A más de 1,800 hondureños le suplantaron su identidad familiares o desconocidos

Tegucigalpa, Honduras.- En las oficinas de trabajo, en las universidades y en cualquier parte del país caminan hombres y mujeres con identidad falsa, utilizando el nombre o estado civil de otra persona para cometer fechorías u obtener beneficios como herencias.

Expertos de la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) del Ministerio Público (MP) explicaron a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus que este problema es serio, debido a que cientos de personas son sepultadas cada año sin ser identificadas.

Las redes criminales utilizan estas debilidades del sistema y mueven sus tentáculos dentro de las instituciones del Estado para conseguir el Documento Nacional de Identificación (DNI) de otra persona o para obtener actas de defunción y adquirir una nueva identidad.

Las autoridades lo saben, ya que por medio de la solicitud de información MP-3062-2025, el MP confirmó que entre el año 2014, a febrero de 2025, en el país se habían registrado un total de 1,813 casos de usurpación y suplantación de identidad. Solo en 2016 no hubo registro de este tipo de denuncias.

Un caso conocido por los hondureños es el del extinto narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, quien también se hacia llamar Magdaleno Meza Fúnez.

Meza Fúnez, fue ultimado el 26 de octubre de 2019, cuando guardaba prisión en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, donde enfrentaba un proceso por delitos relacionados al tráfico ilícito de droga.

Lo curioso del caso es que las denuncias en vez de reducirse van en aumento cada año, según los registros de la Fiscalía, ya que en el 2014 apenas se investigaban 16 casos, pero al cierre de 2024 sumaron 338 denuncias y hasta febrero de 2025, los registros de este tipo de delitos ya era 66.

Expertos consultados por EL HERALDO Plus indicaron que quienes buscan suplantar identidades generalmente son criminales que quieren evadir la justicia, privados de libertad y personas particulares que buscan cobrar herencias o beneficios.

Gonzalo Sánchez, experto en seguridad, consideró que si aparece una persona suplantando una identidad es porque hubo colusión con funcionarios del Registro Nacional de las Personas (RNP), ya que el sistema es bastante estricto.

“Los criminales siempre buscan ocultar su verdadera identidad para no ser atrapados fácilmente por la Policía, ya que la ley establece que el DNI es el único documento para la identificación de una persona”, destacó el experto.

Aseguró que lo más preocupante es que, con los controles que ha implementado el RNP, se den este tipo de casos, ya que han implementado sistemas complejos de identificación dactilar y registros biométricos, que son difíciles de vulnerar.

Aparte de los criminales, hay personas que lo hacen para cobrar seguros de vida, obtener propiedades o herencias y acceder a beneficios, como en los institutos de previsión, donde muere el jubilado, pero otra persona busca suplantar esa identidad para seguir cobrando la pensión.

Algunas instituciones, como el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), actualizan de forma recurrente los datos de sus afiliados para evitar ese tipo de situaciones.

Los casos más registrados son la suplantación de identidad, con 1,006 denuncias, que generalmente utilizan los criminales para evadir la justicia. En el caso de usurpación del estado civil de otra persona hubo 801 reportes. Este delito ocurre cuando se utiliza la identidad de un pariente o familiar para obtener algún beneficio.

También se investigan denuncias por suplantación de identidad para ejercer el sufragio; el MP ha registrado seis en la última década, según los datos.

Para el caso, José Virgilio Sánchez, alias “Pechocho”, era integrante de la pandilla Barrio 18. A pesar de haber sido condenado a 500 años de prisión en 2013 por su participación en una masacre donde fueron ejecutadas 17 personas, en 2017 fue capturado nuevamente porque se escapó usando la identidad de otro reo.

EL HERALDO Plus, por medio de la solicitud de información SOL-MP-2999-2025, comprobó que en la última década más de 1,000 hondureños han sido sepultados por Medicina Forense.

