Exigen aclarar la intención de Venezuela de explotar el Caribe con acuerdo marino
Venezuela propuso a Honduras un acuerdo para explotación marina en Gracias a Dios. Analistas dicen que acercamientos pueden generar problemas con países aliados, como Estados Unidos
- 11 de junio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- Los marcados acercamientos de altos funcionarios de Honduras que muestran interés en programas y proyectos con Venezuela, como AgroAlba, podrían generar problemas con otros países aliados, advirtió el experto en temas internacionales, Graco Pérez.
“Eso va traer más problemas de los que ya tenemos, porque eso significa un acercamiento, una relación cercana por un país gobernado por un dictador —Nicolás Maduro— que es cuestionado, entonces eso genera problemas con los aliados importantes de Honduras como Estados Unidos”, alertó Pérez.
EL HERALDO Plus informó que la ministra de la SAG, Laura Suazo, en compañía de la titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), Kaina Alvarado, y otros funcionarios, recibieron propuestas de explotar recursos marinos de Honduras y participar en las iniciativas que busca implementar Venezuela para garantizar la soberanía alimentaria por medio de AgroAlba.
Esta situación mantiene en alerta a los representantes de los pesqueros y pueblos indígenas de Gracias a Dios, quienes afirmaron que Honduras ya es parte de los acuerdos firmados durante el evento desarrollado entre el 5 y 6 de junio en Venezuela.
Por el contrario, las autoridades de la SAG defendieron que ellos únicamente participaron como observadores y que “Honduras no es parte de los beneficios de AgroAlba".
Entre los acuerdo en el acta final de la primera expoferia AgroAlba 2025 estaban conformar una flota pesquera conjunta como mecanismo para dinamizar y robustecer las relaciones económicas, solidarias y complementarias entre los estados miembros de la Alianza.
Asimismo, se propuso formar el bloque Alba-TCP para la participación en cualquier mecanismo de integración de pesca y acuicultura en la región, así como en los diversos foros intergubernamentales vinculados al sector.
Además se debía diseñar un marco común para el aprovechamiento de los recursos pesqueros compartidos entre los mismos miembros del Alba-TCP, e incluir en el consejo social de este organismo al sector pesquero acuícola e incorporarlo al consejo de movimientos sociales.
Mirna Wood, vicepresidenta la organización misquita Masta, sostuvo el martes que “si escucha el acta, todos los integrantes del Alba firmaron los acuerdos para hacer un bloque conjunto para explotación —de los bancos pesqueros— lo que pasa es que ahorita los de la SAG están asustados por la reacción que hemos tenido”.
Deben informar
Pérez declaró a EL HERALDO Plus que hasta el momento la información es confusa, pero si Honduras no ha firmado el acuerdo, no lo debería de firmar, porque es incorrecto, debido a que no hay información clara de qué es lo que está ocurriendo.
Además, “por qué se debería firmar un convenio marítimo con Venezuela, si Honduras no tiene fronteras con este país, con quien debe trabajar Honduras es con Colombia, Jamaica y Nicaragua, que es con quien comparte límites en El Caribe”, aseguró.
“Andar acercándose a Venezuela y a los países del Alba no va traer más complicaciones de las que ya no ha generado, y no veo por ningún lado que eso traiga algún beneficio para el país”, enfatizó Pérez.
Si es verdad que Honduras le estaría entregando un derecho sobre su riqueza pesquera y de mar o de temas agrícolas a Venezuela, eso “sería una situación de violación de los derechos, a razón de por qué se tendrían que otorgar a los países del Alba o a Venezuela técnicamente parte de las riquezas”, dijo.
El analista consideró que la presencia de autoridades hondureñas en este tipo de eventos internacionales evidencia el interés del gobierno en integrarse a estos programas.
Recordó que ya existen antecedentes de integración a este tipo de organismos sin autorización, como el caso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Advirtió que si Honduras entra a ese programa de AgroAlba con Venezuela y lo hacen de una forma inconsulta e ilegal, eso también va tener consecuencias para el país, ya que cualquier tratado debe ser aprobado por el Congreso Nacional y con justa razón sí implica poner en riesgo la soberanía del país.
Violación de los derechos
La diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, demandó al gobierno de la República aclarar con responsabilidad la noticia sobre la comitiva de la SAG que estuvo en Venezuela entre el 5 y 6 de junio para participar en la expoferias AgoAlba 2025.
Recordó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que toda medida administrativa o proyecto que pueda afectar los recursos naturales de los pueblos indígenas debe ser sometido antes a una consulta libre, previa e informada, priorizando el derecho inherente de estos pueblos a participar en la gestión y protección de sus territorios y recursos.
“Ignorar estas obligaciones constituye una violación de derechos reconocidos a nivel internacional”, posteó en su cuenta de X la congresista.
La SAG por medio de Digepesca en un comunicado señaló el martes que rechaza rotundamente “la mención mal intencionada divulgada por autoridades misquitas y medios de comunicación sobre la supuesta firma de convenios suscritos para explotación marina en el Caribe hondureño”.
Reconoció que se participó en calidad de país observador, en el marco de la iniciativa regional Alba Azul, impulsada por la República Bolivariana de Venezuela como "único espacio de cooperación técnica y y diálogo para el fortalecimiento del sector pesquero y acuícola en América Latina y el Caribe", defendió la SAG su comunicado.
Al mismo tiempo, enfatizó que la Sag-Digepesca respondió exclusivamente a fines informativos y de análisis técnico, en ejercicio de sus atribuciones institucionales de evaluación de escenarios regionales de cooperación para el fortalecimiento del sector pesquero nacional, sin que ello implicará la firma de convenios o pactos que contravengan la normativa nacional vigente ni que comprometa la soberanía de nuestros recursos pesqueros.
