Zonas sin luz
Las reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas irán orientadas a evitar que el crimen organizado, como el narcotráfico, se infiltre en los partidos políticos o en alguno de sus miembros, dijo el lunes el presidente de la Comisión Electoral del Congreso Nacional, Javier Menocal.
La Comisión trabaja en el dictamen de lo que serán las reformas, para lo cual se tomará como base 16 proyectos de ley que fueron introducidos en los últimos años al hemiciclo legislativo, uno de los cuales fue remitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El presidente de este ente, Enrique Ortez Sequeira, ha advertido que si el Congreso no aprueba una nueva ley electoral, como la elaborada por el ente colegiado, los partidos políticos corren el riesgo de ser infiltrados.
'Con la actual legislación, los partidos políticos quedan a merced del narcotráfico y del crimen organizado, que puede financiar las campañas. La nueva Ley obliga a la rendición de cuentas de estas instituciones', afirmó Ortez Sequeira en la edición de ayer de EL HERALDO.
Menocal, que ejecuta la línea política del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, en la Comisión Electoral, dijo que 'las reformas que vendrían son muy puntuales. Van con la transparencia en los procesos electorales venideros y cuando se habla de transparencia se habla de financiamiento, de resultados, de transmisión electoral, de supervisión, de administración. Incluso, se habla de las mismas acciones del Tribunal Supremo Electoral'.
Las reformas, según el diputado, serán aprobadas en las primeras sesiones del Congreso del año venidero. No obstante, el congresista es de la opinión que la presencia del crimen organizado, o de dineros mal habidos, en una campaña, solo es posible si se le abren las puertas. Todo depende de la conducta ética del aspirante a un cargo de elección popular.
Por su parte, el diputado Renán Inestroza considera que la preocupación del presidente del TSE de que los políticos están 'a merced del crimen organizado' es válida, pero todo depende 'de la voluntad de los entes contralores y fiscalizadores, y del mismo Tribunal Supremo Electoral, 'para evitar que (en las planillas) vayan personas a cargos de elección financiadas con fondos del narcotráfico'.
