Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la represa El Tablón, un proyecto clave para el control de inundaciones y el abastecimiento de agua potable en el Valle de Sula, ha atraído el interés de poderosos consorcios internacionales.
Dos de las tres empresas ofertantes son chinas, con una amplia trayectoria en megaproyectos de infraestructura a nivel global, pero también con un historial cargado de cuestionamientos técnicos, sanciones, fallas estructurales y polémicas licitaciones.
Se trata de Yellow River Co. LTD, subsidiaria de PowerChina, y China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co. LTD, filial del conglomerado China Energy Engineering Group.
Ambas compiten para quedarse con la ejecución de una de las obras hidráulicas más ambiciosas del país, con una inversión proyectada que ronda los 390 millones de dólares.
Pero, ¿quiénes son estas empresas? ¿Qué revela su historial reciente sobre los riesgos de asignarles una obra de tanta sensibilidad? ¿Por qué un proyecto de esta magnitud atrae a tan pocas compañías, y por qué la mayoría son chinas? ¿Por qué el Gobierno actual está comprometiendo al próximo con decisiones que podrían limitar su margen de acción? Y, ¿qué tan recomendables son las empresas chinas para ejecutar este tipo de proyectos?
EL HERALDO analizó el historial de las empresas en mención y consultó a expertos en derecho, energía e infraestructura para tener una visión integral sobre el proyecto, los riesgos asociados a las firmas y el creciente peso de China en sectores estratégicos del país.
Cuestionamientos
Yellow River Co. LTD fue fundada en 1955 como parte del antiguo Buró de Ingeniería de Sanmenxia y hoy es una subsidiaria de PowerChina, pero en el caso de Honduras, opera en asociación con Eterna S.A. de C.V. bajo el nombre del consorcio Yellow River–Eterna.
Esta empresa matriz ha ejecutado polémicos proyectos en Ecuador, Colombia, Pakistán y Uganda, con recurrentes denuncias por fallas técnicas y sobrecostos.
Aunque en los papeles Yellow River opera como una firma independiente, su historial en Latinoamérica ha estado ligado a los contratos que PowerChina ha ganado a través de diferentes subsidiarias, con nombres muy similares, lo que expertos advierten como una estrategia para diluir responsabilidades.
Uno de los casos más representativos fue el de Coca Codo Sinclair en Ecuador, construido por Sinohydro, otra empresa del mismo grupo. Este proyecto terminó con más de 17 mil grietas estructurales, una capacidad de generación por debajo de la prometida y una disputa internacional de arbitraje por defectos de construcción.
En Colombia, Yellow River formó el consorcio CYS junto a la firma local Schrader Camargo, y en octubre de 2023 ganó la licitación para ejecutar la segunda etapa del Proyecto Hidroituango, una central hidroeléctrica clave para garantizar la seguridad energética del país y generar hasta 2,400 megavatios de electricidad.
Esta fase contemplaba la construcción de obras civiles finales para cuatro unidades de generación adicionales.
Pero el proceso fue cuestionado porque Empresas Públicas de Medellín (EPM) —la empresa estatal encargada del proyecto— modificó los requisitos técnicos en medio de la licitación, lo que terminó favoreciendo al consorcio CYS, cuya oferta fue la más costosa y la que menos experiencia técnica acreditó entre los competidores.
Sanciones
La segunda empresa china interesada en El Tablón es China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co. LTD, que también tiene un pasado controversial. Su empresa madre, CGGC, ha participado en proyectos de gran escala como la Presa de las Tres Gargantas en China, la más grande del mundo por capacidad instalada, y ha ejecutado centrales hidroeléctricas en Pakistán, Etiopía, Argentina y Laos.
Sin embargo, su reputación internacional ha sido afectada por diversas sanciones. En 2015 fue sancionada por el Banco Mundial y en 2024 por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), por conductas fraudulentas, falsificación de documentos y tergiversación de capacidades.
En Latinoamérica, Gezhouba lidera el complejo hidroeléctrico de Santa Cruz en Argentina, financiado en un 85% por bancos chinos. El proyecto ha enfrentado oposición ambiental, suspensión judicial por falta de evaluación de impacto y denuncias por afectación a glaciares y especies en peligro de extinción.
En el caso de la tercera empresa, es el consorcio mexicano Propensa (conformado por la Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V. (parte del Consorcio DYCUSA) y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V. (Prodemex).
