Sin rastro de millonario contrato para finalizar hospital de Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.- Un acta de cancelación de licitación, un nuevo proceso registrado a medias, una publicación institucional en redes sociales y registros en reportes financieros son lo único que consta sobre una millonaria adjudicación a favor de una empresa mexicana para finalizar la obra gris del Hospital General de Santa Bárbara, un proyecto paralizado por el actual Gobierno tras una orden judicial.

Documentos y comunicaciones en poder de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus revelan que la constructora mexicana Prodemex asumió la ejecución de este proyecto. Sin embargo, la reactivación de la obra carece de un contrato público o de un rastro de transferencias en las plataformas estatales de transparencia.

El historial administrativo de la obra es muy limitado: la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) dio por fracasado un primer proceso para reactivarla poco tiempo después, aunque nunca publicó detalles clave que por ley se deben divulgar.

Solo se conocieron datos a través de un anuncio de la empresa extranjera para arrancar obras.La administración actual decidió interrumpir los trabajos en este y otros dos hospitales en ejecución por la SIT -el de Ocotepeque y el de Salamá, Olancho- en acato a una resolución judicial. Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) investiga los proyectos.

El presupuesto global destinado para la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque asciende a unos 7,600 millones de lempiras . Esta partida presupuestaria estuvo bajo la gestión directa del entonces secretario Octavio Pineda durante su periodo al frente de la institución.

El interés de la firma extranjera en el proyecto comenzó a inicios de 2025, luego de que la SIT girara invitaciones limitadas como parte de una contratación directa.

El 14 de marzo de ese año, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V. (Prodemex Infraestructura), representada por Ángel Boullosa Rodríguez, acudió a la Secretaría de Infraestructura y Transporte para la apertura de ofertas para la contratación directa CD-SIT-013-2025.

Este proceso corresponde a la tercera etapa de la construcción y puesta en marcha del Hospital General de Santa Bárbara, en vista de que la ejecución de las obras se fragmentó en varios contratos.

Según cifras y documentos revisados por este medio, esta tercera etapa representaba la obra gris clave y final (completar la infraestructura, acabados, sistemas electromecánicos, instalaciones especiales y puesta en funcionamiento), absorbiendo hasta el 70% del costo total del inmueble médico.

En la puja participaron dos competidores más: Global Mexicana de Infraestructura SAPI de C.V., representada por Alejandro Ávalos Tejeda, con una oferta de 3,641 millones de lempiras; y la compañía asiática China Machinery Engineering Corporation (CMEC), con una propuesta de 3,290 millones de lempiras. La cotización de Prodemex se fijó en 3,055 millones de lempiras.

Según informes revisados por este medio, la infraestructura de Santa Bárbara sería la más costosa, con un presupuesto proyectado de 4,402 millones de lempiras. El hospital de Ocotepeque está valorado en L1,635 millones y el de Salamá en L1,613 millones.

Para su ejecución y ante la dimensión de las obras, la SIT decidió fragmentar los trabajos por componentes y fases, llegando a repartir hasta 47 contratos -EL HERALDO localizó 33 de estos-.

El proceso administrativo para la tercera fase del hospital de Santa Bárbara se interrumpió dos semanas después.

El 31 de marzo de 2025, la secretaría emitió el oficio SIT-SDE-1053-2025 para notificar de forma oficial a los participantes la anulación del concurso.

En el documento, la institución plasmó de manera textual: “El motivo de la presente es para informarle que el Proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-SIT-013-2025, correspondiente al Proceso: ‘CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BÁRBARA, ETAPA III’ ha sido CANCELADO”.

La secretaría justificó la decisión argumentando fallas técnicas en las bases del concurso. De acuerdo con el oficio estatal, “esta decisión se basa en la reformulación de los alcances establecidos para este Proyecto, es importante asegurarse de que las especificaciones sean claras y propicien un desarrollo exitoso del proyecto”.

Para blindar legalmente la medida, la institución invocó el artículo 39 de la Ley de Contratación del Estado y los artículos 101 y 172 de su Reglamento, advirtiendo textualmente que el contratante “se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas (...) sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes”.

A pesar del carpetazo institucional, la SIT lanzó dos semanas después, el 10 de abril, un nuevo proceso para la tercera etapa del proyecto, bajo la contratación directa CD-SIT-033-2025.

La gran diferencia es que esta vez se limitó el alcance del proyecto y su presupuesto, al prescindir del componente de equipamiento, concentrando la obra en construcción y puesta en marcha.

