Cronología de la masacre en Colón: “Quisieron huir y fueron alcanzados por las balas”

​​​​​​Colón, Honduras.- Una galera donde funcionaba la iglesia Tierra Prometida fue escenario de la masacre de unos 19 campesinos ejecutados mientras oraban. La iglesia estaba dentro de una finca de palma africana, ubicada a unos cinco minutos de la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón.

Los campesinos se preparaban para una nueva jornada de trabajo cuando varios hombres llegaron por la parte trasera de la finca, los sometieron y comenzaron a dispararles en la cabeza. “Unos quisieron huir y fueron alcanzados por las balas, otros corrieron en medio de las plantaciones” dijo a EL HERALDO uno de los testigos que logró salir.

Según versiones de los testigos, el hecho criminal ocurrió a eso de las 6:00 am del jueves, cuando los hombres armados llegaron, les ordenaron ponerse de rodillas y les dispararon.

Nueve de los cuerpos quedaron tirados en el piso de la galera de la iglesia y otros en la parte de afuera; también en medio de las plantaciones de palma quedaron los cuerpos de tres mujeres asesinadas a balazos.

Los parientes y compañeros de las víctimas levaron los cadáveres sin que las autoridades tuvieran conocimiento.

La evidencia de los cuerpos tirados ensangrentados fue difundida en un vídeo que hicieron los mismos campesinos de la cooperativa Paso Aguán, que tenía invadida la finca Las Uvas. Al fondo se observaban a familiares llorando y lamentándose al ver a las víctimas sin vida.

La masacre, que impactó y consternado a los hondureños, trascendió a eso de las 7:30 am. A esa hora la Policía Nacional aún desconocía el caso.

Las víctimas tenían impactos de bala en la cabeza; algunos quedaron con el rostro desfigurado por las balas. En la escena quedó la sangre y restos humanos, así como gorras, zapatos y mochilas que los campesinos cargaban para su jordana de trabajo.

La Policía Nacional confirmó el hecho hasta después de las 9:00 de la mañana, cuando informó que intentaban localizar los cuerpos en los hogares de la comunidad para conocer más detalles. Pese a eso, el hermetismo era absoluto.

EL HERALDO también recorrió la zona. En las viviendas visitadas no se observo movimiento anormal ni la instalación de velatorios visibles; las puertas permanecían cerradas y los pobladores habían optado por esconderse en sus casas por miedo a represalias o a nuevos ataques. Las calles estaban prácticamente desoladas. Hasta ese entonces se manejaba que el número de personas fallecidas era de entre 11 y 17.

En horas de la tarde, el Ministerio Público confirmó la muerte de 19 de los campesinos, luego de haber movilizado equipos de trabajos especializados para desarrollar entrevistas, análisis técnicos y pericias científicas que permitieran individualizar responsabilidades y proceder con la captura de los autores materiales e intelectuales de la masacre.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, informó que dos quipos de Medicina Forense habían hecho el reconocimiento de trece de los cuerpos, mientras otro equipo contabilizaba a otras seis víctimas. También dijo que dos cuerpos más que estaban en ataúdes en sus casas de habitación, por lo que debían hacer las diligencias.

La masacre de las 19 personas ocurrió tres días después de que los miembros del grupo campesinos de Paso del Aguán denunciaron públicamente que policías llegaron a quemarles una pulpería y les llevaron parte de una planta solar.

Una de las mujeres que denunció dijo que “antes los policías entraban y revisaban, ahora llegan tiran el portón, la bandera la han hecho pedazos y ya no podemos estar tranquilos, nos quitan los celulares, hasta los barriles donde recogemos agua nos quitan”.

La mujer es hermana de las tres féminas que fallecieron en la masacre y que fueron identificadas como María Linda Rodríguez, Mirza Rodríguez y Rosa Rodríguez.

Otro de los denunciantes de Paso Aguán indicó en un vídeo publicado esta semana que la Policía Nacional los hostigaba y amenazaban con disparar, cuando ellos solo eran un “grupo campesino no de delincuentes”. “Trabajamos para beneficio de toda las familia de los campesino y no soportamos a los policías que son los que nos están dañando en la zona”, afirmó.

Ese denunciante era Santos Zelaya a quien lo mataron y a sus dos sobrinos de 14 y 17 años.

Los pobladores también denunciaron que muchos han sido detenidos y les implantan droga para acusarlos y, de esa manera, hacerlos que desalojen las tierras.

Vitalino Álvarez, expresidente del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) y actual miembro de esa organización, expresó que la masacre de las 19 personas “era como una muerta anunciada, porque los tomadores de decisiones han estado hablando de que iban a poner orden en derecho a la propiedad y lo han hecho de mala forma”.