No se registran antecedentes de sanciones ni litigios internacionales, a diferencia de sus contrapartes chinas. Sin embargo, su presencia se ha concentrado principalmente en México, y hasta ahora no ha ejecutado proyectos hidroeléctricos de gran escala fuera del país.
EL HERALDO contactó a las tres empresas mediante correo electrónico para solicitar información sobre el proyecto, las ofertas presentadas y otros detalles relevantes. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
¿Qué está en juego?
Más allá de los nombres de los oferentes, lo que está en juego en Honduras es la transparencia del proceso de licitación y la seguridad de una obra crítica para la resiliencia hídrica del país, como lo es El Tablón.
Según los expertos, sin un riguroso análisis de antecedentes, una apresurada licitación podría traducirse en sobrecostos, retrasos o incluso fallos estructurales con consecuencias humanas y económicas a largo plazo.
“Hay que observar cuidadosamente la trazabilidad de estas empresas. No basta con revisar el nombre en el sobre de licitación. Muchas veces operan con filiales creadas recientemente, pero detrás está un conglomerado con larga data de controversias”, advirtió una fuente del sector energético que prefirió no ser citada.
La experiencia internacional dice que, cuando se trata de megaproyectos ejecutados por empresas chinas, los errores pueden costar caro y repetirse.
Según Graco Pérez, analista y experto en derecho internacional, para construir este tipo de proyectos energéticos, como El Tablón, China no es la mejor opción. "Los antecedentes que tienen no son los mejores y hay otros países que tienen mejor experiencia. El otro tema es que China no se caracteriza por respetar el medio ambiente y los derechos humanos o laborales", opinó.
Pérez también señaló que China no se apega a las legislaciones internacionales ni a los estándares ambientales, y que sus empresas suelen operar sin el mismo nivel de supervisión, auditoría y control que caracteriza a las compañías de países democráticos.
Asimismo, cuestionó que la actual administración parece comprometer el futuro del país al cerrar acuerdos con China que atan al próximo Gobierno con contratos ya presupuestados, limitando así una visión integral y soberana del desarrollo nacional.
“Existe un temor de parte del Gobierno hacia los chinos; parece que están comprometiendo al próximo, o sea, que eso también es incorrecto, el llegar con todos los cubiertos atados, con todo el presupuesto comprometido, con algo que no es parte de una visión integral del país", dijo.
Panorama
Por su parte, Kevin Rodríguez, economista y experto en energía, lamentó el poco interés de empresas locales para el proyecto de El Tablón y enfatizó en que más allá del precio, la calidad y la experiencia de las empresas participantes son cruciales.
“Cuando estamos hablando de El Tablón, es un proyecto que tiene por objetivo salvaguardar las vidas de las personas que están específicamente en el Valle de Sula, los que son afectados recurrentemente por el río Chamelecón. Por lo tanto, aquí, más allá de un tema de competitividad, es que las empresas que participen tengan un bagaje, tengan certificaciones y experiencia comprobada en proyectos similares, que hayan tenido un resultado positivo”, explicó.
El experto mencionó que el historial de algunas firmas chinas en Honduras genera dudas sobre su capacidad para ejecutar proyectos estratégicos. “La preocupación con las empresas chinas es que se pueda dar el mismo fracaso y proyecto caro y que no resultó en ningún tipo de beneficios o soluciones, como es Patuca III", alertó.
Patuca III es una central hidroeléctrica ubicada en el río Patuca, en el departamento de Olancho. Este proyecto, impulsado con participación de empresas chinas, ha enfrentado múltiples controversias desde su inicio, pues muchos sectores han señalado que la planta no ha cumplido con las expectativas en generación de energía (104 megavatios) ni en beneficios sociales y ambientales para las comunidades cercanas.
Además, en junio de 2023, la central sufrió una falla mecánica que dejó a la región sin energía durante más de 36 horas.
“Cuando ya tenemos todos esos antecedentes de Patuca, tenemos esos antecedentes de la demanda de China Energy, aquí donde nos hacemos la pregunta es ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno? Exactamente ¿qué es lo que están negociando?”, cuestionó.
Uno de los principales señalamientos del entrevistado giró en torno al riesgo técnico que implican las contrataciones con empresas chinas en el sector eléctrico, pues no basta con analizar el precio de las ofertas, sino que es indispensable evaluar la durabilidad, el mantenimiento y la disponibilidad futura de repuestos para los equipos que se instalen.
