20 años para llevarlas a castigos que oscilen entre los 30 y 50 años de reclusión, e incluso contemplar la privación de libertad de por vida.
Las comisiones dictaminadoras prepararán los proyectos de reforma para someterlos a debate en las próximas sesiones de la cámara legislativa.
La meta de las fuerzas políticas apunta a estructurar un marco legal severo que blinde a la sociedad y garantice la seguridad en todo el territorio nacional.
