Más de L1,900 millones del “Tasón” fueron a bono de alimentación policial
La Tasa de Seguridad está destinada a inversión estratégica y no a cubrir necesidades operativas básicas, pero en 2025 esta normativa no se cumplió al destinarlo gran parte a pagar alimentación
- Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 20:30
Tegucigalpa, Honduras.- Mientras la violencia, la extorsión y la criminalidad golpearon y sangraron internamente a la sociedad hondureña en 2025, la Secretaría de Seguridad, lejos de utilizar los recursos de la Tasa de Seguridad para combatir esos flagelos, destinó 1,925.6 millones de lempiras de esta recaudación al pago de un bono mensual de alimentación para los policías.
Así lo revela un reciente informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), titulado “El Tasón de Seguridad 2025”, que analiza cómo en los últimos 13 años se han recaudado y ejecutado 36,336 millones de lempiras provenientes de este tributo, incluidos los fondos correspondientes al año pasado.
El uso de los recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional ha generado controversia debido a que una parte mayoritaria se destina a cubrir necesidades operativas básicas, en lugar de inversiones estratégicas orientadas al combate directo de la criminalidad. En 2025, una de esas líneas de gasto fue precisamente el bono de alimentación policial.
Este bono no es nuevo. Surgió en 2021, cuando históricamente la Secretaría de Seguridad cubría la alimentación de agentes y oficiales con su presupuesto anual. Sin embargo, ante el descontento de los uniformados con la calidad de la comida, las autoridades de seguridad optaron por sustituir ese mecanismo y otorgarles un bono mensual, canalizado a través de uno de los bancos del sistema financiero.
EL HERALDO llamó telefónicamente y envió mensajes al comisionado Miguel Martínez Madrid, vocero policial, para conocer la versión de las autoridades de la Secretaría de Seguridad sobre el manejo de esos recursos, pero el oficial no respondió.
Distorsión de la Tasa de Seguridad
Al utilizar los recursos de la Tasa de Seguridad para alimentación, el gobierno y la Secretaría de Seguridad distorsionaron el uso correcto de esta contribución, cuya ley establece que esos fondos tienen como objetivo principal fortalecer la estrategia encaminada al combate eficiente del hampa.
De acuerdo con el informe de ASJ, gracias a este tributo, en 2025 el gobierno recaudó 5,238.9 millones de lempiras, destinando el 54% —equivalente a 2,835 millones— a la Secretaría de Seguridad, y 14.2% —743 millones— a la Secretaría de Defensa.
Luego, las autoridades correspondientes utilizaron el 37% de lo asignado, aproximadamente 1,925.6 millones de lempiras, para cubrir el bono de alimentación de los policías.
Asimismo, 1,242.4 millones (24%) se usaron para el pago de alquiler de vehículos para patrullas y para uso de altos funcionarios; 625.8 millones (12%) se gastaron en el pago de deuda; 276.3 millones (5%) se utilizaron en construcciones, y 214 millones (4%) se destinaron a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, adscrita a la Secretaría de la Presidencia.
Uno de los hallazgos más críticos es el destino real del dinero. Más del 60% del presupuesto de la Tasa de Seguridad se utiliza para cubrir dos rubros operativos básicos: alimentación y alquiler de transporte, de forma poco transparente, señala el informe.
En el documento se cuestiona que el gasto masivo en alimentación contraviene lo establecido en la ley y las buenas prácticas, las cuales dictan que los pagos deben realizarse directamente al beneficiario final para evitar irregularidades. Esta opacidad se suma a la falta de acceso a la información pública sobre el uso de los fondos, a pesar de las promesas de transparencia gubernamental.
De acuerdo con el estudio, esta dependencia del arrendamiento de transporte, en lugar de la adquisición de una flota propia, implica un drenaje constante de recursos que no genera activos permanentes para el Estado. Esta priorización del gasto operativo tiene un impacto directo en el debilitamiento de otras áreas críticas para el combate a la criminalidad.
En permanente emergencia
De acuerdo con el abogado Nelson Castañeda, director de la Unidad de Seguridad y Justicia de la ASJ, primero hay que definir el alcance de la Tasa de Seguridad. “Este era un fondo destinado para el fortalecimiento y combate del crimen organizado y para el fortalecimiento e implementación de medidas de prevención de delitos vinculados con la delincuencia organizada”, recordó.
Explicó que esta iniciativa, en su ley, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, pero eso no se cumple. El actual gobierno se comprometió a eliminar la Tasa de Seguridad por su antecedente de ejecución de fondos de manera corrupta, por la poca transparencia y por las constantes irregularidades identificadas y denunciadas, recordó.
