Al menos 15 menores estuvieron a punto de ser entregados en adopción mediante procedimientos irregulares en el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), pero el procedimiento se suspendió.
'Los casos que estaban listos para salir (aprobación de adopción) son unos 15', dijo el director interino de la institución, Saúl Escobar.
El funcionario indicó que la junta interventora del Ihnfa ordenó parar todos los trámites de apadrinamiento al descubrir que los mismos tenían varios vicios de ilegalidad.
La semana pasada se informó que se detectó una serie de anomalías en los procedimientos de adopción. El Ihnfa tramitaba 50 peticiones de adopción, de las que 15 iban a ser aprobadas, pero la Interventora suspendió las diligencias hasta que se aclaren los hechos.
Escobar indicó que él ha sido notificado de las irregularidades, pero que la Junta Interventora es la que tiene la autorización de dar a conocer qué tipo de inconsistencias fueron descubiertas en los procesos de adopción.
Las medidas de correción podrían incluir la separación del personal a cargo del departamento de Adopciones del Ihnfa, según una fuente.
Durante la investigación también se podría establecer si algunos abogados se han prestado para tramitar adopciones ilícitas. En Honduras no existe una legislación especial que regule las adopciones y solo hay un reglamento sobre la materia, lo que da lugar a que se cometan irregularidades.
Carlos Montes, viceministro del Trabajo y miembro de la Junta Interventora, explicó que parte de la función de este ente consiste en que los dos proyectos de ley que existen en el Congreso Nacional sean analizados a profundidad para que se conviertan en ley.
'Una ley vendría a establecer un marco sobre adopciones y no como se hacen ahora, que las decisiones o permisos se hacen de forma subjetiva', explicó.
Intervención
El presidente Porfirio Lobo ordenó el 20 de septiembre que una junta interventora asumiera la administración del Ihnfa ante el descalabro financiero en que lo mantenían las autoridades.
Las principales anomalías detectadas consisten en el aumento del presupuesto para pago de planilla de empleados, que pasó de 800 millones a 1,114 millones. Este repunte obedeció a que en la gestión de Suyapa Núñez, exdirectora, se crearon 314 nuevas plazas y la mayoría era innecesaria para atender a los menores bajo el cuidado del Ihnfa.
La Junta Interventora presentará el próximo 21 de diciembre un informe al gobernante sobre las irregularidades detectadas y un plan de trabajo para rescatar a la institución.