A las morgues, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula y La Ceiba, llegan cuerpos sin ningún tipo de identificación, otros sin datos de origen, también osamentas y algunos en estado irreconocible.

Hay casos más extremos donde los equipos de Medicina Forense solo encuentran la cabeza de una persona, una pierna, el muslo, las manos, el cuerpo sin la cabeza y otros completamente calcinados, sin ningún signo de identificación.

Datos del MP evidencian que, de los 1,007 cuerpos que fueron inhumados entre 2012 y el cierre de 2024, el 80 % fue enterrado como desconocido, y otro tanto como “supuestos”, es decir, alguien dijo que se llamaba de cierta manera, pero no fue corroborado.

Esta situación es grave, según expertos de Medicina Forense que solicitaron no ser identificados, porque al haber una alta población no identificada al momento de su muerte, otra persona puede llegar a ocupar su identidad y evadir la justicia.

“Imagínese usted que en cinco días habrá otra inhumación de personas desconocidas y las autoridades de Medicina Forense no se preocupan en resolver este problema”, aseguró la fuente a EL HERALDO Plus.

El experto señaló que en Honduras, no hay un banco genético de personas desaparecidas. "No tenemos ni alerta Amber”, lamentó, refiriéndose al sistema que permite difundir las alertas por radio, televisión, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

"Deberíamos de tener un reporte de desaparecido que se notifique en tiempo real al hospital y morgue, con un expediente completo, que lleva las muestras de sangre hueso incluso cabello y dientes, pero aquí no hay nada de eso", lamentó.

A nivel general, no existe una diferencia marcada en cuanto al sexo de las víctimas de suplantación, ya que 815 denuncias fueron interpuestas por personas del sexo femenino y 872 por personas del sexo masculino. En las restantes 126 no se registra el dato.

Roberto Brevé, comisionado presidente del RNP, explicó que estos casos generalmente se dan por medio de personas que nunca tramitaron su DNI, lo que permite que una persona de 18 años se registre presentando dos testigos.

Hay casos, por ejemplo, de una persona que llegó con la partida de nacimiento de un migrante que nunca sacó su DNI y usó ese documento para afirmar que era él, legalizándose con la presentación de dos testigos.

Otros llevan documentos falsos y, en colusión con los registradores, consiguen el DNI. Eso es una usurpación. Por ello, cuando aparecen esos casos, se realiza una inspección y los resultados se envían al MP para que investigue y acuse a los involucrados.

Brevé dijo que, con los nuevos sistemas, no hay forma de que una persona pueda obtener el DNI de otra en el RNP si ya está registrada su biometría, es decir, si ya se le tomaron muestras de huellas dactilares y del rostro.

No obstante, el experto de Medicina Forense señaló que el problema está cuando alguien ocupa la identidad de una persona sepultada como desconocida, ya que puede portar su DNI, y el caso solo se descubre si le toman las huellas dactilares.

El problema es que en Medicina Forense hay casos de fallecidos que “aún teniendo huellas, a veces ni se las toman”, denunció la fuente, recomendando fortalecer esas áreas en ese departamento legal.

Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), aseguró que con el RNP tienen identificados hasta el último privado de libertad para evitar usurpaciones.

“Que me diga hoy un privado de libertad que no se quiso registrar a ver si es cierto, uno que me diga que no se quiso registrar”, declaró Muñoz, ya que de esa forma los criminales buscan evadir la justicia.

Brevé, por su parte, confirmó que “ya tenemos todas las prisiones o cárceles con toda la base de datos actualizada, porque llevamos dos años en eso, y aunque pueden haber casos de que busquen suplantar identidades, toda la biometría de los privados de libertad, está en la base de datos”.

Los datos analizados evidencian que el 75 % de los casos de suplantación de identidad —es decir, casi 8 de cada 10— ocurrieron en los departamentos de Atlántida, Cortés y Francisco Morazán.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo ha sido corregido y editado con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial, bajo la supervisión y aprobación de un editor.