Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional recibió una iniciativa de ley que propone sembrar granos básicos y hortalizas en terrenos estatales que permanecen improductivos en el país, con el objetivo de aumentar la producción de alimentos y mitigar los efectos de la sequía.
El proyecto plantea habilitar temporalmente más de 300,000 hectáreas de tierras sin uso y asignar la coordinación técnica a las universidades agrícolas y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
El proyecto contempla habilitar de forma temporal más de 300,000 hectáreas de tierra sin uso actual, asignando la coordinación técnica a las universidades agrícolas y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La propuesta busca reactivar la producción agropecuaria e incorporar a las comunidades rurales en el cultivo de alimentos de primera necesidad.
"Actualmente se estima que hay un aproximado de 300,000 hectáreas o más que no estarían siendo utilizadas, son tierras ociosas y la idea es que masivamente se haga un plan de emergencia para sembrarlas durante las temporadas que siguen con apoyo de las universidades agrícolas del país", expresó Julio Meléndez, diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
La iniciativa contempla utilizar terrenos del Estado y predios incautados bajo custodia oficial que tengan vocación agrícola. En ellos se proyecta cultivar maíz, frijol, plátano y legumbres.
El Plan Nacional de Siembra Masiva de Alimentos (PNSMA) también propone el uso de sistemas de riego por goteo para aprovechar el agua disponible.
Asimismo, el mecanismo legal establece que la cosecha obtenida fortalecerá las redes de distribución del Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y los mercados locales.
"Estas cosechas pueden apoyar en los mercados locales, pueden ir a través de Banasupro para estabilizar los precios de los granos y que no haya escasez en los lugares donde se necesita el alimento a un precio accesible", afirmó Meléndez.
Para la ejecución de las labores de campo, la iniciativa contempla la contratación directa de jornaleros, pequeños productores y organizaciones campesinas ubicadas en las cercanías de los predios seleccionados por la SAG.
Los trabajadores rurales contarán con contrataciones temporales e incentivos de formación agronómica en el manejo de sistemas modernos de cultivo.
A nivel técnico, las facultades de agronomía vincularán a sus docentes y estudiantes de último año para dirigir los ciclos productivos y certificar las variedades de semillas resistentes al cambio climático.
"Hay organizaciones campesinas que trabajan cerca de estos lugares identificados; lo primero es la identificación de la SAG de las tierras para los proyectos pilotos y luego el apoyo de la población mediante contratos de mano de obra para que se involucren enriqueciendo sus conocimientos en programas de riego", señaló el parlamentario.
En cuanto a la distribución de la producción agrícola, la ley estipula que un 60% se destinará a la Reserva Estratégica de Granos Básicos del Estado, mientras que el 40% restante irá directo a los mercados de abasto local.
La Secretaría de Finanzas (Sefin) quedará facultada para asignar la partida presupuestaria operativa dentro del Presupuesto General de la República.
El dictamen del proyecto pasará a la comisión ordinaria de agricultura del Hemiciclo para evaluar su viabilidad técnica y financiera antes de debatirse en el pleno.