Dijo que una de las mujeres campesina que había denunciado las amenazas días atrás fue asesinada en la masacre y ella “solo dijo la verdad en contra de la policía, pues era los que les estaba pasando”.

“Esta es una barbarie, una política de Estado que está mandando un mensaje que el que se dedica a trabajar en tierras en disputa, lo que les espera es la muerte” apuntó.

Recalcó que el problema agrario es viejo, incluso los campesinos de Rigores ya les habían quemado hace unos años hasta una escuela, y “el Estado tiene que responder por esto o aclara quiénes son o van a seguir siendo el hazme reír del mundo”.

Al consultarle al dirigente sobre la versión de conflictos entre el grupo campesino Paso del Agúan y el otro vecino denominado Panamá manifestó que “de repente hay conflictos porque los que han manejado la tierra siempre echan a pelar, sino recuerde lo que pasó el 2025 cuando en Quebrada de Arena agarró a balazos a la cooperativa Camarones”.

Otra de las versiones que se manejan sobre la masacre es que el grupo de campesinos de Paso del Aguán es dirigido por un sujeto que se identifica como Harol o la banda de Harol, a quien señalan le habrían asesinado a uno de sus hombres de confianza hace unos meses.

En venganza, supuestamente llegó a la zona de la cooperativa Panamá a buscar al hechor y quemó la casa creyendo estaba en el interior; sin embargo, adentro solo estaba la esposa del sujeto. Ella murió quemada.

Fuentes, que pidieron el anonimato, dijeron a EL HERALDO que el esposo de la víctima había jurado vengarse de Harol y por eso habría enviado a sus hombres a cometer la masacre en contra de los campesinos que se dedicaban a trabajarle.

El ministro de seguridad Gerzon Velázquez, dijo que se que han integrado con varias instituciones para intervenir en el corto plazo todo el Bajo Aguán, porque “este hecho que ha ocurrido es una clara manifestación de la violencia que producen estas estructuras criminales que a lo largo de estos años han proliferado en esa zona”.

La brutal masacre desató una reacción de emergencia del Gobierno, que ordenó una intervención inmediata en todo el Bajo Aguán con despliegue de policías, militares, fiscales e instituciones estatales.

Tras una reunión de alto nivel entre representantes de la Secretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio Público e Instituto Nacional Agrario (INA), el Ejecutivo activó un protocolo de actuación interinstitucional para intentar contener la escalada criminal en una de las zonas más conflictivas del país.

El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, que “los hechos se produjeron en un contexto de violencia y criminalidad endémica en esta zona, generados por estructuras criminales que causan pánico, histeria colectiva y terror en la población”.

“Las acciones inmediatas contemplan el desplazamiento ya en marcha de fiscales especiales, investigadores y otros actores del Estado presentes en el territorio para el esclarecimiento de los hechos y la persecución penal de los responsables”, detalló.

Pese a la magnitud del hecho, las propias autoridades reconocieron que al momento de anunciar la intervención no tenían claridad oficial sobre el número exacto de víctimas ni sobre el paradero de los cuerpos.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, admitió que cuando la Policía llegó a la escena ya no estaban los cadáveres.

El funcionario explicó que existe la posibilidad de que los cuerpos hayan sido retirados por pobladores, compañeros de trabajo o incluso por los mismos responsables del ataque.

“Probablemente estos fueron retirados por compañeros de trabajo, personas de las comunidades o por las mismas estructuras criminales que cometieron el hecho”, dijo.

También confirmó que hasta ese momento no se había ejecutado ninguna captura. “Tampoco hay capturas”, reconoció.

Velásquez aseguró que las investigaciones preliminares apuntan a grupos criminales fuertemente armados que han mutado sus actividades ilícitas.

“Hay indicios muy fuertes de que los autores materiales pertenecen a una estructura criminal que desde hace años está entronizada en ese territorio, que tiene conexiones con narcotráfico y que también ha mutado hacia el robo de frutas y la invasión de algunas fincas productoras de palma”, reveló.

El ministro sostuvo que el hecho refleja una transformación del crimen organizado en Honduras.“Existe una reconfiguración del crimen y muchas de las células que antes estaban dedicadas al tráfico de drogas ahora están cometiendo otro tipo de ilícitos y tienen capacidades logísticas mucho más avanzadas”, advirtió.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, confirmó respaldo absoluto a la operación.

“Las Fuerzas Armadas ponen a disposición toda la logística, todo su personal, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Ejército y Policía Militar del Orden Público, en la cantidad necesaria según la planificación”, aseguró.