Como un hecho histórico calificó el ministro de Educación, Marlon Escoto, la ratificación hecha por la Corte de Apelaciones de Comayagua del auto de prisión a dos funcionarios de esa dependencia involucrados en la venta de plazas.
Escoto informó que la Corte de Apelaciones de Comayagua ratificó el auto de prisión contra el exdirector departamental de Intibucá, Luis Murillo, y el director del instituto Humberto López y López, Juan Antonio Medina, de Tegucigalpa.
La denuncia contra Murillo y Medina fue hecha por dos maestras el año anterior, quienes habrían pagado 85 mil lempiras para obtener una plaza en el sistema educativo público.
El ministro destacó que estos son los únicos casos que se han podido documentar con recibos y el intercambio de correos electrónicos en los que se detallaba cómo se realizaría la entrega del dinero, que finalmente no se concretó.
'Siempre se supo que era un fraude, primero vendían los textos para las pruebas, luego las respuestas del supuesto examen que aplicaban y después las posiciones en el ranking de acuerdo a la conveniencia, de esta manera una persona que estaba en el puesto número 100 pasaba al 1 si cumplía con algunas exigencias', reveló.
El ministro resaltó que Medina está apoyando la candidatura de Eulogio Chávez para que ocupe la presidencia del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh). Eulogio Chávez y Murillo apoyaron en su momento al actual dirigente Óscar Recarte.
Aunque aclaró que no son señalamientos, dijo que está planteando la relación gremial de los dos funcionarios de Educación.
Por este tipo de irregularidades no existen actas del procedimiento mediante el cual se entregaron estas plaza, porque la secretaría de las Juntas de Selección pertenecía a la dirigencia magisterial y no dejaron evidencia, dijo el funcionario.
Eso obligó a muchos profesores a 'afiliarse a tres o cuatro colegios magisteriales', porque con eso conseguían más de un voto en la junta, ya que dentro de la misma es donde se repartían las plazas.
Escoto dijo que en el ministerio sólo se pueden applicar sanciones administrativas, por lo que depende de la fiscalía o del Tribunal Suprerior de Cuentas (TSC) si se convierte en una sanción penal.
Agregó que a la fecha se han remitido cerca de 500 expedientes al Ministerio Público para que se investigue si se ha cometido algún ilícito.
'Se abrirá un espacio para que se denuncien este tipo de casos, porque una vez que las personas estafadas sepan que la justicia está respaldando y sancionado a los que pervirtieron el sistema de plazas' querrán acudir a las autoridades.
Escoto dijo que antes no se hacían estas denuncias por temor, pero que se tiene conocimiento de que se pagaron hasta 20 mil dólares por una plaza, porque este es un mercado de miles de maestros buscando una oportunidad de trabajar en el sistema educativo.
'Estos dos casos son emblemáticos y vamos a abrir los espacios para que más personas denuncien (...) y se pueda resarcir en alguna medida el daño que sufrieron, pero que también sea el fin de la esa historia vergonzosa de la entrega de plazas en la secretaría'.