Además, en contraste al primero, este proceso estuvo marcado por la opacidad: la SIT nunca publicó en HonduCompras el proceso histórico, por lo que se desconocen las empresas oferentes, los montos ofertados, los análisis financieros sobre las propuestas, ni la resolución ni adjudicación.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus había solicitado este y todos los contratos relacionados con la ejecución de los tres hospitales ejecutados por la SIT, pero nunca se facilitó la documentación del contrato de la tercera etapa.

Sorpresivamente, el 19 de septiembre de 2025, las cuentas oficiales de la constructora Prodemex en redes sociales publicaron un anuncio institucional bajo el título: “Nuevo Proyecto en Marcha: Hospital General de Santa Bárbara - Etapa III”.

En el comunicado, la compañía mexicana celebraba de forma directa el inicio de los trabajos, señalando: “Nos complace anunciar el inicio de la construcción y puesta en marcha de la Etapa III del Hospital General de Santa Bárbara, un proyecto de gran impacto para la salud y el bienestar de la comunidad”.

En sus mensajes corporativos, la transnacional extranjera detalló las especificaciones del hospital: una “capacidad hospitalaria de 210 camas” distribuida sobre una “superficie total de construcción de 36,225 metros cuadrados”.

Un monitoreo realizado por este medio en LinkedIn encontró que la firma mexicana publicó el año pasado varias convocatorias a plazas para trabajar en un proyecto hospitalario en Santa Bárbara.

Para este reportaje, EL HERALDO Plus solicitó la postura de Prodemex a través de correos electrónicos institucionales; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Este rotativo también accedió a un informe mensual de avance elaborado conjuntamente por la SIT y Prodemex para el periodo entre diciembre de 2025 y enero de este año.

El documento reveló que ambas partes operaban bajo el contrato oculto SIT-CO-461-2025, el cual no está disponible en ningún portal, por un monto de 2,360 millones de lempiras.

Este monto es menor al ofertado en el primer concurso fracasado, probablemente porque el alcance del proyecto se cambió, al prescindir del equipamiento.

A su vez, se estableció un anticipo obligatorio del 20 por ciento a favor de la constructora, equivalente a 472 millones de lempiras; un desembolso que la empresa comenzó a exigir formalmente en sus bitácoras de campo.

En este reporte, la constructora mexicana plasmó una lista de fallas severas que encontró al tomar posesión del terreno y, además, sobre cómo se vio obligada a frenar las obras debido a que la SIT no le entregó la información básica para levantar el hospital.

Prodemex notificó oficialmente que el proyecto carecía de un “expediente técnico integral, completo y construible”, por lo que procedió a reportar a las autoridades una cadena de “errores, vacíos técnicos, inconsistencias y omisiones detectadas” en la documentación que les suministró la administración pública.

El primer gran obstáculo en el terreno fue que el Estado traspasó el plantel sin definir sus fronteras geográficas. El documento oficial constató textualmente que “no se cuenta con la entrega formal de los linderos del proyecto ni polígono oficial”, una carencia que impidió a los ingenieros tomar posesión real de la propiedad o planificar las estructuras provisionales.

Además, tras una inspección realizada el 12 de noviembre de 2025, se descubrió que el suelo destinado a la planta de tratamiento de aguas negras presentaba condiciones que requerían “trabajos previos no contemplados en el contrato vigente”.

La parálisis también se originó por la falta de entrega de planos de ingeniería actualizados, licencias ambientales y la falta de pago de los fondos iniciales.

A través de 15 comunicaciones formales enviadas entre noviembre y diciembre de 2025, la compañía constructora exigió sin éxito estudios de soporte, autorizaciones para botaderos de tierra e instrucciones por escrito, al tiempo que dio seguimiento al “desembolso del anticipo de obra” amparado en el contrato de la secretaría número SIT-CO-461-2025.

Ante la ausencia de respuestas por parte de la SIT a las deficiencias reportadas, las actividades constructivas en el plantel cesaron.

En las conclusiones del informe, la firma mexicana notificó que “ha sido imposible establecer un programa de trabajo realista, coherente y ejecutable para el proyecto”, lo que limitó las labores a revisiones de carácter documental y de oficina.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus solicitó la postura de Prodemex a través de correos electrónicos institucionales; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Asimismo, durante un recorrido de campo realizado por este rotativo para la elaboración de la serie periodística “Alteraron cuatro veces el presupuesto para hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque”, se constató la ausencia de personal trabajador en el plantel, donde el acceso al equipo periodístico fue restringido por el personal de seguridad.

