Familias pagan más de L1,000 al mes por la sequía: "Si no hay dinero, no hay agua"

Tegucigalpa, Honduras.-Un tanque negro, plástico, recostado contra la pared de la casa, es el único recurso con el que la familia Aguiluz capta agua. Del techo baja una canaleta improvisada, conectada a un tubo de PVC, diseñada para que cada gota de lluvia termine ahí adentro.

No existe otra opción: a esta casa, en la colonia El Amatillo —en las alturas de Comayagüela, arriba de la colonia Arturo Quezada, en una de las laderas que rodean el extremo oeste de la capital—, nunca ha llegado una conexión de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), ni un pozo, ni un tanque comunitario.

Desde la ladera se ve, allá abajo, la ciudad que sí tiene tubería, torres nuevas, residenciales que crecen mes con mes. Desde aquí arriba, esa ciudad se ve, pero no se toca.

Afuera, con un baldecito y una paila, Liliana Aguiluz carga a su bebé de meses mientras friega.

—Sí, mire, así me toca lavar —dice, al equipo de investigación de EL HERALDO Plus, mientras muestra su pila improvisada con piedras.

La casa de Liliana no es una excepción en el mapa hídrico de la capital, según la propia UMAPS, solo el 70% de los hogares del Distrito Central cuenta con una conexión a la red de distribución municipal.

El otro 30% —lo reconoce la misma institución en su planificación— depende de alternativas costosas y de baja calidad, como los camiones cisterna, cuyo precio por unidad de agua puede llegar a ser hasta 50 veces mayor al que paga un hogar conectado a la red.

Esa brecha tiene una explicación de origen. El sistema de abastecimiento de Tegucigalpa se diseñó alrededor de tres fuentes —las represas Los Laureles y La Concepción, y la fuente superficial de El Picacho— con una capacidad pensada, en su momento, para atender a cerca de un millón de personas.

Hoy, casi dos millones dependen de ese mismo esquema, y la red pública que sí existe apenas cubre al 72% de ellos, según cifras citadas por Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS.

La comuna capitalina estimó que la ciudad necesita alrededor de 250,000 metros cúbicos de agua al día para cubrir la demanda de toda su población; actualmente produce cerca de 181,000, casi 70,000 metros cúbicos menos de lo que hace falta cada jornada.

Y de lo poco que sí se produce, 40 de cada 100 litros se pierden en el camino, por fugas en una red que nunca se diseñó pensando en laderas como El Amatillo.

Aguiluz vive con su esposo, quien sostiene el hogar, y sus dos hijas. Le preguntamos qué pasa si su esposo se enferma o simplemente no puede salir a trabajar un día.

—Si no hay dinero, no hay agua. Si él no trabaja, no podemos hacer nada —responde, con el rostro desencajado.

Es originaria de Comayagua, y llegó a esta ladera de la capital con la idea de que la vida sería mejor.

—Me vine de mis tierras con mi esposo, creyendo que aquí sería mejor la cosa. Pero mire, ni agua tenemos —dice.

Cada semana, la familia destina 250 lempiras solo para llenar el tanque negro cuando pasa la cisterna, que podrían convertirse en mil mensuales. En contraste, la institución calcula que la tarifa residencial estándar, para los abonados a la red pública, ronda apenas 37 lempiras mensuales.

Lo que Liliana gasta en siete días equivale a lo que un vecino con tubería paga en más de medio año. Y aun así, la ley municipal permite a una vivienda con conexión almacenar hasta 40,000 litros de agua en su propia cisterna sin pagar ninguna multa —cuarenta veces más de lo que cabe en el tanque negro de Liliana, y sin que a ella le sobre ni una gota para guardar de más.

Y llenar el tanque no es garantía; hay que vaciarlo primero, por completo, para que el vendedor acepte llenarlo de nuevo.

—Esta gente es caprichosa. Hay que tener todo vacío para que le vendan a uno el agua, porque si no, no venden. Aquí sube una vez a la semana, a veces se tarda diez días, y hay que tener el dinero en la mano, porque si no, no venden —explica.

El precio tampoco es fijo. Una semana puede pagar 60 lempiras por el servicio; la siguiente, 70. Con un bebé en casa, cada gota se administra con cuidado.

—No podemos botar el agua. Debemos cuidar hasta el último cachito, porque para empezar, es cara. Y también tengo a mi bebé, que ocupa mucho aseo —dice.

Esas cisternas que suben la ladera son parte de un negocio que se acomodó donde el agua por tubería nunca llegó. Camiones privados que compran agua en los puntos de llenado de la UMAPS y la revenden puerta a puerta.

La propia institución mantiene, además, una flotilla de 90 cisternas para repartir agua gratis en las zonas más golpeadas, aunque solo 12 de esos camiones son municipales; el resto opera bajo contratos de alquiler con dueños particulares.

Es un mercado que la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento deja bajo la vigilancia del ERSAPS —el ente regulador nacional—, aunque, como en el resto de esta serie, ni la UMAPS ni el ERSAPS respondieron a EL HERALDO Plus sobre el control que ejercen sobre ese negocio.

