La Fiscalía de Derechos Humanos detectó una serie de deficiencias en la prestación de atención digna a enfermos renales por parte del Estado.
La investigación incluyó recabar testimonios de las autoridades de la Secretaría de Salud y de las empresas encargadas de prestar el servicio de hemodiálisis, Dicosa y Diálisis de Honduras.
Producto de las diligencias, esta Fiscalía elaboró un informe.
Se puntualizan algunos hallazgos, uno de ellas es que por años se prestó un servicio de manera informal, sin un contrato entre el gobierno y las empresas, dijo el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
“Era necesario establecer una relación contractual, obligando a ambas partes a prestar el servicio en las condiciones adecuadas”, manifestó.
Por otro lado, es necesario establecer tiempos de cancelación de importes adeudados, que datan de hace diez años, por más de 498 millones de lempiras. La Fiscalía pide a Finanzas ponerse al día con esta deuda.
“No han habido controles, pero eso data de administraciones anteriores, hay que poner orden en esto”, expresó.
Para confirmar la transparencia, la Fiscalía pedirá la intervención del Tribunal Superior de Cuentas y del Consejo Nacional Anticorrupción.
La Fiscalía no logró confirmar cuál es el número de pacientes renales que se atienden. “Entre los hallazgos está ese aspecto, que no se contaba con un listado oficial, detallado, de las personas que se han atendido hasta esta fecha, hay que poner un orden”, lamentó.
Para el fiscal existe una omisión de autoridades estatales al no prever este aspecto.
Con la adquisición de un equipo informático en el hospital Escuela, la Fiscalía espera que se supere este impasse.
Esto permitirá establecer mejores controles en la atención de los pacientes, señaló.
En relación a las dos empresas antes referidas, el fiscal dijo que están obligadas a brindar el servicio con la periodicidad requerida. El dejar de atender a pacientes acarrea responsabilidad, advirtió.
Según Enamorado, el Estado debe pensar en ubicar otras empresas que puedan venir a brindar este servicio de hemodiálisis a pacientes renales. Otra opción es crear una instancia estatal que se encargue de adquirir el equipo y el personal técnico-médico que brinde esta atención.
