El exasesor de la Procuraduría de la República, Daniel Rivera Mena, dijo hoy que la falta de experiencia de los abogados contratados para defender al Estado es la causa de tantas derrotas en los tribunales de justicia que le significan millones de lempiras al erario público.
El ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Angel Gámez, denunció el lunes que el gobierno hondureño tendrá que pagar a la empresa Elsamex 18 millones de dólares, pese a que el tramo carretero no cumple con los estándares de calidad.
Rivera Mena explicó que todo empieza cuando el Congreso Nacional designa a los abogados que formarán parte de la institución, 'que no son malos, pero son recomendados del presidente o del secretario' de ese poder del Estado.
Además, aseguró que el 20 por ciento de la deuda pública Honduras corresponde al incumplimiento del pago de los contratos que tiene el Estado, debido a la crisis finaciera por la que atraviesa.
'Son muchachos que no son malos, no se trata de negligencia, sino de la experiencia de conocer lo que se esconde, que no se ve, en los contratos que suscribe el gobierno'.
Agregó que no se ha entendido la función de la Procuraduría, ya que sólo escuchan lo que dice el presidente de la República, pero no se han dado cuenta de su papel de apoderado legal del Estado.
'El procurador, constitucionalmente, es el jefe legal de los presidentes de los tres poderes, que debe ser escuchado, pero deber ser la voz de la experiencia, de la coordinación legal de las acciones, no un órgano ejecutor, pero hasta que no comprendan (no) podrán manejar bien las cosas'.
Recomendó que debe existir un departamento de consultoría para revisar las condiciones en las que se pacta con las empresas para la construcción de obras.
En ese sentido, el jefe de la bancada nacionalista en el CN, Celín Discua, comentó que se pedirá a la procuradora Ethel Deras
que explique los detalles de la resolución con la que se obliga al gobierno a pagar por una obra mal hecha.
Discua señaló que es necesario que se pronuncie el Colegio de Ingenieros de Honduras, porque debe haber un representante al suscribirse estos acuerdos.
Añadió que la obra en el tramo carretero Tegucigalpa-Danlí nunca fue recibida por el gobierno hondureño, porque nunca estuvo terminada, pero se investigará si algún funcionario de Soptravi incumplió esta determinación.
