Políticos han gastado más de dos millones en publicidad en Facebook
La campaña de los aspirantes a cargos públicos comenzó en las redes sociales y en el transcurso de tres meses invirtieron una fuerte suma de dinero. Páginas afines a Libre, las que más gastan
- 22 de agosto de 2025 a las 12:00
Tegucigalpa, Honduras.— En Honduras, la campaña política para las elecciones generales ya comenzó. No de forma oficial, pero sí con toda la maquinaria encendida.
Basta con abrir Facebook para notar un video emotivo, una encuesta favorable, una imagen, un candidato sonriendo, con el pecho inflado y promesas al aire. Todo está cuidadosamente patrocinado, medido y diseñado para influir en el electorado.
Lo que para muchos es solo una rutina digital —ver, deslizar, compartir— es, en realidad, la cara visible de una operación que se mueve por debajo de los tiempos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según datos públicos de la Biblioteca de Anuncios de Meta (la empresa matriz de Facebook), analizados por EL HERALDO Plus, los políticos hondureños —desde aspirantes presidenciales hasta candidatos al Congreso Nacional y a las 298 alcaldías municipales— ya invirtieron más de dos millones de lempiras en publicidad digital, en solo tres meses, del 18 de mayo al 15 de agosto de 2025.
Del total de ese gasto, el partido Libertad y Refundación (Libre) concentró el 46.05%, mientras que los partidos de oposición acumularon el 45.42%. El 8.53% restante correspondió a páginas que abordan temas políticos, pero sin estar vinculadas directamente a la propaganda partidaria tradicional.
Una financiación que, aunque legal bajo ciertas condiciones, opera sin fiscalización directa, sin límites claros, y fuera del calendario oficial de campañas. En la práctica, representa un adelanto electoral no regulado, con recursos cuyo origen muchas veces permanece en la opacidad.
Los que más gastaron en publicidad en Facebook
La lista de los movimientos políticos que más recursos están gastando —sin regulación ni justificación legal— la encabeza Libertad y Refundación (Libre), el partido actualmente en el poder.
A través de páginas oficiales del Estado, medios “independientes”, cuentas externas o perfiles vinculados a otros candidatos, se está promoviendo de forma masiva la imagen de Rixi Moncada, aspirante presidencial y exministra de Finanzas y Defensa.
Según datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta, el costo de posicionar digitalmente a Moncada casi alcanza el millón de lempiras.
En total, invirtieron 955,945 lempiras, correspondientes a 776 anuncios difundidos por al menos 50 páginas distintas que promueven directamente su imagen o mensajes asociados a su candidatura.
Entre las páginas que más invirtieron en publicidad digital a favor de Rixi Moncada, candidata del oficialismo, destaca Mi Nota HN, que desembolsó 188,701 lempiras en anuncios pagados. Esta página, conocida por su línea editorial favorable a Libre y su rol como contrapeso a las críticas sociales y funciona como un canal alternativo para promover la imagen de Moncada.
A esta le siguen otras páginas alineadas con el oficialismo, como El Bunker, con 161,070 lempiras; El Dardo HN, con 80,725 lempiras; Enlace Creativo S. de R. L., con 64,191 lempiras; la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), con 60,977 lempiras; y El Pijaso, con 51,281 lempiras. Todas forman parte de una red de páginas que, aunque diversas en formato, coinciden en su estrategia de promover contenido favorable al gobierno.
También se logró identificar un nuevo medio de comunicación que está teniendo auge, aunque sus posturas políticas no están del todo clara, pero sí hay una inversión notable del gobierno y sobre todo de publicidad. Ya que a Meta le pagaron 127,780 lempiras en publicidad.
Las cifras reflejan que el 46.05 % del gasto total registrado en anuncios políticos en Facebook —que ya supera los dos millones de lempiras— está siendo destinado exclusivamente a la promoción de la figura de Moncada y, por extensión, al partido Libre.
Es decir, casi la mitad del gasto anticipado en publicidad política digital se concentra en un solo movimiento y una sola candidata.
Según las estimaciones de alcance publicadas por la plataforma Meta, por cada dólar invertido en anuncios (equivalente a unos 26 lempiras al tipo de cambio actual), una campaña puede generar entre 328 y 947 impresiones. Una impresión se define como cada vez que un anuncio aparece en la pantalla de un usuario, sin importar si este interactúa con él o no.
Aplicando esta fórmula, los 955,945 lempiras invertidos en la promoción digital de Rixi Moncada equivalen a aproximadamente 36,766 dólares.
La inversión se traduce en un alcance estimado de entre 12 y 35 millones de impresiones, dependiendo del tipo de campaña, la segmentación de audiencia y la optimización de la pauta publicitaria.
En términos de interacción, esta exposición podría representar entre 122,000 y 367,000 clics estimados, basándose en tasas promedio observadas en campañas similares en la región.
Pero esto no es lo único. El oficialismo también ha recurrido al uso de medios estatales para promocionar a su candidata, lo cual podría constituir una violación directa a la legislación electoral vigente.
