Diputados y ONG vinculadas a Libre aceleran obras tras escándalo de Sedesol
Manos a la Obra reconoce que hay proyectos en un 10%, pese a que han recibido L75 millones. Este equipo constató que los diputados y ONG iniciaron hace un mes gran parte de las obras, justo después de revelarse el desvío de fondos en Sedesol
- 01 de agosto de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 852 bolsas de cemento, valoradas en 184,884 lempiras, fueron compradas por la Asociación Manos a la Obra (AMO) en el municipio de Danlí, como parte de un proyecto financiado con fondos gestionados por diputados de Libertad y Refundación (Libre) y canalizados a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
La adquisición del material ocurre semanas después de que estallara el escándalo del presunto desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La entrega se realizó sin verificar la identidad de los beneficiarios, sin documentación completa y sin que exista evidencia de que las obras hayan comenzado.
Los sacos fueron comprados en la ferretería Dimafec, ubicada en la colonia Palma Real de Tegucigalpa, y trasladados hasta Danlí, donde fueron recibidos por José Fernando Amador Ríos, una persona cuya procedencia es desconocida para las autoridades locales.
Según documentos en poder de EL HERALDO Plus, Amador firmó la recepción del cemento y se encargó de distribuirlo entre 46 personas. No obstante, los registros no contienen copia de los documentos de identidad, ni fotografías de la entrega, como exige el manual de rendición de cuentas de este tipo de ayudas sociales.
La mayoría de los supuestos beneficiarios residen en zonas vulnerables de la ciudad: colonia Nueva Esperanza, La Cofradía, Bella Vista, barrio Los Arcos, La Concepción y El Quinquisque.
Se intentó contactar a varios de ellos mediante los números telefónicos registrados, pero muchos estaban fuera de servicio o no respondieron.
La entrega de cemento es parte del proyecto "Reparación de vivienda y suministro para saneamiento básico", financiado con los 915,000 lempiras liberados en una operación entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Gobernación.
Esta es una de las cientos de obras que deben ejecutarse con los 75 millones de lempiras asignados a AMO, una ONG dirigida por Linda María Ordóñez, militante fundadora del partido Libertad y Refundación (Libre), quien además trabajó para el gobierno en Copeco y el Instituto de la Propiedad (IP).
Aunque los fondos fueron autorizados en 2024, apenas comenzaron a liberarse este año, y en lugar de iniciar con las obras, la organización optó por distribuir materiales de construcción.
En una revisión de los expedientes relacionados, se constató que no existe evidencia técnica de planificación, ejecución o supervisión de las supuestas reparaciones. Todo lo que hay es la orden de compra del cemento y una lista parcial de nombres que recibieron el material.
El apoyo también se replicó en Teupasenti, otro municipio del departamento de El Paraíso. Sin embargo, en este caso, la opacidad es aún mayor: no hay documentación que detalle a los beneficiarios, ni registros verificables del destino final del material.
La única constancia disponible es una nota de recepción con lenguaje genérico y referencias legales, pero sin pruebas físicas que respalden la ejecución del proyecto.
La nota asegura que la ayuda fue otorgada por la ONG Manos a la Obra (AMO) conforme al artículo N.º 292 del Decreto Legislativo 157-2022, y con base en el acuerdo de delegación N.º 407-2024 y el acuerdo ejecutivo N.º 68-2024.
El documento afirma que la entrega responde a un proyecto gestionado por el diputado Jonh Milton García Flores, representante de Libre por el departamento de El Paraíso.
En ella se indica que la ayuda corresponde al programa denominado “Reparación de vivienda y suministro para saneamiento básico”.
También se menciona que el acta de entrega “va acompañada de la copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) y una fotografía de la entrega”, pero, tras una revisión de los expedientes y archivos físicos, se comprobó que ninguna de esas pruebas documentales existe.
Según registros oficiales compartidos por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, el 1 de julio de 2025, el diputado García solicitó 5.4 millones de lempiras, de los cuales 915,000 lempiras fueron destinados específicamente para este proyecto en Teupasenti, que consistía en la dotación de cemento para reparación de viviendas.
Sin embargo, de ese monto, AMO únicamente reportó una compra por 185,000 lempiras, equivalente a las mismas 852 bolsas de cemento ya distribuidas en Danlí.
Es decir, no existe hasta el momento ninguna evidencia de que el dinero restante haya sido utilizado, ni hay pruebas de que el cemento entregado en Teupasenti sea distinto al registrado en Danlí.
