Así fue como Libre colocó a jueces en circuito de corrupción y repartió expedientes

Tegucigalpa, Honduras.- Un esquema de traslados y nombramientos al margen de la ley revela cómo la gente del partido Liberad y Refundación (Libre) en el Poder Judicial se apoderó del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción, convirtiéndolo, según analistas, en un instrumento disponible para el chantaje, la extorsión y la persecución de opositores.

Documentos sobre el cruce de comunicación a lo interno del Poder Judicial —obtenidos mediante a una solicitud de Acceso a la Información Pública— muestran también una especie de represalia contra la funcionaria judicial Yessenia Julissa Aguilar Santos, quien como integrante de la Junta Nominadora para elegir a los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) —en representación de las universidades— votó en contra de los postulantes Adán Guillermo López Lone y su exesposa Tirza Flores Lanza.

Tirza Flores Lanza es hermana del asesor presidencial Enrique Flores Lanza y excuñada de Sonia Marlina Dubón, actual coordinadora de la Sala de lo Constitucional. Según algunos abogados, Marco Antonio Vallecillo —excoordinador del circuito anticorrupción, actualmente preso por extorsionar a un testigo— mencionó en reiteradas ocasiones que Sonia Marlina Dubón era su madrina, al igual que de su hermana, Lisseth Rosario Vallecillo.

El 26 de octubre de 2023, la Corte de Apelaciones del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción informó a Rebeca Lizette Raquel Obando, presidenta de la CSJ, sobre el nombramiento del abogado Jorge Octavio Núñez como coordinador interino de este juzgado de letras de ese circuito, no obstante, una semana después y sin previo aviso, él fue trasladado al Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa.

Como existía un vacío en ese ente judicial, el 22 de febrero del 2024, mediante oficio A-47-2024/CAPCC-PJ, nuevamente el pleno de la Corte de Apelaciones del Circuito de Criminalidad Organizada informó a Raquel Obando que “en atención a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el sistema SEJE se ha designado de manera interina como coordinador al abogado Ryan Villela, quien fungirá como enlace con esta Corte de Apelaciones, sin perjuicio de la decisión que pueda tomar la señora presidenta la Corte Suprema”.

Pese a esta designación, el 28 de febrero, Raquel Obando envió un oficio dirigido a la secretaría del circuito, no a la Corte de Apelaciones, en el que nombraba como coordinador del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción a Marco Antonio Vallecillo.

El 4 de marzo, ya como coordinador de oficio —aunque no había sido juramentado oficialmente—, Vallecillo en una reunión con el pleno dijo: “Por instrucciones específicas de la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia se estaba realizando el ingreso manual de los expedientes; sobre este aspecto la magistrada Aguilar le recomendó al señor coordinador que enviara la instrucción por escrito a la secretaría”.

En la misma reunión, “el abogado Vallecillo consultó respecto a la reserva de los expedientes en el SEJE (Sistema de Expediente Judicial Electrónico) y evitar el acceso al público cuando por sus características se haya solicitado la reserva”. Estas declaraciones y decisiones constan en acta.

El Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE) es un proyecto creado por el Poder Judicial para garantizar la transparencia y el combate de la corrupción, y había sido puesto en práctica en el Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción para que los expedientes se entregaran de manera aleatoria a los jueces y que no sean manualmente designados por el coordinador.

La Corte de Apelaciones de este juzgado, en días anteriores, había determinado que los expedientes se iban a subir al SEJE para que se distribuyeran de manera aleatoria —un nuevo modelo de gestión recomendado por la Misión de Apoyo contra a Corrupción y la Impunidad (Maccih) y otras instancias internacionales— para combatir la típica corrupción que se da en los tribunales donde el cliente busca su juez, o el juez busca su mejor cliente.

Según el acta del 4 de marzo, Vallecillo declaró que, por instrucciones de la presidenta del Poder Judicial, debía asignar los expedientes a los jueces que considerara pertinentes, así como decidir cuáles manejaría personalmente.

Sobre esta manifestación de Vallecillo que consta en acta, Mario Raudales, jefe de Supervisión Nacional, abrió una investigación para verificar si era cierto lo manifestado por el coordinador, pero a la fecha no se sabe nada de esas averiguaciones.

Uno de los expedientes que Vallecillo se autoasignó, quitándoselo a otro juez, fue el caso contra David Chávez, convirtiendo el tribunal en un arma de persecución política y de defensa de grupos aliados y cercanos al poder, según profesionales del derecho consultados por este medio.

El 19 de abril de 2024, mediante el oficio 742-SCSJ-2024, Raquel Obando nombró oficialmente a Marco Antonio Vallecillo como juez y coordinador del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, asignándole un salario mensual de 64,392 lempiras, más un bono adicional de tres mil lempiras mientras ocupe el cargo.

Cuatro meses después de su nombramiento, el 17 de agosto de 2024, Vallecillo fue capturado en una gasolinera ubicada en la salida al sur de la capital, cuando extorsionaba a un individuo investigado por el Ministerio Público por corrupción. Actualmente el exjuez y excoordinador judicial está preso.

Según el abogado Lester Ramírez, el hecho de que miembros de Libre dentro del Poder Judicial maniobren para apoderarse de ciertos juzgados —que luego podrían servirles como herramienta de persecución— no representa un riesgo potencial, sino un comportamiento ya establecido. Más que buscar impunidad, lo que persiguen es el tráfico de influencias, como quedó evidenciado en el caso de Vallecillo.

