Tegucigalpa, Honduras.- Las comunidades garífunas en Honduras están pidiendo respeto a sus tierras, pero por esa solicitud, que se ha convertido en una lucha, son víctimas de persecución y amenazas.
Así lo manifestaron de forma categórica durante el Segundo Encuentro Nacional de Patronatos Garífunas de Honduras, en el que más de 30 comunidades del litoral atlántico suscribieron una declaratoria firme, en la que el último de los nueve numerales aprobados pone en la mesa de discusión nacional un tema del que poco se habla: el petróleo en Honduras.
"Sin consulta previa, la explotación petrolera en La Mosquitia es una agresión directa contra nuestro pueblo”, dice de forma tajante ese enunciado.
En el documento firmado el 10 de julio en Jutiapa, los líderes comunales expresan su “preocupación y rechazo categórico” ante la ausencia de consulta previa, libre e informada sobre proyectos de exploración y posible explotación petrolera en la región.
Señalan que este tipo de iniciativas pone en riesgo su territorio, su forma de vida y sus derechos colectivos como pueblo originario.
“Nos afectaría directamente como pueblo garífuna (...), ya que geográficamente estamos ubicados en toda la costa Caribe del Litoral Atlántico”, reza la declaratoria.
El rechazo al petróleo no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de atropellos sistemáticos que las comunidades denuncian desde hace años.
En los nueve puntos que estructuran el documento se detalla un panorama de invasiones, concesiones ilegales, criminalización de líderes y exclusión histórica en decisiones que les afectan directamente.
Historia
La comunidad garífuna en Honduras es un pueblo afroindígena con una rica historia, cultura y presencia significativa a lo largo de la costa caribeña del país.
Su origen se remonta al siglo XVII, cuando esclavos africanos naufragaron cerca de la isla de San Vicente y se mezclaron con los pueblos indígenas caribes y arahuacos de la región, dando origen a los garínagu o garífunas.
Este pueblo fue deportado por los británicos en 1797 a la isla de Roatán en Honduras, desde donde dispersaron hacia la costa norte de Honduras y otros países de Centroamérica, como Belice, Guatemala y Nicaragua.
En Honduras, los garífunas se han establecido principalmente en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, con unas 47 comunidades distribuidas a lo largo del Litoral Atlántico.
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Tradición
La estimación de su población varía según diferentes fuentes, considerando entre 98,000 y 300,000 habitantes, siendo una de las principales comunidades afrodescendientes del país.
Por otra parte, informes de 2017 de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco) estiman que los garífunas representarían alrededor del 10% de la población total de Honduras.
Esto implica una cifra cercana a los 800,000 habitantes en un país con aproximadamente 8 millones (según algunas declaraciones de líderes garífunas en 2024), pero los datos no son oficiales.
Demandas concretas de las comunidades
Los pueblos garífunas del norte de Honduras exigieron también reconocimiento y fortalecimiento de los patronatos como estructuras legítimas de gobernanza comunitaria, respetando su autonomía en la defensa del territorio y los derechos colectivos.
Además, demandaron la aplicación efectiva de la consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la OIT para cualquier proyecto que impacte sus comunidades.
Expresamente, también exponen la necesidad de reconocimiento pleno del territorio ancestral garífuna, con garantías jurídicas y políticas que frenen invasiones y despojos. También el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de comunidades como Triunfo de La Cruz, Punta Piedra y San Juan.
Por otra lado, reclaman que cese a la persecución y criminalización de defensores del territorio, quienes enfrentan amenazas constantes por su labor legítima, así como la implementación real del mecanismo de protección nacional que garantice la vida e integridad de líderes y lideresas garífunas y la seguridad de sus familias.
En el ámbito social, apuntan a que se concreten acciones afirmativas por parte del Estado en salud, educación, empleo, medio ambiente y tierra, con enfoque intercultural y pertinencia étnica. No quieren asistencialismo, sino bienestar con dignidad.
Además, la declaratoria de zonas libres de contaminación en cuencas y microcuencas, con gestión ambiental coordinada directamente con las comunidades, desde su cosmovisión.
Por último, dejan manifiesto su absoluto rechazo a proyectos petroleros sin consulta previa, que consideran una amenaza directa a su existencia. El temor no solo es ambiental, sino histórico: “Primero llegan sin preguntar, luego se llevan todo”.
Durante el encuentro, los patronatos denunciaron el doble discurso del Estado: mientras en el papel promete respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en la práctica tolera o promueve proyectos que los vulneran.
La declaratoria fue firmada por representantes de comunidades de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Cortés. Todas con contextos distintos, pero una causa común: defender su derecho a vivir, decidir y desarrollarse en sus tierras.
Quieren ser consultados e integrados
Contrario a la narrativa oficial, el pueblo garífuna no se opone al progreso. Lo que exigen es participación, educación digna, formación técnica y oportunidades reales para que sus jóvenes no tengan que emigrar para sobrevivir.