Hasta el momento, la única ejecución comprobable corresponde a una orden de compra de cemento por menos de 200,000 lempiras.
Bajo la misma denominación aparece otro proyecto (reparación de vivienda y suministro para saneamiento básico) a un costo de 1.4 millones de lempiras, gestionado por la diputada Adriana Castellano Escoto.
Ante las observaciones realizadas por este medio, Linda María Ordóñez, presidenta de Manos a la Obra (AMO), reconoció que varios de los proyectos financiados con fondos estatales no han sido completamente ejecutados.
“Hay proyectos que llevamos, por ejemplo, un 10%, un 50% de ejecución, muy pocos al 100%. Son fondos que se gestionaron para 2024, pero que fueron depositados, le estoy hablando, en marzo o abril de 2025. Nosotros tenemos que cumplir con los procedimientos que nos indica la ley y el manual de procedimientos que tenemos como asociación. Esos procedimientos llevan tiempo”, declaró Ordóñez a EL HERALDO Plus.
Sin embargo, más allá de los retrasos administrativos, algunas obras reportadas como “finalizadas” en portales oficiales del Congreso Nacional simplemente no existen.
Ese es el caso del municipio de La Iguala, Lempira, donde un proyecto de electrificación de un campo de fútbol en la comunidad de Matasano aparece como ejecutado en los listados oficiales del Legislativo, pero no hay rastro de dicha obra en el terreno.
Francis Paz, alcalde del municipio de Iguala, desmintió públicamente que dicha obra haya sido ejecutada por AMO.
“Me sorprendió ver en un listado de proyectos que aparece publicado en las páginas del Congreso que hay una obra ejecutada en mi municipio, específicamente en la comunidad de Matasano. Se supone que es la electrificación de un campo de fútbol, pero en ninguno de los dos campos de esa comunidad hay energía eléctrica”, afirmó Paz.
El alcalde detalló que, antes de las elecciones internas del pasado 9 de marzo, se dejaron tirados cuatro postes de concreto en la comunidad, lo que pareció ser el arranque del proyecto. Sin embargo, no hubo más avances.
El equipo de EL HERALDO Plus visitó el sitio y constató que los postes no han sido instalados, no hay cableado ni transformadores, y que los cinco maderos están frente a la iglesia de San Antonio de Padua.
Para justificar la obra, AMO pagó en julio más de 250,000 lempiras a una ferretería local con el propósito de trasladar los postes hasta la zona, sin que existan contratos de instalación ni evidencia de ejecución posterior.
Paz fue más allá y cuestionó la veracidad de los reportes oficiales: “Hay una incongruencia. En el Congreso aparece como ejecutado el proyecto, pero la Secretaría de Finanzas no ha liberado los fondos. Entonces, ¿cómo llegaron esos postes si no se ha desembolsado ni un lempira?”, denunció.
De la misma forma, el edil desmintió que hayan sido comprados en julio, ya que esos postes llegaron antes de las elecciones, debido a que el diputado de Libre Dany Murillo quería fortalecer su imagen en el municipio.
El alcalde de La Iguala externó que la llegada de materiales fue antes de los comicios, sin procesos de instalación ni supervisión técnica, lo que apunta a que solo fue una estrategia de clientelismo, donde la simple presencia física de materiales puede interpretarse como cumplimiento, aunque las obras no existan en realidad.
Otro caso es el estadio municipal de San Nicolás, Santa Bárbara, que ha sido objeto de doble asignación de fondos públicos para la construcción de sus graderías.
Se aprobó un fondo de 650,000 lempiras a través del diputado Cristian de Jesús Hernández, quien los entregó a AMO para la primera fase.
De forma paralela, en una segunda fase se aprobó 50,000 lempiras, esta vez a través de la diputada Betty Elizabeth Rivera, destinados al mismo propósito.
Cuando se llegó a la zona, se observó un ambiente tranquilo y se sentía el latir cotidiano de la comunidad san nicolense.
Héctor, uno de los obreros que trabaja en la construcción, explicó que la corporación municipal, en coordinación con diputados, son los responsables de esta obra.
“Estamos haciendo siete graderías”, detalló mientras mostraba las bases y el hierro que ya han instalado. Esta obra comenzó hace aproximadamente un mes y aún no tenían claro cuánto tiempo tomaría terminarla.
Personal de la Municipalidad manifestó que la alcaldesa se encontraba fuera del país, pero que la construcción estaba siendo financiada tanto por la alcaldía en un 50% como por la diputada Rivera, quien había gestionado dinero.