Según el informe “De la crisis a la búsqueda de gobernabilidad”, elaborado por la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) —una coalición integrada por organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia, colectivos de mujeres, jóvenes y representantes del sector privado—, el gobierno de Honduras invirtió 445 millones de lempiras entre enero y julio de 2025 en propaganda a través de medios estatales.
Durante ese período, Canal 8 transmitió más de 50 espacios de contenido político, y la Radio Nacional publicó 187 mensajes con tono propagandístico. El uso de estas prácticas contraviene lo establecido en el Artículo 229 de la Ley Electoral, que señala de manera explícita: “Queda prohibido el uso de los medios de comunicación del Estado con fines de propaganda electoral”.
A ello se suma el Artículo 233, que impone restricciones a funcionarios públicos. Sus numerales 4 y 5 indican que está prohibido: “Utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo” y “Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda electoral”.
La RDD también denuncia que, durante ese mismo periodo, el gobierno habría utilizado 705 millones de lempiras en la entrega de bonos, con fines clientelistas, en un contexto político preelectoral.
El gasto provino de programas sociales como la Red Solidaria y el Programa de Acción Solidaria, destinados originalmente a la asistencia social, pero que fueron movilizados con fines que apuntan a la captación de votos.
Asimismo, tanto la unidad de investigación de EL HERALDO Plus como el informe de la RDD coinciden en identificar una red de cuentas de Facebook afines al oficialismo.
Según el análisis, estos medios digitales distribuyen su contenido de la siguiente manera: un 20 % para promover a Rixi Moncada; otro 20 % para atacar a las consejeras del CNE; un 20 % centrado en denunciar supuestos fraudes electorales; un 15 % para destacar proyectos del gobierno; un 10 % sobre corrupción de la administración anterior y un 5 % restante para referirse al bipartidismo tradicional.
La oposición también paga
La legislación electoral en Honduras nunca se modernizó para enfrentar el poder expansivo de las redes sociales. Aunque existen fechas límite para hacer campaña, techos de gasto y obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Electoral, todo eso se vuelve difuso cuando la propaganda política se emite desde cuentas personales, páginas no oficiales o perfiles fantasma.
Esta laguna legal no solo ha sido aprovechada por el partido de gobierno, sino también por sus principales adversarios.
Partidos como el Nacional, el Liberal, la Democracia Cristiana (DC), así como movimientos emergentes e independientes, también han volcado recursos considerables en campañas anticipadas a través de Facebook, esquivando el control institucional.
En total, estas fuerzas opositoras representaron el 45.42 % de los 2,075,579 lempiras invertidos en publicidad política digital durante los últimos 90 días.
Es decir, más de 942,600 lempiras se han gastado en campañas fuera del calendario electoral oficial, a través de Meta.
Uno de los casos más notorios es el de Mario Enrique (Chano) Rivera Callejas, candidato presidencial por la Democracia Cristiana (DC).
Rivera destinó más de 450,000 lempiras a su promoción personal en Facebook, con solo 53 anuncios, lo que arroja un promedio de 8,500 lempiras por anuncios, según datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Solo su campaña representa el 21.71 % del gasto total registrado durante el periodo analizado.
En la línea de mayores gastos también figura Juan Diego Zelaya, aspirante a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional.
Entre mayo y agosto de 2025, Zelaya pagó 247,229 lempiras a Meta para posicionar su imagen y propuestas, lo que equivale al 11.91 % del gasto total. Él ha sido el candidato nacionalista con mayor inversión en redes, superando incluso al total acumulado de su partido.
En conjunto, los candidatos del Partido Nacional invirtieron 333,156 lempiras durante ese mismo periodo. A pesar de su histórica capacidad de movilización, esta cifra está lejos del gasto ejecutado por Libre y la DC.
En cambio, el Partido Liberal fue el que menos recursos destinó a publicidad digital, con solo 57,326 lempiras, siendo Alia Katati, candidata a diputada, la que más gastó dentro de ese instituto político: 31,888 lempiras, distribuidos en 22 anuncios.
Los movimientos independientes y otras agrupaciones pequeñas también participaron en esta competencia digital, aunque con montos más modestos. En total, sumaron 101,000 lempiras para sus campañas en Facebook.
Sin embargo, quien más sobresalió fue Calentón Dávila, vicealcalde del Distrito Central y figura del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien desembolsó 81,982 lempiras para promocionar su mensaje político en la red social.
Su campaña fue una de las más activas dentro del PSH y evidencia el interés de figuras locales por posicionarse en el ámbito digital, aunque el partido en sí mantuvo una presencia discreta.
Lo que estos números muestran que todos los partidos políticos están utilizando la publicidad digital como herramienta de campaña anticipada.
Sin embargo, hay que enfatizar que el Partido Innovación y Unidad (Pinu), encabezado por Nelson Ávila, hasta el momento es el único movimiento que no tiene registros de haber utilizado publicidad para anunciarse en Facebook.
Si bien los montos varían entre uno y otro, el mecanismo es aprovechar el vacío legal para influir en el electorado mucho antes del banderazo oficial.
