“Me dijeron que podía morir”: paciente sigue pagando por un tratamiento que no recibió

Tegucigalpa, Honduras. El descubrimiento ocurrió en el parqueo.

Doña Leticia Flores (nombre ficticio para proteger su identidad) acababa de salir de Nueva Med cuando se reunió con su esposo, quien había ido a recogerla a un centro comercial de Tegucigalpa.

Él no sabía que ella había acudido a la clínica y tampoco sabía que aquella visita, que comenzó con la promesa de una consulta gratuita, terminaría convertida en un cobro de L50,000 en la tarjeta de su esposa.

Para una paciente que había llegado a la clínica en un momento de vulnerabilidad y con la intención de cuidar su salud, aquella cifra cayó como un golpe.

La consulta que le habían ofrecido gratis acababa de convertirse en una deuda que todavía arrastra.

Doña Leticia es una de las tantas personas que fue víctima del engaño montado por unas clínicas que operan en Honduras bajo un esquema de falsos diagnósticos y tratamientos onerosos y de dudosa eficacia, según una investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus.

“Fue en marzo, me debitaron L49,500 mil de mi tarjeta aunque me devolvieron el 75% y se quedaron con el 25%, es decir, L12,375, yo sigo pagando L2 mil mensuales por algo que no recibí", resume ahora al recordar lo ocurrido.

Pero para entender cómo llegó hasta ese parqueo con un cobro de esa magnitud hay que regresar unas horas, hasta el momento en que una llamada telefónica la convenció de acudir a Nueva Med.

Le dijeron que había ganado una consulta gratis y eso fue suficiente para que aceptara ir.

Una vez dentro, relata, comenzó una atención que terminó muy lejos de lo que esperaba, pues primero le hicieron colocar la mano sobre una máquina.

Según recuerda, aquel aparato supuestamente podía detectar una larga lista de enfermedades. "Me dijeron varias cosas, que tenía hígado graso, falta de potasio, sobrepeso, que podría tener problemas del corazón y que podía hasta morirme", recordó.

La paciente, que ya atravesaba una situación de salud delicada, escuchaba y después llegaron las soluciones con medicamentos “naturales”, sueros, consultas con un médico general, un nutricionista y un psicólogo.

Según su relato, la conversación fue avanzando hasta convencerla de que necesitaba aquel tratamiento. “Yo en ese momento andaba bien vulnerable, andaba mal, ellos le trabajan la mente a la gente psicológicamente para que uno les dé la tarjeta y así fue, se la llevaron y me dijeron que iba a pagar L2,000 mensuales”, recordó.

Después le pusieron delante un contrato de cuatro páginas, el cual no recuerda haber tenido oportunidad de leerlo. “Firme aquí, firme aquí, firme aquí”, fue la instrucción que recibió.

Firmó y salió. Fue en el parqueo, junto a su esposo, cuando descubrió cuánto le habían cobrado, pues no eran L2,000, sino L49,500 ya que el arreglo de pago mensual debía coordinarse con su banco.

A partir de ese momento comenzó otra historia que incluye llamadas, reclamos, visitas a la empresa, una denuncia ante la DPI, otra ante la Fiscalía de Protección al Consumidor y la contratación de una abogada.

También comenzaron las preguntas.

¿Por qué le habían cobrado casi L50,000 si todavía no había recibido el tratamiento? ¿Qué sustentaba los diagnósticos que le habían dado? ¿Dónde estaban los resultados del supuesto examen? ¿Quién había realizado realmente aquella evaluación?

Porque de aquel diagnóstico tampoco se llevó un documento y la paciente asegura que nunca recibió los resultados de la máquina ni un informe que detallara las enfermedades que le habían mencionado durante la consulta.

Con el paso de los días comenzó a desconfiar de todo lo que había ocurrido dentro de aquella oficina.

Incluso de la persona que la había atendido, quien ella creyó inicialmente que era una doctora, después, según relata, descubrió que no lo era. “¿Cómo le va a decir a uno una persona así que tiene todo un montón de cosas sin ser doctor?”, cuestionó.

La sospecha se hizo todavía mayor cuando regresó al establecimiento acompañada de su esposo y su abogada para pedir explicaciones, ya que querían saber quién era la doctora que supuestamente atendía las consultas médicas.

La respuesta, cuenta, fue que los documentos y explicaciones serían enviados por correo. Hasta que, ante la presión, apareció un diploma.

Era, según le dijeron, de la doctora que supuestamente atendía como médico general, pero para entonces ya había tomado la decisión de no consumir los medicamentos que le habían ofrecido, pues no quería correr otro riesgo con su salud.

Leticia puso la denuncia en Protección al Consumidor y pudo conciliar con la empresa, aunque basados en un cuestionado contrato, argumentaron que podían devolverle únicamente el 75% de su dinero, y ellos quedarse con el 25%.

La fémina todavía paga L2,000 mensuales por un servicio que decidió no recibir.

La llamada que comenzó con una frase aparentemente inofensiva de “usted se ganó una consulta gratis”, terminó dejando una deuda, una denuncia y la pregunta de ¿qué ocurrió realmente durante aquella evaluación y sobre qué base se hicieron los diagnósticos que recibió.