Obras de mala calidad
La presión por justificar rápidamente los fondos recibidos llevó a la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE) a ejecutar obras en condiciones cuestionables y en zonas de difícil acceso, lo que ha dificultado su fiscalización.
La organización es presidida por Bessy Jeanette Ramírez Montoya, militante del partido Libertad y Refundación (Libre), vinculada también a otras entidades que han recibido fondos estatales, como Jóvenes Metas y la empresa JJ Caribe, registrada como proveedora del Estado.
MUE recibió 75 millones de Gobernación y Justicia, y firmó un convenio de 25 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para ejecutar proyectos en distintos puntos del país.
Sin embargo, al revisar los portales de transparencia, la ONG no presenta documentación que detalle sus contrataciones, avances de obra o liquidaciones financieras.
Al intentar contactar a la organización a través del número público 8810-xxxx, disponible en su página de Facebook, la respuesta fue vaga y sin compromisos claros: “Entre semana justo estamos en acción, en pleno proceso, presentando liquidaciones y cierres... Hay muchos proyectos ejecutados muy bonitos y simbólicos de beneficio para las comunidades”, fue una de las respuestas.
En el mensaje añadieron que “estamos en proceso, aún con los proyectos en un 90%. Agradecemos su interés; sin embargo, en este momento no estamos en condiciones de atender entrevistas vía llamada”.
Además, se escudaron en lineamientos institucionales para evitar dar declaraciones públicas: “En cumplimiento con los lineamientos del convenio suscrito con nuestra contraparte institucional, no estamos autorizados a brindar declaraciones públicas de manera individual”.
Uno de los proyectos atribuidos a MUE fue localizado en San Pedro de Tutule, departamento de La Paz, una zona rural afectada por las lluvias y sin acceso vial adecuado. El equipo de EL HERALDO Plus cruzó por caminos cubiertos de lodo y un enorme socavón para llegar al sitio, donde encontró una estructura colocada sobre una quebrada casi seca, de apenas tres metros por lado.
El concreto estaba fragmentado y mal adherido, y los materiales colgaban sin fijación adecuada. La comunidad, en lugar de quedar contenta, estuvo disconforme debido a que ejecutaron el proyecto con la necesidad de tener una calle verdadera y no rellena de tierra.
La ruta investigativa siguió hacia Marcala, el municipio más dinámico económicamente de La Paz. En este lugar, según fuentes locales, la familia Banegas —integrada por el diputado Bayron, el ingeniero Kenny y el gobernador departamental Robinson— controla directamente la adjudicación de proyectos, todos los lleva a través de MUE, según indicó una fuente confidencial de este rotativo.
Uno de los proyectos fue asignado a la escuela Marilú Urquiza Aguilar, donde se prometió instalar una malla ciclónica para seguridad estudiantil.
En su lugar se encontró un muro en construcción con más de 1,500 bloques, cuyo diseño no fue aprobado oficialmente ni cuenta con estudios técnicos.
La comunidad relató que el ingeniero Kenny Banegas decidió por su cuenta reemplazar la malla por el muro, “para ayudar más”.
Cuando se consultó a MUE sobre este cambio, rechazaron responder preguntas, limitándose a reiterar que están en proceso de ejecución y liquidación.
Otro caso documentado ocurrió en la colonia 15 de Septiembre, en San Manuel, Cortés, donde se transfirieron casi un millón de lempiras para construir pavimento hidráulico, gestionado por la diputada de Libre Scherly Arriaga y ejecutado por MUE.
Aunque se colocó un cartel político alusivo al proyecto, la obra prometida no existe. El único rastro visible es un pequeño tramo de adoquinado, aislado, que no corresponde a los planos ni justifica el monto asignado.
En el barrio El Centro de Pinalejo, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, se prometió la construcción de 50 metros de pavimento de concreto hidráulico, un proyecto promovido por el diputado Ángel Adelso Reyes.
El monto aprobado fue de 500,000 lempiras. Sin embargo, al llegar al sitio, no se encontró evidencia de que la obra haya sido iniciada, ni restos de materiales, ni intervención alguna en el terreno.
MUE fue constituida en 2021, con poca trayectoria previa y sin obras conocidas antes de recibir fondos públicos. Su rápida expansión, sumada a sus vínculos con estructuras políticas locales, ha levantado sospechas sobre la legalidad y legitimidad de sus contratos.
En departamentos como La Paz y Cortés, la percepción ciudadana es que los recursos públicos están siendo utilizados para beneficiar a personas cercanas a diputados y sus entornos familiares o empresariales, mientras los proyectos reales siguen ausentes o inconclusos.
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