San Pedro Sula, Cortés.- Una nueva denuncia por parte de los pobladores de Quimistán, Santa Bárbara, se une a la lucha para evitar la construcción de la represa multipropósito El Tablón, sobre el río Chamelecón, con la que se busca evitar inundaciones en el Valle de Sula.
El Consejo Indígena Lenca del Valle de Quimistán viajó al Palacio de Justicia en Tegucigalpa para interponer un recurso de amparo, debido a que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pretende construir la represa en la zona donde habitan sin previa socialización.
Por su parte, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) ha solicitado la realización de nuevos estudios antropológicos, arqueológicos y ambientales, argumentando que el área del embalse ha cambiado y que el estudio efectuado en 2018 fue tercerizado sin una validación científica adecuada.
El IHAH informó que, bajo la actual administración, ha retomado su papel en la protección del patrimonio cultural, especialmente de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto implica abandonar la práctica de tercerizar estudios sin supervisión ni apego a normativas nacionales e internacionales.
Solicitan nuevos estudios
Según un comunicado emitido el 29 de julio de 2025, el 11 de diciembre de 2024 se envió un perfil de proyecto a la empresa encargada de la factibilidad. El 9 de enero de 2025, se entregó a la Secretaría de Energía una propuesta de presupuesto para el salvamento arqueológico y se reiteró la necesidad de nuevos estudios.
Asimismo, se propuso un Convenio Marco de Cooperación Tripartito entre la Secretaría de Energía, la ENEE y el IHAH, que incluye una investigación histórico-antropológica participativa, identificación de riesgos y la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
No obstante, hasta la fecha, el IHAH no ha recibido respuesta formal de la ENEE ni de la Secretaría de Energía sobre dicha propuesta.
Esto se da tras un comunicado de la ENEE, emitido el 28 de julio de 2025, donde se indica que existen estudios etnohistóricos y opiniones legales que concluyen que no hay pueblos originarios en Las Tejeras, Mirasol y Brisas del Río.
"Es absurda la pretensión del bufete de los pueblos de querer apegarse al Convenio 169 de la OIT", escribió en X Erick Tejada, ministro de Energía y gerente general de la ENEE.
"Cabe destacar que el 'Estudio Etnohistórico de las Comunidades de Impacto Directo del Proyecto de la Presa de Usos Múltiples El Tablón', con fecha diciembre de 2018 y realizado por el IHAH, concluye que las comunidades de Las Tejeras, Mirasol y Brisas del Río no presentan características propias de pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT. Asimismo, la opinión legal No.OPL-SULE-UEPER-006-VII-2025 establece que no se configura una obligación jurídica para el Estado de Honduras de realizar un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI)", sostiene el comunicado de la estatal.
José María Milla, ganadero y representante de los pobladores de Quimistán, declaró que en esa región siempre han vivido comunidades indígenas. "No pueden decir que no hay lencas viviendo, si ni siquiera han venido en campo a hacer un estudio específico de esa área", aseveró a EL HERALDO.
Milla señaló que la comunidad se siente ignorada, humillada y amenazada por la forma en que la ENEE ha manejado el proceso. "Comenzaron con el pie izquierdo, hicieron las cosas al revés", lamentó.
No venderán terrenos
Además, afirmó que las autoridades están intentando enfrentar a los pobladores de Quimistán con el Valle de Sula, cuando el objetivo no es detener el proyecto, sino buscar alternativas. Si bien las próximas acciones a tomar están por definirse, adelantó que las protestas continuarán, aunque no sean constantes.
Uno de los dueños de terrenos afectados, quien prefirió no identificarse, dijo que no están dispuestos a vender. Alegan que no solo se trata de tierras productivas, sino de un arraigo generacional.
"Llegaron a pedirnos permiso para ver las fincas, pero nunca nos hablaron de precios ni socializaron la construcción. Hay propietarios que son sexta generación", explicó.
Según cifras, más de 300 propietarios de terrenos estarían afectados, y al menos el 98 % se niega a vender. Alegan que la obra provocaría inundaciones en miles de manzanas de tierras productivas. "Hay siembras de maíz, frijol, hortalizas, sandía, hay ganadería y granjas avícolas. De eso vive la gente", agregó el propietario.