Rodríguez recordó que los proyectos de generación de energía, ya sean hidroeléctricos o térmicos, están pensados para operar durante décadas, incluso por 30 o 50 años.
En ese sentido, adquirir tecnología sin garantías de soporte técnico puede convertirse en un problema a mediano plazo.
“Cuando uno le pregunta a un ciudadano si compraría un tractor chino, la respuesta va a ser que probablemente no, porque muchas veces el equipo falla y no hay repuestos o tardan mucho en venir”, ejemplificó.
“En muchos casos, las empresas chinas, cuando construyen ciertos equipos, ciertos motores o ciertas tecnologías, los descontinúan en un lapso de 3 a 5 años. No es lo mismo comprar equipo alemán o equipo, por ejemplo, hecho en Estados Unidos, de empresas que son reconocidas, que tienen ya incluso siglos de existir. O, en el caso de empresas que operan a nivel de Asia, como Corea, que tienen una historia, ya tienen un prestigio. No es lo mismo comparar ese tipo de empresas con las empresas chinas, porque no se tiene garantía de que habrá repuestos en un futuro", agregó.
Cuestionó que el Estado esté tomando decisiones que, en lugar de estar basadas en estudios técnicos rigurosos y en la experiencia comprobada de las empresas, parezcan obedecer a afinidades ideológicas o preferencias políticas.
“Si se compran equipos que después no van a haber repuestos, no habrá mantenimiento, va a ser muy complicado darle realmente la reparación necesaria, entonces se está botando el dinero”, sentenció.
Rodríguez señaló que la participación de China en proyectos energéticos no es nueva y que muchas de las adjudicaciones se han dado en procesos con poca o nula competencia.
Citó el caso de China Energy, que ganó la compra de motores para generar energía con gas natural en La Puerta y San Pedro Sula —proyecto que terminó en una demanda contra la ENEE por 3,000 millones de lempiras—, así como el almacenamiento de energía en Amarateca y la licitación de transmisión en el litoral atlántico, ambas otorgadas también a empresas chinas.
“Con excepción del de las baterías de almacenamiento, la mayoría tuvieron muy poca participación. En el caso de China Energy, solamente una ofertó motores y la construcción de la subestación y fue la que ganó. En el proceso de licitación para la transmisión, fueron muy pocas empresas, aproximadamente dos o tres”.
Según sus estimaciones, los contratos adjudicados a compañías chinas ya superan los 7,000 millones de lempiras, cifra que podría aumentar con el proyecto El Tablón.
El Tablón
El proyecto, promovido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), busca mitigar inundaciones en el valle de Sula, generar energía hidroeléctrica, y garantizar abastecimiento de agua potable e irrigación agrícola.
Su ubicación está prevista sobre el río Chamelecón, unos 40 kilómetros aguas arriba de San Pedro Sula, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
Aunque su construcción está prevista para iniciar en octubre de 2025, el proyecto enfrenta resistencia en las comunidades de Quimistán y San Marcos, que denuncian la falta de consenso y señalan impactos sociales.
Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enee (STENEE), sostiene que el proyecto ha sufrido alteraciones que desvían su propósito técnico y violan el consenso previo con las comunidades.
“La represa El Tablón viene desde hace más o menos 40 años de planificación y el decreto 46-2022 establece que debe construirse en el punto original. Ahí es donde los estudios técnicos determinaban una capacidad superior a 33 megavatios, y donde la población ya estaba al tanto de la futura inundación, por lo que se replegó del área”, explicó.
Para Aguilar, mover el sitio de construcción unos 13 kilómetros aguas arriba ha generado una crisis social. "El error es que se modificó el proyecto y hoy la población está molesta con justa razón porque hay inundaciones de zonas que son estrictamente agrícolas y en donde trabaja y vive mucha gente", apuntó.
El dirigente sindical también resaltó que, debido a la fuerza del río Chamelecón y su impacto en el norte del país durante eventos extremos, es urgente construir no solo una represa, sino un complejo hidráulico aguas arriba para lograr una verdadera contención. “No van a contener el Chamelecón con una represita, se debe hacer un complejo y construir mejores bordos", mencionó.
Sobre la participación de empresas chinas en el proceso de licitación, Aguilar recordó que "los chinos ya estaban instalados en el país, pero lo importante es que la competencia sea en igualdad de condiciones para todos".
