Tegucigalpa, Honduras.- Una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició esta semana en Honduras la quinta ronda de evaluación mutua para determinar el grado de cumplimiento del país con los estándares internacionales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La visita permitirá medir no solo los cambios legales impulsados durante la última década, sino también la efectividad con la que las instituciones hondureñas aplican esas reformas.
La evaluación representa uno de los procesos más relevantes para el sistema financiero nacional, ya que el organismo examinará la capacidad del Estado para identificar, investigar y sancionar los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, conforme a las recomendaciones internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El punto de partida de esta revisión es la evaluación realizada en 2015, cuando Gafilat concluyó que Honduras enfrentaba importantes desafíos para combatir el lavado de activos.
En ese informe se identificó que la principal amenaza provenía de la delincuencia organizada, especialmente de actividades vinculadas al narcotráfico, la extorsión y la trata de personas, consideradas las principales fuentes de recursos ilícitos que posteriormente ingresaban al sistema financiero.
En materia de financiamiento del terrorismo, el informe señaló que el país aún no contaba con una tipificación específica de ese delito dentro de su legislación, por lo que no existía un marco jurídico que permitiera perseguir penalmente esa conducta.
Desde entonces, Honduras ha incorporado reformas para adecuar su normativa a los estándares internacionales.
Durante la última década también se aprobaron nuevas leyes dirigidas a fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos.
Entre ellas figuran la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, la Ley de Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, instrumentos que buscan incrementar los controles sobre operaciones financieras y mejorar la identificación de los beneficiarios reales de las sociedades mercantiles.
Sin embargo, especialistas consideran que la evaluación de Gafilat irá más allá de revisar el marco legal. La economista Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, señaló que el organismo pondrá especial atención en la capacidad de las instituciones para ejecutar las normas aprobadas y demostrar resultados concretos.
"Hay que resaltar que ha habido avances en varios apartados clave, como la tipificación del delito de lavado de activos, la debida diligencia del cliente y el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros", explicó Castillo.
Uno de los aspectos que recibió observaciones en la evaluación de 2015 fue la limitada disponibilidad de información sobre las personas jurídicas y sus beneficiarios finales.
El informe advertía que las deficiencias en los registros societarios dificultaban conocer quiénes ejercían el control real de las empresas, una situación que podía facilitar el ocultamiento de recursos de origen ilícito.
Gafilat también señaló debilidades en la aplicación de sanciones financieras dirigidas a impedir que personas u organizaciones vinculadas con actividades ilícitas utilizaran el sistema financiero nacional.
En contraste, el organismo destacó el marco jurídico hondureño en materia de decomiso de bienes, al considerar que la legislación permitía incautar y privar del dominio activos relacionados con actividades delictivas mediante procesos penales y la normativa especializada vigente.
De acuerdo con el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, en la evaluación anterior Honduras obtuvo 14 recomendaciones calificadas como cumplidas, 17 mayormente cumplidas, ocho parcialmente cumplidas y dos no cumplidas, resultados que sirvieron de base para las reformas impulsadas en los últimos años.
El resultado de la evaluación será determinante para conocer el nivel de cumplimiento del país frente a los estándares internacionales y la efectividad de las medidas implementadas desde la última revisión.
Además, una buena calificación de parte de Gafilat puede favorecer a Honduras para obtener un mayor financiamiento internacional, competitividad en los mercados y crear lazos de confianza para evitar que el país caiga en listas grises.
