Miembros del Colegio de Abogados de Honduras realizaron este jueves un plantón en la sede de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo un alto a los crímenes contra profesionales del derecho que suman 68 en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa.
Los abogados efectuaron hoy diversas manifestaciones en las principales ciudades de Honduras, en protesta por los asesinatos que en su mayoría continúan en la impunidad.
'A nivel nacional estamos los abogados, litigantes privados, jueces, fiscales y policías, militares, unidos', declaró el presidente del Colegio de Abogados, Roy Urtecho.
Los letrados plantean tres solicitudes: dotar de la policía de investigación al Ministerio Público, presupuesto adecuado al Poder Judicial para proteger a los jueces y crear la ley de mecanismos de protección de las y los operadores de justicia.
'El primer defensor de derechos humanos es el abogado. Estamos a favor de la extradición, pero tenemos que darle protección a los jueces que van a aplicar, a los fiscales que van a presentar y los abogados que van a ejercer la profesión, por eso estamos en este plantón pacífico', dijo Urtecho.
'Los hechos violentos y criminales que abaten la sociedad hondureña han golpeado fuertemente nuestro gremio (...) en los últimos cuatro años más de noventa profesionales del derecho han perdido su vida como consecuencia directa del ejercicio de la profesión en los diferentes campos y materias del quehacer jurídico', rezaba un comunicado emitido por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) manifestó a través de un informe divulgado en septiembre, que el ejercicio del derecho se ha convertido en los últimos años en una profesión de alto riesgo
para quienes la ejercen.
Entre los profesionales del derecho que han muerto en forma violenta en los últimos tres años hay especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras, fiscales del Ministerio Público, asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias, del Estado y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.
La mayoría de de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e, incluso, de sus clientes.
Otros fueron ultimados en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma o en la vía pública.