La práctica sigue creciendo sin regulación efectiva, mientras los organismos de control electoral —como el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF)— permanecen sin herramientas técnicas ni voluntad política para auditar el gasto en plataformas digitales.
EL HERALDO Plus trató de contactarse con los representantes de estas dos instituciones y hasta el cierre de la edición no recibió respuesta. Se les dejó llamadas y mensajes de WhatsApp.
Impunidad y vacíos legales
El uso indiscriminado de la propaganda adelantada y la falta de fiscalización no son solo prácticas recurrentes en Honduras, sino que evidencian fallas estructurales profundas en el sistema electoral.
Para entender mejor esta problemática, consultamos a dos expertos que conocen de cerca las dificultades que enfrenta el país para regular y sancionar estas conductas.
El ingeniero Denis Gómez, exmagistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE), no dudó en señalar que la principal debilidad es la ausencia de una legislación clara que regule la protección de datos y la actividad digital en las campañas políticas.
“No tenemos una ley que nos permita definir la protección de datos, además de los digitales. En ese sentido, el uso de las redes es indiscriminado”, indicó Gómez.
Para él, esta falta de regulación permite que las campañas digitales se desarrollen sin control, con un gasto que no siempre se puede fiscalizar.
Además, destacó que aunque la ley electoral contempla sanciones pecuniarias y administrativas para quienes violen las normas, estas sanciones no se cumplen de manera efectiva.
“Tiempo atrás, en un proceso electoral anterior, a un ciudadano le impusieron una sanción cercana al millón de lempiras, y nunca la pagó. No hubo ninguna consecuencia más allá de la multa impuesta. Esto es un reflejo de la impunidad que afecta toda la campaña y propaganda electoral en el país”, explicó.
Para Gómez, este incumplimiento genera una incontinencia política, donde la falta de respeto a la ley se convierte en una práctica común y aceptada dentro del sistema.
El exmagistrado también profundizó en la complejidad legal que rodea el tema de la propaganda adelantada.
Según el artículo 216 de la Ley Electoral, la campaña puede ser permanente y los partidos pueden promover a sus candidatos sin pedir expresamente el voto.
“Esa línea entre la campaña y la propaganda electoral es muy delgada”, comentó. “El artículo 217 establece que la propaganda electoral, que sí incluye la solicitud expresa del voto, debe limitarse a los 90 días previos a la elección. Sin embargo, en Honduras, esta propaganda adelantada se ha vuelto una norma, no una excepción.”
Esta práctica, según Gómez, afecta la transparencia y la equidad de las elecciones, ya que algunos candidatos y partidos invierten grandes sumas en publicidad digital y medios, sin respetar los plazos legales.
En esta misma línea, el abogado Henry Salinas, experto en temas anticorrupción, democracia y transparencia, señaló que la falta de respeto a la normativa electoral no se limita a la propaganda, sino que también se extiende al financiamiento de las campañas.
“El primer problema es que no se respeta el tema de la propaganda política electoral. De hecho, aunque algunos candidatos aparentan estar realizando obras o actividades sociales, en realidad están en campaña”, aseguró Salinas.
Para él, otro punto clave es la opacidad en el origen y control de los fondos que financian estas campañas. “¿Quién audita estos recursos? ¿Qué papel está jugando la Unidad de Política Limpia? Tenemos antecedentes preocupantes de las últimas elecciones primarias, 86 candidatos a diputados no presentaron sus informes de rendición de cuentas”, denunció.
Salinas incluso planteó un escenario más grave que trata sobre la posible infiltración de recursos provenientes del narcotráfico y otras fuentes ilícitas en la financiación política.
“Ya se ha mencionado en juicios internacionales que recursos de crimen organizado han terminado financiando campañas electorales. Esto es gravísimo y afecta la legitimidad del sistema democrático”, enfatizó.
Esta falta de control y transparencia, añadió el abogado, genera una competencia desigual y desleal entre los candidatos, donde algunos cuentan con maquinaria estatal o recursos ocultos, mientras otros se ven limitados.
Ambos expertos coinciden en que, aunque la legislación existe, el verdadero problema radica en la falta de voluntad política y capacidad institucional para aplicarla.
“La ley está clara, pero no se ejecuta. No hay sanciones efectivas, ni mecanismos para garantizar la transparencia en la financiación”, concluyó Gómez.
Por su parte, Salinas lamentó la influencia política dentro de las instituciones que deberían ser garantes del proceso.
“Tenemos un Consejo Nacional Electoral conformado por representantes de los partidos mayoritarios, y la Unidad de Política Limpia también está integrada por comisionados partidarios. Esto dificulta que se actúe con independencia y firmeza contra las irregularidades”, señaló.
Para ambos, se requiere fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia de los órganos electorales y dotarlos de las herramientas técnicas y legales para auditar, sancionar y prevenir abusos en la propaganda y financiamiento político.
Mientras eso no ocurra, la impunidad seguirá siendo la norma, y la transparencia y la equidad en las elecciones, un ideal aún lejano.