Más que una estrategia política, este es el modo de operar de las redes del crimen organizado: controlan cargos clave para traficar con información y manipular decisiones dentro del Poder Judicial. "Estamos ante una dinámica sumamente peligrosa: la consolidación de un narcoestado y el uso del sistema para perseguir a políticos y opositores", dijo.

Asimismo "estamos viendo en la Corte Suprema otras facetas, otras dimensiones que no se vieron ni en el tiempo de Juan Orlando Hernández (expresidente preso en Estados Unidos por narcotráfico)", criticó Ramírez.

Para Ramírez, controlar el Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción "es tener lista una alternativa, una carta debajo de la mesa en caso de cualquier tipo de conflicto. Todo está fríamente calculado, son puestos que les van a servir estratégicamente más adelante”, advirtió.

El 21 de marzo de 2024, mediante el oficio 523-SCSJ-2024, la presidenta del Poder Judicial separó a la abogada Yessenia Julissa Aguilar Santos del cargo de magistrada de la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y le dio un puesto administrativo en la Escuela Judicial, degradándola en cargo, pero con el mismo salario.

La titular de la CSJ entregó el cargo que dejó vacante la abogada Aguilar a Adán Guillermo López Lone, quien se venía desempeñando como magistrado de la Corte de Apelaciones del Juzgado de Letras de Francisco Morazán, asignándole un salario de 108,368 lempiras.

Aguilar Santos llegó a ese puesto luego de haber concursado ante la Maccih para ser jueza del circuito anticorrupción, pero fue removida sin justificación alguna, violentando también el artículo 8 inciso 6 de la Ley de la Junta Nominadora, de la cual formó parte. Su voto, en este organismo, fue en contra del postulante Guillermo López Lone y su exesposa Tirsa Flores Lanza.

Por otro lado, Lisseth Rosario Vallecillo, hermana de Marco Antonio Vallecillo, tomó el lugar dejado por López Lone al ser nombrada magistrada propietaria de la Corte de Apelaciones del Juzgado de Letras de Francisco Morazán. En ninguno de los casos hubo un concurso para esas plazas, violentándose así la Ley de la Carrera Judicial.

Una auditoría practicada en el 2016 por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró responsable a Lisseth Rosario Vallecillo de falsificar facturas de hoteles para evadir la liquidación de viáticos en diferentes giras realizadas por el país y señaló que ella había cometido delitos contra la fe pública, falsificación de documentos y delito contra la administración pública.

En el 2017, el entonces presidente Juan Orlando Hernández pidió que se investigara a Lisseth Rosario Vallecillo por haber dejado en libertad a Ilda Godoy, madre del clan Amador Godoy Cruz, capturada por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) por considerarla responsable del delito de lavado de activos. Un tribunal de alzada anuló la resolución de la jueza.

Otro profesional del derecho, quien pidió no ser identificado por su nombre, sostuvo que en todos esos movimientos lo que se ve es una situación de venganza, de persecución a jueces que no están alineados al poder factico y "no están de acuerdo en ser parte de un esquema de corrupción".

"Estas acciones han provocado que jueces de carrera pidan mejor la cancelación para no manchar su reputación, dejando en su lugar a neófitos y gente que solo agacha la cabeza”, lamentó.

Consultado sobre estos movimientos dentro del Poder Judicial, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó su preocupación sobre el manejo que se le está dando al Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción.

“Si Marco Antonio Vallecillo fue nombrado oficialmente como coordinador del juzgado hasta el 19 de abril, ¿cómo es posible que desde antes estuviera tomando decisiones claves dentro del circuito y haciendo alusión a instrucciones de la presidenta del Poder Judicial?”, cuestionó.

Castañeda señaló que estos cambios podrían interpretarse como parte de un esquema que favorece el control institucional dentro del circuito, lo que genera inquietud en diversos sectores sobre el impacto que esto pueda tener en la independencia judicial.

Asimismo, recordó que en el pasado se han denunciado prácticas similares, como las que afectaron a López Lone, y ahora se observa un patrón de decisiones que afectan a Julisa Aguilar y a otros jueces. “Esto lleva a preguntarnos si se están reproduciendo mecanismos que antes fueron cuestionados, lo que resulta preocupante desde una perspectiva de transparencia y debido proceso”, reflexionó.

Desde la sociedad civil, continuó Castañeda, existe "una creciente preocupación sobre la manera en que se están tomando decisiones dentro del circuito y la falta de aplicación de herramientas como el Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE), diseñado para garantizar una distribución aleatoria de los casos".

“El hecho de que se busque mantener un control sobre los expedientes despierta dudas sobre la independencia de las decisiones judiciales”, advirtió.

Castañeda enfatizó en la necesidad de que los nombramientos en el Poder Judicial se realicen con base en criterios de transparencia y méritos, pero sobre todo sin obviar lo que establece la carrera judicial, evitando cualquier percepción de influencias políticas externas.

“Más que un problema aislado, esto refleja una situación que pone a prueba la confianza en el sistema judicial y su capacidad para actuar de manera imparcial”, concluyó.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo ha sido corregido y editado con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial, bajo la supervisión y aprobación de un editor.