Tegucigalpa, Honduras.- Sandra Rodríguez, titular de la Supervisión de Tribunales, se refirió a la investigación en curso contra el juez Plinio Consuegra, quien es señalado por presuntas irregularidades en el manejo del expediente relacionado con los exjefes militares acusados en el caso de Isy Obed Murillo.
En este sentido, Rodriguez aclaró que no buscan cuestionar las medidas cautelares tomadas en este juicio, sino más bien asegurar el respeto al debido proceso, las garantías judiciales y la administración de justicia conforme a la ley.
"Nuestras investigaciones no cuestionan la decisión sobre el otorgamiento de medidas cautelares. Lo que estamos revisando es que se respete el debido proceso y las garantías judiciales, asegurando que la administración de justicia se haga únicamente conforme a la Constitución y las leyes", destacó Rodríguez.
Desde el inicio de la investigación, en enero, la funcionaria señaló que se trata de un proceso transparente que busca recobrar la confianza en el Poder Judicial.
"Esto no es persecución, ni se cuestionan las medidas cautelares, sino que es una acción que busca recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", declaró.
La funcionaria intentó disipar las dudas que han surgido sobre la imparcialidad de la investigación y la legalidad de las acciones contra Consuegra.
Sin embargo, el juez Consuegra manifestó que estas acciones solo son un "intento de despido injustificado".
Durante una audiencia de descargo, el togado defendió su actuación y la de su equipo en el caso que involucra a los exmilitares, resaltando que su actuación fue legal y justa en todo momento.
"Mi pecado ha sido llevar el expediente del general Romeo Vásquez. Todos los jueces de lo penal teníamos temor por ese caso", aseguró Consuegra, al tiempo que explicó que nunca antes fue denunciado por actos irregulares durante su trayectoria judicial de 18 años, salvo en dos ocasiones por actos administrativos, de las cuales salió sin culpa.
Consuegra argumentó que las acusaciones están basadas en el supuesto "acto contrario a la administración de justicia", de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de la Carrera Judicial.
Además, defendió su trabajo, enfatizando que durante la audiencia inicial contra los exjerarcas militares, "se desarrolló en orden, cada testigo rindió su declaración de manera oportuna, y nunca actué con imprudencia".
Consuegra también advirtió sobre el peligro que enfrenta la independencia judicial en Honduras.
"El caso de los jueces no es un caso aislado. Hay 284 jueces en la misma situación, algunos incluso en condiciones peores", sostuvo.
Criticó las presiones externas que, según él, afectan el trabajo del Poder Judicial, subrayando que la independencia de los jueces está en riesgo. "Está en juego la independencia de los jueces, y eso es lo que yo vengo a defender", agregó.
El juez también cuestionó el hecho de que solo en su caso se haya presentado una denuncia formal, cuando existen otros expedientes judiciales que lleva, sin que se presenten quejas similares.
"Mi pregunta es, ¿por qué en los otros casos no hay denuncias sobre actos irregulares? ¿Por qué solo este caso?", señaló Consuegra, sugiriendo que podrían haber motivaciones políticas detrás de la denuncia.
En cuanto a la decisión de haber decretado arresto domiciliario para los tres exmilitares, Consuegra explicó que "el último recurso del juez debe ser la cárcel. No podemos tomar decisiones basadas en presunciones; todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario".
Aseguró que, de acuerdo con su interpretación de la ley, la medida de arresto domiciliario fue la más adecuada en ese momento, dada la falta de pruebas contundentes para una detención preventiva.
El caso en cuestión involucra a los exjefes militares Romeo Vásquez Velásquez, Roberto Puerto Fúnez y Venancio Cervantes, acusados de homicidio y tentativa de homicidio en relación con el asesinato de Isy Obed Murillo, joven que murió en 2009 durante las protestas contra el golpe de Estado en Honduras.
La decisión de Consuegra de otorgar arresto domiciliario fue revocada por la Corte de Apelaciones, que ordenó el traslado de los acusados a la Penitenciaría Nacional de Támara en Francisco Morazán, bajo prisión preventiva. Esto generó más controversia y complicó aún más la situación del juez.
El caso también está marcado por sospechas sobre la influencia política, ya que Consuegra reveló que algunas personas solicitaron copias del expediente del caso, argumentando que tenían órdenes de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando.
Sin embargo, Consuegra aseguró que nunca recibió ningún documento oficial relacionado con tales órdenes.
"Algunos dijeron que lo hacían por órdenes de la señora presidenta, pero en ningún momento escuché de ella algo al respecto", manifestó.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, es el único de los tres acusados que sigue prófugo, y la Policía Nacional ha ofrecido una recompensa de dos millones de lempiras por información que conduzca a su captura.
Vásquez expresó que teme por su vida en caso de regresar a la cárcel de Támara, alegando que existe un plan para matarlo dentro de la penitenciaría.
En este contexto, Sandra Rodríguez subrayó que el proceso no debe ser politizado.
"Aquí no se trata de la situación ideológica, se trata de aplicar justicia conforme a la ley", destacó, y reiteró que la investigación tiene como objetivo garantizar la integridad del Poder Judicial y la confianza pública en la administración de justicia.
"Es importante que la independencia judicial de nuestros jueces y juezas se respete, pero también debemos trabajar por la integridad del poder judicial hondureño", concluyó.
