Tegucigalpa, Honduras.-Tres especialistas del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council advirtieron al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que las elecciones en Honduras se desarrollan en un entorno de fragilidad institucional que podría afectar directamente la seguridad nacional estadounidense, sus intereses económicos y el equilibrio geopolítico en la región.
El análisis, elaborado por María Fernanda Bozmoski, directora de impacto y operaciones para Centroamérica; Isabella Palacios, asistente de programa; y Jason Marczak, vicepresidente y director senior del centro, subraya que un período electoral caótico en Honduras podría poner en riesgo mecanismos bilaterales clave y la estabilidad democrática del país.
De acuerdo con los autores, las primarias celebradas en Honduras y los meses posteriores revelaron un conjunto de debilidades institucionales preocupantes.
Entre ellas mencionan los retrasos en adquisiciones esenciales para garantizar el buen funcionamiento del proceso electoral -como las tecnologías para transmitir los resultados preliminares, los sistemas de conectividad nacional y la logística para el transporte de papeletas-, además de ineficiencias técnicas, interpretaciones legales contrapuestas, interferencia de distintos organismos y una limitada disposición de los actores políticos para asegurar estabilidad. A este panorama, añaden, se suma la construcción de una narrativa que cuestiona la confiabilidad del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), impulsada por el partido gobernante Libre, lo que podría sembrar dudas sobre la integridad técnica del proceso y abrir la puerta a señalamientos de manipulación. Esta desconfianza, sostienen, podría desincentivar la participación ciudadana el 30 de noviembre y plantear interrogantes sobre el mandato del próximo presidente en caso de que la población perciba que el aparato electoral no funciona adecuadamente.
Según el memorándum, un vacío de poder tras las elecciones podría estancar operaciones conjuntas entre ambos países, incluidas las extradiciones, una prioridad de la administración estadounidense, especialmente después de que Libre amenazara en agosto de 2024 con rescindir el tratado correspondiente.El análisis también destaca que las prioridades económicas compartidas entre Estados Unidos y Honduras dependen de forma directa de la estabilidad electoral.
Más de doscientas empresas estadounidenses operan en territorio hondureño en sectores como confección, alimentos, bebidas y servicios tercerizados, todos dependientes de reglas uniformes, del marco del CAFTA-DR y de mecanismos de arbitraje frente a decisiones gubernamentales que pudieran comprometer la inversión. Los autores advierten que si Honduras experimenta disturbios civiles después del 30 de noviembre, las cadenas de suministro estadounidenses y la confianza de los inversores se verían impactadas. Incluso un periodo breve de inestabilidad, señalan, podría elevar de manera significativa el riesgo país, sobre todo si actores internos buscan capitalizar el caos a corto y mediano plazo mientras la atención mundial se dirige a otras crisis.
El memorándum también alerta sobre la influencia de actores extrarregionales que podrían aprovechar un escenario de incertidumbre. Señala que, independientemente de sus posturas políticas, los tres candidatos presidenciales hondureños han reiterado la importancia de Estados Unidos como socio clave; sin embargo, los aspirantes de la oposición han expresado abiertamente su intención de revertir el reconocimiento a Taipéi.
este contexto, China podría presionar por avances rápidos y expandir su presencia en el país. Los autores instan a Estados Unidos a mantenerse atento ante el incremento de la influencia rusa, especialmente después de que Rusia anunciara en abril la apertura de una oficina diplomática en Tegucigalpa para profundizar la cooperación bilateral y facilitar una comunicación más directa. Advierten que un fortalecimiento de los vínculos con estos actores podría desplazar procesos transparentes y basados en reglas, sustituyéndolos por negociaciones más opacas.Como parte de sus recomendaciones, los especialistas plantean que Estados Unidos emita declaraciones previas a las elecciones que reiteren que está observando de cerca el proceso hondureño, subrayando la necesidad de transparencia en el recuento, el funcionamiento ininterrumpido del TREP y el acceso total de los observadores acreditados. También sugieren reforzar mensajes de acción inmediata, incluyendo posibles sanciones y revocación de visas para quienes intenten perjudicar la integridad electoral. Consideran fundamental apoyar la democracia hondureña y encabezar esfuerzos internacionales para recordar a las Fuerzas Armadas de Honduras su papel constitucional: proteger el voto y mantener absoluta neutralidad, evitando cualquier forma de votación paralela o intervención política.
El análisis recomienda que Washington supervise de cerca toda la logística electoral, incluidos los resultados preliminares previstos para divulgarse a las 21:00 del 30 de noviembre, los cuales pueden ser monitoreados por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa junto con observadores internacionales. Asimismo, destaca que el informe de la Misión Electoral de la Unión Europea, programado para publicarse dos días después de los comicios, será determinante para definir los pasos posteriores.
Los autores consideran “esencial” que Estados Unidos nombre a un embajador en Honduras antes de la toma de posesión del nuevo gobierno en enero, con el fin de garantizar una representación diplomática activa en un periodo crítico.
Finalmente, recomiendan enviar una delegación de alto nivel a la inauguración presidencial, idealmente integrada por el secretario de Estado y el secretario de Guerra, como una señal de que Washington sigue muy de cerca los acontecimientos que podrían afectar sus intereses de seguridad nacional.
