Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional anunció la preparación urgente de un paquete de reformas y nuevas normativas jurídicas orientadas a frenar la ola de violencia que azota el departamento de Colón, agudizada tras la reciente masacre de al menos 10 personas en una finca de palma africana en Rigores, Trujillo.
Las autoridades legislativas argumentan que el conflicto agrario en la zona del litoral atlántico ha dejado de ser un simple pleito de tierras entre campesinos, transformándose en un escenario de operaciones controlado por estructuras criminales de alta complejidad.
El Congreso Nacional enfoca sus valoraciones en la posibilidad de clasificar legalmente a estas bandas armadas bajo la tipificación de organizaciones terroristas, utilizando como sustento el nivel de letalidad y el impacto psicológico que provocan en las comunidades vulnerables, esto bajo las nuevas reformas aprobadas al Código Penal y Procesal Penal.
Desde la perspectiva de la comisión dictaminadora, los ataques perpetrados en las fincas agrícolas demuestran una planificación minuciosa y la intención deliberada de infundir terror y enviar mensajes de control territorial, lo que encaja en los supuestos de criminalidad organizada que atenta contra la seguridad nacional.
“Hemos estado valorando poder también declarar estas estructuras criminales como organizaciones terroristas, porque están infundiendo terror, están mandando un mensaje de terror”, justificó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad.
Las investigaciones y los análisis de la escena del crimen sugieren que los grupos criminales han infiltrado las organizaciones campesinas de la región, utilizando a los pequeños productores y trabajadores agrícolas como escudos para encubrir operaciones delictivas más profundas.
Los dictaminadores señalan que la forma en que fueron ejecutadas las víctimas en la Finca Paso Aguán evidencia el uso de tácticas y armamento característicos de bandas delictivas organizadas, descartando que se trate de disputas comunitarias convencionales por linderos o tenencia de parcelas.
La mesa de trabajo del Poder Legislativo prevé finalizar la redacción del informe técnico y las propuestas de ley durante las primeras semanas de junio, con el fin de entregar formalmente el documento a la presidencia del Congreso Nacional.
La agenda parlamentaria priorizará la discusión de estas medidas drásticas para intentar devolver la seguridad jurídica al sector agroindustrial y contener la crisis humanitaria que arrastra el departamento de Colón desde hace varios años.
“Definitivamente son necesarias y urgentes, las reformas y acciones, ya que es un tema que viene desde hace mucho tiempo”, puntualizó el parlamentario, cuestionando además que la administración gubernamental anterior no adoptara acciones concretas para contener las invasiones.