Porque mientras miles se van —buscando en el norte lo que aquí se les niega— las comunidades quedan vacías, debilitadas y a merced de la usurpación y la indiferencia institucional, afirmó Medeline David, presidenta de la comunidad garífuna de Guadalupe en Colón.
“No es que no queramos desarrollo. Lo que no aceptamos es que nos lo impongan sin preguntarnos”, afirmó.
Como etnia y comunidades, saben muy bien qué necesitan: apoyo a emprendedores locales, respeto a su cosmovisión, protección del medioambiente y alternativas reales de empleo que no destruyan su entorno ni su identidad.
"Es una problemática de todos los tiempos. Cada gobierno, cada institución que se involucra, en ese caso, el INA y el IP, tambien las ventas ilegales que se hacen en las comunidades cuando se confabulan con las municipalidades sin consultarle a uno, todo eso no viene afectar a nosotros como hondureños y como pueblo étnico", precisó.
Pese a los agravios, las comunidades no cierran la puerta al diálogo. Proponen un modelo distinto: uno que comience preguntándoles qué quieren, cómo lo quieren y qué están dispuestos a aportar. Un modelo que no los vea como obstáculos, sino como aliados.
“Podemos construir un mejor país, pero debe ser con nosotros dentro”, afirmó Medeline David. La propuesta establece el diálogo, respeto, reconocimiento y una visión de desarrollo que no los borre del mapa, sino que los incluya desde el inicio.
Medeline David señaló que si tuviera la oportunidad de platicar con la presidenta Xiomara Castro le diría que llegue y se esté todo un día.
"Le pediría que antes de realizar cualquier proyecto, les consulten sobre las necesidades de la comunidad, cómo lo queremos hacer y bajo qué condiciones. Le diría que no estamos en contra del desarrollo sino de la forma cómo se va a implementar dicho desarrollo", comentó.
Por otra lado, Gervasio Suazo, presidente del patronato de Cusuna, en Iriona, Colón, consideró que nivel de patronatos hay una marcada desorganización.
"Hay apatía de la gente y eso hace que los pueblos no estén exigiendo. Los pueblos desconocen quiénes pueden ser sus líderes, pero, sin embargo, estamos tratando de orientar a las personas a elegir líderes con una mayor visión común", indicó.
Suazo consideró que si los líderes que necesita el pueblo garífuna no tiene preparación, es indispensable que se le prepare con capacitación y asesoría. "Y esa parte es fundamental, porque es ahí donde estamos débiles a nivel de comunidades, y hay que reconocerlo".
El fantasma del petróleo y la pesca amenazada
En 1973, la empresa estadounidense Union Oil (posteriormente Unocal, hoy Chevron) perforó un pozo a unos 30 km al noreste de la costa de La Mosquitia, con resultados positivos, pero no definitivos para explotación comercial.
En 2013 comenzó una nueva fase de exploración por la empresa británica BG Group (adquirida luego por Shell), que recibió concesiones para explorar 35,000 km² en la plataforma marina frente a La Mosquitia.
Entre 2014 y 2017 realizaron estudios geofísicos con técnicas de gravimetría y sísmica para identificar depósitos potenciales. Sin embargo, no se ha perforado ningún pozo desde entonces debido al alto costo y la necesidad de confirmar indicios claros primero.
Uno de los reclamos más sentidos es la amenaza que representa la exploración y explotación petrolera en zonas del Caribe, como La Mosquitia.
“¿Y si mañana se derrama petróleo? ¿Quién va a responder por eso?”, cuestionan. No es una exageración. Es una preocupación legítima de quienes han vivido siglos cuidando ese mar, sin contaminarlo, sin extraerle más de lo necesario.
"Nosotros vivimos en armonía con la naturaleza. No es el pueblo el que destruye, es el foráneo que llega a contaminar nuestra nuestros ríos, a extraer los peces del mar, que también es muy sagrado para nosotros", afirmó Medeline David.
Aunque este gobierno no ha hecho manifiestas sus intensiones de reanudar la búsqueda de petróleo en La Mosquitia, los líderes garífunas creen que ese tema se mantiene vigente y les preocupa.
"Si hay un derramamiento en Gracias a Dios se contamina todo. Todo, el Caribe, todo Colón, todo Atlántida, entonces cómo quedamos nosotros que vivimos de las pesca artesanales, de dónde nos vamos a suplir con nuestros alimentos, de dónde vamos a sacar los peces".
Señaló que lastimosamente, "los Gobiernos hacen y firman convenios y contratos sin tomar en cuenta a los hijos de la comunidad. Luego solo quieren venir a engañar a la gente con un poco de dinero", finalizó.
El cierre del documento no fue un trámite. Las firmas y sellos fueron huellas vivas de una etnia que no se rinde.
Actualmente, el Pueblo Garífuna está conformado por aproximadamente 40 comunidades que se extienden a lo largo del Litoral Atlántico o zona costera del Caribe, abarcando los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios. Asimismo, un número creciente de garífunas vive en ciudades como La Ceiba, Tela, Cortés, Trujillo, San Pedro Sula y Tegucigalpa.