No obstante, lo que se hizo en la administración de Xiomara Castro fue únicamente derogar los artículos 30 y 31 de la Ley de la Tasa de Seguridad, eliminando nada más el fideicomiso, pero el impuesto se sigue cobrando y ahora aporta más fondos que en los gobiernos anteriores, cuestionó.
Castañeda no entiende por qué al Ministerio Público, el principal operador de justicia, en 2025 no se le asignó ni un solo centavo. “El uso de recursos para alimentación contradice lo que establece la ley, que precisa que los fondos de la Tasa son para combatir y prevenir el crimen organizado”.
“Desde 2011 Honduras se mantiene bajo emergencia nacional por inseguridad. Llevamos casi 14 años en estado de emergencia y viene este gobierno y le suma el estado de excepción de 2022. A pesar del enorme gasto, el país no ha podido salir de esa crisis en materia de inseguridad”, deploró.
Para Castañeda, la forma en que se distribuyen los recursos sugiere que la Tasa de Seguridad se ha convertido en una fuente de financiamiento para el mantenimiento cotidiano de la Secretaría de Seguridad, descuidando la inversión en tecnología, infraestructura y capacidades científicas necesarias para reducir la impunidad en el país.
Recaudación y despilfarro
La Tasa de Seguridad se aprobó en 2011, pero entró en vigencia hasta 2012. Su ley establecía que esta contribución era una medida temporal, por un término de cinco años, y tenía como principal objetivo fortalecer la estrategia de los operadores de justicia encaminada al combate eficiente de la delincuencia y criminalidad.
El marco legal de esta contribución se remonta al Decreto Legislativo número 105-2011, publicado en el diario oficial La Gaceta el 21 de junio de 2011. En la Ley de Seguridad Poblacional se estableció que la finalidad principal de la recaudación es fortalecer a los operadores de justicia para combatir eficazmente las amenazas a la convivencia pacífica y la seguridad personal de los ciudadanos.
A pesar de haber sido creada como una contribución de carácter temporal para responder a una "emergencia nacional" de inseguridad, la tasa se ha mantenido vigente durante más de una década.
Los gobiernos de Porfirio Lobo (2010-2011) y de Juan Orlando (2014-2018) al ver que tal recaudación era una mina de oro, no solo extendieron el plazo de aplicación a 10 años, sino que también la blindaron contra la transparencia y la rendición de cuentas.
De esta manera, con los años la Tasa de Seguridad se volvió un foco de corrupción en el que participaron empresarios, militares, policías, diputados, magistrados, fiscales, presidentes y los mismos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso.
La captación de estos recursos proviene de diversas fuentes que impactan a la mayoría de la población. Entre los rubros de ingresos se encuentran las transacciones financieras (retiros y depósitos) con un 0.2%, la telefonía móvil con un 1%, casinos y máquinas tragamonedas con un 1%, así como las comidas rápidas con un 0.5% y la minería con un 2%, detalla el informe de ASJ.
Al analizar la ejecución histórica en los últimos 13 años, el informe de revela una cifra astronómica: un gran total ejecutado de 36,336 millones de lempiras. El desglose anual muestra un crecimiento sostenido, comenzando con apenas 85.6 millones en 2012, saltando a más de 1,600 millones en 2013 y superando los 3,000 millones en 2019.
De acuerdo con datos publicados, entre el 2012 y 2021 los gobiernos recaudaron 21,872.5, gran parte de este dinero fue despilfarrado por la secretarías de Seguridad y Defensa.
Bajo la administración del gobierno de Castro, la recaudación total entre 2022 y 2024, más 10 meses de 2025, asciende a 14,463 millones de lempiras. Las cifras anuales detallan que en 2022 se ejecutaron 1,143 millones; en 2023, 3,693 millones; en 2024, 5,144 millones; y 4,483 millones a octubre de 2025.
Para el año 2025, el presupuesto total asignado a la Tasa de Seguridad alcanzó los 5,238.9 millones de lempiras.
Pocos resultados en seguridad
Un dato relevante es que el 54.12% de los fondos de 2025 se concentra en una sola entidad: la Secretaría de Seguridad, que recibe 2,835 millones de lempiras para sus operaciones.
Otras instituciones beneficiarias en 2025 con los recursos de la Tasa de Seguridad fueron la Secretaría de Defensa Nacional, con 743.5 millones; el Instituto Nacional Penitenciario, con 697.5 millones; y el pago de la deuda pública, que absorbe 625.8 millones de lempiras.
