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Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras declaró en alerta a 234 de los 298 municipios del territorio nacional ante la sequía que está afectando a gran parte del país como consecuencia del fenónemo de El Niño.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) elevó a alerta roja a 75 municipios, a alerta amarilla a 71 y otros 88 a alerta verde. Estos estados entraron en vigor a partir del 18 de agosto a las 11:00 p.m y se mantendrán por un período de 120 días.
¿Qué significa cada nivel de alerta y cuáles son sus criterios? EL HERALDO te lo explica a continuación, según el Plan Nacional de Reducción de Riesgos por Sequía.
Se declara en alerta verde cuando hay información que indique habrá poco déficit de precipitaciones, de acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Se monitorea el Índice de Severidad (SPI) el cual describe la relación que existe entre la precipitación acumulada en un período de tiempo determinado y la precipitación media mensual y/o anual para una región. En alerta verde, el SPI es igual o menor a -0.99.
Bajo esta alerta se permanece en vigilancia e inicia la preparación de recursos humanos y logísticos con el objetivo de dar un seguimiento oportuno y buscar los mecanismos para reducir el impacto en los medios de vida de las familias.
Se alerta a los pobladores y productores para proteger a los grupos vulnerables, tomar medidas de mitigación en los cultivos y en sus medios de medida. Igualmente, se revisan las reservas de granos en la zona.
Cuando se está en alerta amarilla el rango del SPI se sitúa entre -1 a 1-49, comenzando a reducirse el agua para consumo humano y producción agrícola. Hay menos agua en pozos, fuentes y lugares de agua artificiales y naturales.
El déficit de lluvias ocasiona daños a los cultivos, llegando a verse amarillos y el pasto se marchita. Además, aumentan las plagas. También se experimenta un alza en los precios de productos agrícolas y de semilla.
Los animales de ganado pierden peso. Enflaquecen por la falta de alimento y baja el rendimiento de producción (carne y leche).
Ante estos factores, se activan las estructuras de gestión de riesgos para ejecutar el plan de procedimientos de contingencia por sequía. Se buscan estrategias para controlar y/o reducir el impacto de la sequía, incluyendo acciones orientadas al manejo de los recursos hídricos, evitar pérdidas en la producción agropecuaria, así como consolidar la seguridad alimentaria y nutricional.
De igual forma, las familias de las zonas afectadas serán avisadas con el fin de que estas se preparen si la sequía avanza.
El valor del SPI es mayor a -1.5, habiendo lluvia escasa, al punto de que cuencas hídricas como pozos, fuentes y otros lugares estén casi secos.
Por otro lado, más del 60% de la producción agrícola se pierde por falta del vital líquido. Los pastos y suelos quedan completamente secos.
En cuanto a la producción de los animales de la región, esta se reduce en un 50% y se reportan fallecimientos de estos seres.
Aumentan los precios de productos agrícolas y de la canasta básica. La seguridad alimentaria se agrava en las familias, de las cuales muchas no les alcanza para una dieta alimentaria diaria.
Otra consecuencia es que las familias migran hacia otras regiones, municipios, departamentos o hasta fuera del país, en busca de mejores oportunidades.
En alerta roja se declara estado de emergencia y se prioriza la atención a necesidades básicas de la población (acceso a agua, etc) con el objetivo de salvaguardar vidas y evitar llegar una crisis de inseguridad alimentaria.
Los organismos e instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) deben permanecer activas y tienen que implementar protocolos definidos en el plan de procedimientos de contingencia por sequía y del plan de acción para la mitigación y rehabilitación de la sequía.