En una entrevista exclusiva para EL HERALDO Plus, el nuevo secretario de la SIT, Aníbal Ehrler, aclaró el estatus legal de la obra.

“A Prodemex le fue adjudicado un contrato FIDIC. Ellos tienen un contrato para la finalización total de la etapa tres”, precisó el funcionario, detallando que “el contrato está vigente; nosotros lo tenemos en una suspensión que no solamente es a Prodemex, sino a los tres hospitales”.

Con tono categórico, Ehrler enfatizó: “Yo en ningún momento tengo información de un contrato cancelado, está adjudicado”.

La aplicación del estándar FIDIC, un formato internacional regulado por una federación de ingenieros consultores y común en proyectos de gran envergadura, sujeta el avance físico a la intervención obligatoria de una supervisión externa.

“Hay un ingeniero intermediario y sin él no puedes hacer absolutamente nada; él es el único que te puede ir llevando todas estas condiciones”, explicó el secretario.

Bajo este marco jurídico, el ministro confirmó que Prodemex inició actividades en el plantel de Santa Bárbara por cuenta propia, registrando un avance físico inicial: “Se les dio incluso una orden de inicio y no se les pagó el anticipo, pero ellos a cuenta y riesgo avanzaron uno por ciento el año pasado de su contrato haciendo algunas obras de terracería”.

De acuerdo con el desglose cronológico brindado por la autoridad a este rotativo, los presupuestos hospitalarios sufrieron modificaciones escalonadas bajo la gestión del entonces ministro Octavio Pineda mediante decretos de emergencia, lo que derivó en una fragmentación de las obras.

“El primer componente de preinversión, un año después lo modifican y lo triplican, el diseño. Entonces te dicen (...) vamos a ocupar tres veces la cantidad de dinero para diseñar”, describió Ehrler, señalando que la administración pasada terminó por atomizar el presupuesto en contrataciones menores.

“Es donde nosotros decimos que pedacearon los hospitales porque le dan a uno la construcción de ciertas cosas, a otro construcción de qué. En vez de buscar una empresa que tenga un proyecto ya en manos, como Prodemex, que eso hubiese sido lo ideal desde el inicio, buscaron un montón de empresitas”, criticó.

El desfase administrativo se agravó cuando las órdenes de inicio se emitieron de forma simultánea a todas las subcontratistas, provocando el vencimiento de plazos y una cadena de aumentos de costos justo después del proceso electoral de finales de 2025.

“Los contratos empiezan a avanzar y se van venciendo porque aún no es momento de empezar; hay que hacerle prórroga, prórroga, prórroga. Y en ese ínterin (...) se hizo incremento porcentual en el monto de contratos y en el tiempo de contratos a casi todos, entre diciembre y enero”, reveló el funcionario.

Ante este escenario, la nueva administración ministerial decidió acudir a los órganos contralores del Estado: “Cuando empezamos a ver ese comportamiento (...) tomamos la decisión de pedirle al Tribunal Superior de Cuentas acompañarnos en una auditoría concurrente, porque tenemos temor de continuar algo que no conocemos si es jurídicamente seguro, si tenemos seguridad jurídica, y no sabemos si es transparente”.

Esa fiscalización inicial desencadenó una intervención penal que hoy mantiene las obras completamente congeladas por mandato judicial.

Ehrler reveló que tras instalarse una mesa técnica con el Tribunal Superior de Cuentas, “ellos decidieron solicitar al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia que hicieran una investigación a mayor profundidad, y un juez de Jurisdicción Nacional nos mandó una orden de suspender permanentemente mientras se realizan las investigaciones”.

La parálisis deja al Estado con la obligación de buscar financiamiento externo por 5,400 millones de lempiras para reactivar los proyectos en el futuro, mientras intenta resolver la situación con la firma mexicana en el plano diplomático para evitar demandas millonarias.

“Yo ya estuve con ellos en la Embajada de México y nos pusimos de acuerdo en sentarnos en una mesa y revisar técnicamente, porque vos sabes que si nosotros no hacemos eso, cada día que pasa podemos estar incurriendo en una falta administrativa que le puede costar plata al Estado”, concluyó Ehrler, justificando además que las restricciones de acceso impuestas al equipo periodístico de EL HERALDO Plus en el plantel respondieron a mandatos directos de la Fiscalía.