La firma consultora Lombardi, encargada del estudio de factibilidad y diseño básico, señala que los municipios afectados serán Quimistán, San Marcos y Petoa.
Las afectaciones sociales estimadas incluyen 167 viviendas en Quimistán, 260 en San Marcos y tres en Petoa. En total, unas 430 viviendas resultarían afectadas, frente a las 720 proyectadas en 2018. Las propiedades productivas afectadas abarcan 111 hectáreas.
Crimen contra la historia y el ambiente
Adalid Martínez, escritor y vicepresidente de la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras, afirmó que Quimistán posee tres zonas arqueológicas, entre ellas Los Metates, ubicada al sur del pueblo.
"Hay un sitio con 52 montículos y estructuras piramidales de más de cinco metros. Incluso el gerente del IHAH, Rolando Canizales, visitó el lugar", dijo.
La riqueza arqueológica del sitio ha despertado el interés de expertos como Seiichi Nakamura, investigador japonés de Copán Ruinas, quien propuso traer voluntarios japoneses especializados para hacer prospecciones y estudios más detallados.
"En una reunión con el jefe de patrimonio y el gerente del IHAH, la comunidad fue unánime al pedir que no se inunden los sitios arqueológicos porque son patrimonio local, nacional y posiblemente de la humanidad", narró Martínez.
Sin embargo, criticó que el mismo gerente del IHAH presentara a la ENEE un plan de salvamento arqueológico, el cual consiste en excavar y trasladar lo hallado a un museo.
"Esos procesos duran entre 12 y 15 años. La ENEE cree que en cuatro años tendrá la represa. El plan de salvamento no es viable por el tiempo, de tal modo que se va a cometer un crimen contra la historia, contra la arqueología, contra la antropología y sobre todo un crimen etnohistórico porque los pueblos tenemos derecho a conservar lo referente a nuestra historia", advirtió Martínez. También denunció la invisibilización de las comunidades indígenas.
Otro inconveniente para la construcción, ya que la Carta de las Naciones Unidas como el Convenio 169 de la OIT establecen que para la implementación de mega proyectos en territorios indígenas, es obligatorio realizar un proceso de consulta previa, libre e informada.
Este proceso asegura que las comunidades indígenas afectadas tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones y expresar su consentimiento o rechazo al proyecto. "Sí eso no se ha hecho, no se puede construir", acotó Martínez.
Dinero para reasentamiento
El ministro Erick Tejada aseguró que, pese al rechazo de algunos sectores, cuentan con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Unión Europea para la gestión social y ambiental, el reasentamiento, las indemnizaciones y el plan de desarrollo para Santa Bárbara.
"Las movilizaciones son de un grupo reducido, algunos motivados por información falsa", afirmó. También aclaró que no es la ENEE la que debe determinar si hay población indígena o no.
"La estrategia de socialización se basó en dictámenes del IHAH y opiniones legales. Continuamos la segunda etapa de socialización y el plan de gestión ambiental con estándares internacionales", dijo.
Agregó que disponen de más de 100 millones de dólares para el plan de reasentamiento, ambiental y social, además de 11.2 millones de dólares de la Unión Europea para apoyo con consultores internacionales.
Finaliza recepción de ofertas
El 29 de julio fue la fecha límite para presentar ofertas para el diseño y construcción de la represa El Tablón. Las empresas participantes fueron: Consorcio Propensa (México); Consorcio Yellow River - Eterna (Honduras-China); y China Gezhouba Group No. 3 Engineering CO. LTD.
La inversión superará los 311 millones de dólares, financiados mediante un préstamo del BCIE con una tasa de interés del 7.25 % anual, a 20 años plazo y cinco años de gracia. Se espera colocar la primera piedra antes de finalizar el año. La construcción duraría aproximadamente cuatro años.
El proyecto promete reducir en un 43% el riesgo de inundaciones causadas por el río Chamelecón en el Valle de Sula, abastecer de agua potable y para riego, especialmente en épocas de sequía, y aportar 13.4 megavatios adicionales de energía al Sistema Interconectado Nacional. Se estima la generación de 7,475 empleos directos y 22,248 indirectos.
