Un total de 51 abogados y abogadas presentaron sus autopropuestas para optar al cargo de fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP).
El plazo concedido por la Junta Proponente para presentar las autopropuestas venció ayer, a las 5:00 de la tarde; no se autorizó prórroga.
La convocatoria fue atendida especialmente por fiscales y exfiscales del MP, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de Cortes de Apelaciones, jueces, litigantes, funcionarios con rango de ministros y viceministros, interventores, un diputado y asesores, entre otros.
Fue el vocero de la Junta Proponente, Carlos Hernández, quien anoche reveló el listado que se compone por 39 abogados y 12 abogadas.
En ella figuran dos interventores del MP, María Antonia Navarro y Lino Mendoza; el director de Fiscalías, Roberto Ramírez; el magistrado de la CSJ, Óscar Chinchilla; la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Doris Madrid; Lidia Estela Cardona, exmagistrada de la CSJ y actual viceministra del Interior y Población; Teodoro Bonilla, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados; el ministro de la Serna, Rigoberto Cuéllar, y el diputado liberal por Comayagua, Olman Maldonado, entre otros.
Cabe señalar que el primero que se autopropuso, Óscar Cruz, ayer decidió renunciar a su postulación argumentando que el proceso está viciado.
Sin embargo, la Junta lo incluyó aún en el listado de los 51 autopropuestos.
De acuerdo a la reforma al artículo 22 de la Ley del Ministerio Público (MP), decreto 158-2013, dicha Junta Proponente está conformada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien la preside; un magistrado de este poder del Estado; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras; otro de las universidades privadas del país y un representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), decisión que excluyó y marginó a decenas de organizaciones con mayor trayectoria y relevancia en el campo de la justicia.
Un reglamento elaborado por la Junta dispuso que solo se permitieran autopropuestas.
Esta Junta Proponente se encargará de estructurar una nómina de cinco candidatos que entregará el próximo viernes, 30 de agosto, al Congreso.
Entrevistas
En la medida que fueron ingresando los currículos comenzaron a ser evaluados por un equipo de precalificación.
Tras revisar las causales de inhabilidades, se seleccionarán los mejores calificados.
A partir de hoy y en el transcurso de la otra semana la Junta Proponente realizará el proceso de audiencias con cada uno de los candidatos y candidatas que obtengan las mejores calificaciones.
Las entrevistas serán privadas, en la sede del Poder Judicial.
Se hará una ponderación y sometimiento de los más calificados, dijo Jorge Rivera Avilés, quien preside la Junta.
Además, los mejores calificados serán objeto de pruebas de confianza del polígrafo, toxicológica y psicométrica.
Se seleccionará a los cinco que tengan el perfil de mejor calificados en lo académico, capacidad, ética y compromiso de cumplir a cabalidad la dirección del ejercicio de la acción penal pública.
“Garantizaremos que la dignidad del profesional del derecho no sea mancillada, que le pueda discriminar en su participación”, expresó Roy Urtecho, quien representa al CAH. Igualmente, afirmó que se escogerán a los mejores candidatos, que reúnan el mejor perfil para ambos cargos.
Inhabilidades
De acuerdo al artículo 233 de la Constitución, quienes aspiren a ser fiscal general o adjunto deben ser hondureños por nacimiento, ciudadanos en el goce de sus derechos, abogado o abogada debidamente colegiado con experiencia profesional distinguida mayor de diez años o haberse desempeñado como juez o en el área penal durante diez años, mayor de 40 años de edad y de conducta y solvencia moral debidamente comprobada.
Asimismo, el artículo 20 de la Ley del MP establece que no pueden ser elegido fiscal general o adjunto el cónyugue, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República y Designado Presidencial, del Presidente del CN o de alguno de los magistrados de la CSJ, así como del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor Conjunto y comandantes de ramas militares, procurador y subprocurador y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas.
Asimismo, no pueden ser fiscales generales los diputados al CN, los concesionarios y permisionarios del Estado o contratistas de servicios u obras públicas. Quienes hayan sido miembros de algún órgano de dirección de algún partido político en los tres años anteriores a su elección y los que hayan sido condenados por delito doloso. Los que incumplan estos requisitos no serán tomados en cuenta en una nueva evaluación.
