La cuestionada y “pobre” gestión de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) hace imperativo que en la próxima elección de sus sustitutos se incorpore un proceso de debate público entre los candidatos a esos cargos.
El analista jurídico Leo Valladares Lanza opina que mediante una discusión de este tipo se conocerá quiénes son los más idóneos para esa misión y evitar que la entidad quede en manos de personas sin compromiso con la transparencia
.“No debemos dejar pasar esta oportunidad para ejercer presión para que los nominados no sean simples figuras, que ninguna de esas figuras quede sin escrutinio público… los 10 candidatos deben someterse a debate”.
Nueva elección
El 9 de agosto deberán asumir los nuevos comisionados del IAIP que elija el Congreso Nacional de una nómina de diez candidatos que formulan cinco instituciones, las que todavía no han hecho propuestas. En esa fecha culminará la gestión de cinco años de los comisionados que han sido duramente cuestionados por varios sectores por su mal desempeño.
Los comisionados que vacarán son Guadalupe Jerezano, Gilma Agurcia y Arturo Echenique, funcionarios a quienes Valladares considera que su labor ha sido deficiente.
“El balance que hago es de total pobreza, no sea han cumplido los grandes objetivos, la cultura de transparencia y acceso a la información”, señaló. Según el profesional del derecho, los magistrados no han sancionado como corresponde a quienes incumplen la Ley de Transparencia, como por ejemplo al Congreso Nacional que ha violentado la norma de forma impune.
“No han sancionado al Congreso de la República que ha sido de los que más han incumplido la Ley de Transparencia por el hecho de que las mociones y proyectos de ley no se publican”.
De igual manera, el IAIP ha omitido su responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento del Estado de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, apuntó Valladares.
El IAIP ha respondido más a intereses políticos porque nace de una elección política en el Poder Legislativo y desde ese momento hay una desviación de los objetivos de la institución.
Ley complementaria
Para el también jurista Raúl Pineda Alvarado, hay que reconocer los avances en materia de acceso a información generados por el IAIP, pero tampoco se pueden esperas “respuestas mágicas” de esta entidad.
“La mayoría de las acciones del gobierno son demagógicas, por lo que es la sociedad la que debe velar que la institucionalidad avance para tener una mayor amplitud en el acceso a la información”.
Según Alvarado, también se requiere de una ley de acceso a los expedientes que sirva de complemento a la Ley de Transparencia.
Críticas
• No hace una debida supervisión de los portales de transparencia de las instituciones obligadas y por consiguiente no aplica sanciones a los infractores.
• Resolución de recursos de revisión se hace con acentuado letargo en irrespeto al plazo que establece la Ley de Transparencia y su Reglamento.
• No hace seguimiento en cincos años de operar a los convenios internacionales que el Estado ha firmado en materia de lucha contra la corrupción.
