Los procesos de intervención al parecer son el único remedio que tiene el gobierno para rescatar las instituciones del Estado sumidas en crisis.
La administración del presidente Porfirio Lobo ha sido invadida de comisiones interventoras que en la mayoría de los casos se han constituido en una carga económica adicional para el Estado de Honduras.
Estos organismos han llegado a instituciones como la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y la Secretaría de Cultura, Arte y Deportes (SCAD), entre otros.
Sin resultados
En la mayoría de los casos su labor se concentra en la elaboración de informes que son presentados al Presidente de la República sin generar efecto alguno.
El caso más evidente es el referente a la ENP de Puerto Cortés, en donde una comisión interventora documentó una serie de actos de corrupción que habrían sido permitidos por la administración de dicha institución.
El informe llegó a manos del presidente Porfirio Lobo pero hasta la fecha ningún funcionario ha sido separado del cargo o remitido a los tribunales de justicia por el uso indebido de los recursos del Estado.
Otro caso es el referente al Inprema, en donde una comisión interventora, encabezada por la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Vilma Morales, documentó la corrupción de la dirigencia magisterial.
Mediante este proceso de intervención el Poder Ejecutivo tuvo acceso a informes que confirman un escandoloso manoseo de los recursos del magisterio por parte de dirigentes coludidos con los directivos de la institución.
En este caso el proceso de intervención apenas sirvió para impulsar la aprobación de una nueva Ley General del Inprema, aprobada por el Congreso Nacional como una medida de carácter urgente para evitar el colapso de la institución.
Crisis Ihnfa
En septiembre pasado en Consejo de Ministros el gobierno ordenó también la intervención al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, sumido en una profunda crisis ante la contratación excesiva de personal y la insuficiencia de recursos para atender los compromisos laborales y garantizar las atenciones de los menores en riesgo social.
El proceso se ha mantenido durante los últimos cuatro meses y se está a la espera de las acciones del Ejecutivo tras haberse concluido un informe que detalla la actual situación que atraviesa la institución.
En las últimas semanas el gobierno también intervino la Secretaría de Cultura, Arte y Deportes ante la anarquía desatada a raíz de los enfrentamientos entre el secretario de Cultura, Bernard Martínez, y el subsecretario de Deportes, Godofredo Fajardo.
Ambos funcionarios han sido suspendidos del cargo y se está a la espera de otro informe que conocerá el Presidente de la República previo a definir si Martínez y Fajardo continúan o no en sus cargos.
Curiosamente, el gobierno de las comisiones interventoras se resiste a impulsar un proceso de intervención con acompañamiento internacional de la Policía Nacional, luego de los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes y oficiales de la institución.
Dicho proceso es demandado por diversos sectores de la sociedad ante las irregularidades al interior de la Policía, luego de confirmarse la participación de agentes en delitos que van desde el robo de vehículos hasta la extorsión y el sicariato.
Dichas deficiencias fueron evidenciadas tras el asesinato del hijo menor de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, a manos de varios agentes del orden.
Poder Ejecutivo, aficionado a decretos de emergencia
Además de las comisiones interventoras, el gobierno se ha identificado como un fiel seguidor de los decretos de emergencia.
En los 22 meses de la actual gestión del presidente Porfirio Lobo se han emitido 95 decretos del Poder Ejecutivo publicados en La Gaceta, de los que 16 han sido de emergencia, de acuerdo al portal de Transparencia de la Secretaría de la Presidencia-
Esto representa que cada 38 días la administración gubernamental hace una declaratoria de emergencia que representa elevar el funcionamiento del Estado, ya que las compras que se efectúan por medio de esas figuras se hacen sin licitación pública.
Amparados en los decretos de emergencia, se han hecho contrataciones directas que superan los 5,900 millones de lempiras.
En varios de los casos, las resoluciones se elaboraron sin mecanismos de rendición de cuentas.
En 2010 se aprobaron diez decretos y solo en siete de ellos se estableció un tope de gastos, mientras que en 2011 se han emitido ocho y en tres de estos tampoco se fijó un techo para erogaciones.
El decreto más controversial del período del gobernante Lobo es el PCM-0051-2011, aprobado el 2 de agosto de este año para suplir la demanda de electricidad en zonas donde los sistemas de distribución están obsoletos.
La desorganización, derroche de dinero y falta de transparencia marcaron la decisión del Ejecutivo, pues inicialmente el acuerdo no estableció que se iba a comprar energía, sino que se adquiriría equipo para distribuir electricidad en cuatro departamentos de la zona occidental.
Luego el decreto fue modificado al agregar a los departamentos de Olancho, Colón y Yoro a la emergencia, pero se mantuvo la prohibición de comprar electricidad.
Por tercera vez, el decreto sufrió modificaciones cuando el Consejo de Ministros aprobó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tenga autorización para comprar hasta 100 megavatios para atender la demanda insatisfecha.
Al amparo del oscuro decreto, la ENEE firmó un contrato con la empresa Wartsila por 5,105 millones de lempiras para que suministrara energía en esas zonas durante 16 años. El Congreso Nacional de Honduras ratificó el acuerdo.