El artículo 32 de la Ley de Seguridad Poblacional establece que los recursos de la Tasa de Seguridad “servirán para financiar las acciones de prevención y control de la delincuencia común u organizada en cualquiera de sus formas o denominaciones” que ejecuten los operadores de justicia, entre ellos el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad, la de Defensa, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones.
Por lo tanto, resulta llamativo que el Ministerio Público, el principal operador de justicia, aparezca con una asignación de cero lempiras dentro del presupuesto específico del año 2025.
Entre el año 2012 y 2021 a los gobiernos no les bastó despilfarrar 21,872.5 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, sino que también la endeudaron en otros 10,000 mil millones de lempiras, dejándola comprometida.
A pesar del mal gasto, los hondureños siguen pagando y aumentando una contribución inefectiva en su objetivo principal. Desde el inicio del gobierno de Castro en 2022 hasta la fecha, la recaudación por este tributo alcanzó los 14,463 millones de lempiras.
Pese a que en los últimos 13 años los hondureños han contribuido con una inversión masiva de 36,335.5 millones de lempiras para mejorar su seguridad, los indicadores de inseguridad siguen siendo alarmantes.
Aunque se reporta una reducción en los homicidios —pasando de 3,356 en 2023 a una proyección de 1,922 en octubre de 2025—, el país sigue siendo catalogado como el más peligroso de Centroamérica.
El fenómeno de la extorsión es particularmente preocupante al analizar los datos del informe de ASJ. En 2024 se registraron solo 619 denuncias, lo que representa una caída del 73% en los reportes, pero esto no se debe a que se haya reducido el problema, sino a que las víctimas ya no denuncian porque perdieron la confianza en el sistema de persecución y judicialización.
Actualmente, el “Tasón de Seguridad” se percibe entre los contribuyentes más como un barril sin fondo para gastos administrativos y operativos básicos que como una herramienta estratégica para la paz ciudadana.
La sociedad hondureña, que financia estos fondos a diario, exige que cada lempira se traduzca en una reducción real de la violencia y en un fortalecimiento genuino del Estado de derecho.
Revisión o eliminación
Ante la deAnte la demanda social que pide una revisión o eliminación de este impuesto, el congresista Carlos Umaña rememoró que al inicio de este gobierno se les mostró que la Tasa tenía una deuda de varios miles de millones de lempiras, por lo que se eliminó el fideicomiso y los recursos pasaron a la caja única del Estado.“Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo está el avance del pago de la deuda. Una vez que se cumpla con el pago de las deudas, esa tasa hay que eliminarla”, agregó.
Al entrar a la caja única, explicó, el gobierno dispuso discrecionalmente de los recursos, entregando fondos a la Secretaría de Seguridad, donde las autoridades manejaban el dinero sin control. “Al final creo que había un superávit, pero el gobierno lo utilizaba para otros menesteres que no tenían nada que ver con la seguridad ciudadana”.
Sobre el ambiente en el nuevo Congreso Nacional para eliminar ese impuesto, Umaña consideró que si el Legislativo queda en manos del Partido Nacional no habrá derogación, ya que ellos lo crearon; pero si queda en manos de otro partido, seguramente será eliminado.Además, dijo, se debe evaluar si la gran cantidad de fondos recaudados y gastados es proporcional a los resultados alcanzados.
“Vemos que esos ingresos no son proporcionales a la implementación de medidas para mejorar la seguridad, a tal extremo que en los últimos cuatro años se decidió apostar más por el estado de excepción, que tampoco dio buenos resultados”, criticó Umaña.
La opinión del diputado coincide con las conclusiones del informe de ASJ, al señalar una ineficiencia en la formulación e implementación de planes de seguridad. Se critica la falta de voluntad para desarrollar políticas de defensa adecuadas y una priorización inadecuada en la asignación de recursos públicos a los operadores de justicia.
Además, se concluye que existe un acceso limitado a la información pública y una preocupante falta de rendición de cuentas en el manejo de estos fondos. El informe advierte sobre una mala gestión que permite el uso de recursos públicos con destinos distintos a los definidos originalmente por la ley.
Ante este panorama, se recomienda revisar y reformar de manera urgente la Ley Poblacional de Seguridad, con el fin de lograr que su aplicación sea eficiente, totalmente transparente y auditable por entes externos y la ciudadanía.
Como segundo punto clave, insta a definir una estrategia clara de priorización de fondos. Esta debe enfocarse en fortalecer de manera integral la operatividad de las instituciones del sistema de justicia, basando la distribución de recursos en resultados medibles y sostenibilidad funcional.
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