La canaleta y el tubo de PVC en el techo fueron idea de su esposo, pensados para aprovechar cada lluvia que cayera. Pero este año ese recurso tampoco ha rendido lo esperado, porque en el Distrito Central prácticamente dejó de llover, la ciudad acumula ya más de tres semanas —24 días, según el último corte oficial— sin precipitaciones significativas, dentro de lo que las autoridades describen como el verano más seco de la última década.

Detrás de esa sequía hay un fenómeno con nombre propio. Lo que golpea a Honduras este año es una versión particularmente intensa de El Niño: el calentamiento de las aguas del Pacífico altera los patrones de lluvia en todo el llamado corredor seco centroamericano, reduce las precipitaciones y eleva las temperaturas.

No es exclusivo de Tegucigalpa —el mismo fenómeno reseca cultivos y fuentes de agua en buena parte de Centroamérica—, pero en la capital hondureña se combina con un problema que no depende del clima: la deforestación de las cuencas que alimentan las represas.

En julio, mientras el río Guacerique —la fuente principal de Los Laureles— apenas llevaba entre 70 y 180 litros por segundo según distintas mediciones, la represa necesita un promedio de 450 litros por segundo para atender la demanda de la ciudad. Menos de la mitad de lo que hace falta, incluso en sus mejores días del mes.

La Alcaldía Municipal declaró emergencia hídrica desde el 26 de mayo, ante los bajos niveles de Los Laureles y La Concepción, y el pasado 18 de agosto Copeco elevó a la ciudad a alerta roja por tiempo indefinido.

Los reportes diarios de la UMAPS muestran una caída que no se detiene: el 20 de agosto, Los Laureles estaba al 36.55% y La Concepción al 29.29%; para el 24 de agosto, cuatro días después, ya habían bajado a 34.66% y 28.44%.

En menos de una semana, ambas represas perdieron capacidad sin que lloviera lo suficiente para frenar la curva. Y no es un problema que empezó con la sequía de este verano, ya en febrero, antes de que arrancara siquiera la temporada seca, las dos represas estaban por debajo del 70% de su capacidad habitual para esa época del año.

No todas las ciudades del país enfrentan el mismo drama. San Pedro Sula, la segunda ciudad más poblada del país, no depende de represas superficiales como Tegucigalpa, sino de acuíferos subterráneos, y por eso ha logrado sostener un servicio casi diario mientras la capital raciona cada nueve días.

La diferencia no es solo geológica, también responde, según reconocen las propias autoridades, a que San Pedro Sula ha protegido mejor sus fuentes de agua, mientras que en la capital la deforestación de zonas como Guacerique y la cordillera de Yerbabuena avanza sin freno.

—Mi esposo lo puso, pero como no ha llovido, eso nos tiene desajustados. Por eso, para lavar un trapito, debo usar lo más poco de agua posible para que quede limpia y nos ajuste —cuenta.

El agua de la cisterna tampoco es apta para beber. Para eso, la familia compra dos botellones a la semana en la pulpería, a 35 lempiras cada uno: 70 lempiras más que no figuraban en el presupuesto de nadie hace unos años.

—Ahí es otro gasto, porque el agua que venden en la pipa no la podemos beber —dice.

Le preguntamos si recuerda alguna vez que el Gobierno o la alcaldía hayan llevado agua hasta su casa.

—No. No recuerdo yo alguna vez que haya venido alguien a regalar agua. Aquí es comprada y cara. Sería mentirosa si le dijera que sí, cuando no es así.

La respuesta contrasta con lo que reporta la propia UMAPS que dice cubrir de manera gratuita a más de 300 barrios y colonias del Distrito Central con su plan de contingencia, además de un programa paralelo para rehabilitar más de 40 pozos abandonados —entre ellos uno en la antigua Penitenciaría Central, donde los trabajos ya alcanzaron 120 pies de profundidad, con la meta de llegar a 280—.

En la ladera donde vive Liliana, esa ayuda —al menos hasta ahora— no ha llegado.

Es una brecha que coincide con lo que reportan las estadísticas nacionales: según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizada a 2023, el 94.2% de las viviendas del Distrito Central tiene algún tipo de tubería instalada como fuente principal de agua, pero el 5.8% restante —18,359 viviendas— depende de pozos, carros cisterna, llaves comunitarias, ríos o de la ayuda de vecinos.

Son, casi siempre, familias asentadas en las laderas y periferias de Tegucigalpa y Comayagüela, donde la red municipal nunca llegó a construirse, y donde ni la sequía de este año ni las lluvias del próximo cambiarán demasiado la rutina semanal de una familia que espera, con el balde en la mano, a que pase la pipa.

Mientras seguíamos el recorrido, Liliana se quedó lavando, mirando desde su casa cómo se levantan nuevos proyectos habitacionales en la ciudad de abajo.

La misma capital que crece en torres y residenciales es la que, en las laderas de El Amatillo, todavía no ha logrado hacer llegar una tubería. Y mientras la ciudad discute cuándo estará lista la próxima represa, Liliana sigue vaciando el tanque negro, con el bebé en un brazo y la paila en el otro, esperando que llueva antes de que llegue la pipa.