14 de febrero fatídico
Un empleo en unidades de transporte de pasajeros es sinónimo de muerte para motoristas, cobradores y hasta los mismos empresarios ante un flagelo que ha sido tratado con indiferencia por las autoridades.
Eso es lo que perciben muchos perjudicados, quienes miran en algunos encargados de velar por la seguridad ciudadana una actitud cómplice al permitir que inadaptados sociales terminen con la vida de humildes trabajadores en su afán por obtener dinero fácil. Constantemente, motoristas y otros trabajadores de autobuses urbanos e interurbanos, así como del rubro de taxis, se convierten en víctimas mortales de malhechores por causas diversas.
Lo más lamentable es la impunidad que predomina, porque los autores de los crímenes no soy capturados y operan con impunidad en la comisión de sus fechorías. El alto grado de inseguridad es tal que tanto los empresarios como sus empleados se llaman al silencio para proteger su integridad física, ya que, constantemente, son objeto de amenazas de muerte y de atentados criminales. La dirigencia del transporte estima que, aproximadamente, de 80 a 100 asalariados de ese rubro, conductores, cobradores y despachadores, entre otros, han muerto violentamente a nivel nacional. Entre 30 y 40 han perecido en la capital, una cantidad similar en San Pedro Sula y el resto en otras ciudades del país, según calculó un transportista del servicio urbano capitalino, quien prefirió no identificarse.
La dirigencia y los propietarios de unidades de transporte prefieren guardar silencio para evitar ser víctimas de los maleantes que están al acecho para hacerles cobros ilegales, así como asaltos a mano armada.
Causas
Como principal móvil de los asesinatos, los afectados han consideran la actividad delictiva de la extorsión o cobro del mal llamado “impuesto de guerra”, seguido por los asaltos y en menos porcentaje los problemas personales y pasionales. “Nosotros hemos tomado la determinación de pagar para no poner en peligro la vida de nuestros trabajadores”, expresó un empresario del rubro.
Confió que a medida avanza el tiempo la situación se vuelve más difícil, porque ya no solo tienen que soportar a dos maras, sino que ha surgido una tercera que representa en otra amenaza no solo para los transportistas, sino que para los dueños de establecimientos comerciales y moradores de colonias. Por su parte, un empresario del transporte capitalino aseguró que el problema “lo vemos como una cuestión de inseguridad nacional, es algo donde se mueven grandes intereses”.
Repunte de crímenes
Del mes de agosto hasta la fecha se registra un repunte en los crímenes y amenazas de muerte en contra de empleados del transporte. En las últimas dos semanas se han reportado cuatro muertes de motoristas y cobradores, incluidos unos de “rapiditos”.
Entre las últimas víctimas hay un motorista, un despachador y un cobrador de buses, quienes fueron raptados el pasado miércoles en una terminal de la colonia La Cañada. El día siguiente aparecieron muertos en la aldea El Porvenir, El Corpus, Choluteca. Las víctimas fueron identificadas como Giober Dinauri Padilla, de 38 años; Juan José Cárcamo, de 40, y Javier Alexander Sánchez.
El rapto de los tres hombres provocó la paralización de los buses de la ruta entre las colonias San José de La Peña y los mercados de Comayagüela.
Por otra parte, el jueves 1 del presente mes en la carretera que conduce a la aldea El Lolo fue encontrado un cadáver en el interior de un saco y dos días después fue identificado por familiares como David Alfonso Henríquez Andino, de 28 años, conductor de un autobús, residente de la colonia Nueva Suyapa.
Otro crimen reciente fue el de Gilberto Otoniel Zúñiga López, de 27 años, cuyo cadáver fue encontrado en un contenedor de basura el domingo 4 del presente mes en el barrio Buenos Aires. Él era conductor de un rapidito de la ruta El Carrizal y La Laguna.
A estos se suman otros hechos anteriores como el del despachador Juan Carlos Sánchez Matute, de quien el 28 de agosto solo se encontró la cabeza en una caja de cartón adentro de un bus rapidito en la colonia El Carrizal. Al infortunado le tocó morir por otro hombre que había sido amenazado.
A principios del mismo mes fue acribillado el conductor Santos Guadalupe Rodríguez en el bulevar Centroamérica, cuando conducía un autobús de la ruta de Tegucigalpa a Tatumbla, Francisco Morazán.
De este mal no se libran los transportistas de San Pedro Sula, Cortés, donde varios motoristas de rapiditos y de otras unidades de transporte de pasajeros han perdido la vida a causa de la ola de violencia. Entre las víctimas se identificó a Jonney Alejandro Solórzano Raudales, de 28 años, quien fue atacado por un delincuente frente a sus pasajeros en el bulevar del Sur de la ciudad, a principios del mes de octubre.
El 26 del mismo mes corrió la misma suerte otro motorista de rapidito de nombre Walter Geovany García, quien fue ultimado por un individuo que viajaba como pasajero a la altura de la colonia Panting, también en el bulevar del Sur.
Por otra parte, el mismo mes en Santa Rosa de Copán, pereció Francisco Javier Mejía, quien fue asesinado a cuatro kilómetros de la ciudad por uno de los pasajeros que viajaban en el bus que conducía.
Familiares de las víctimas y los mismos transportistas lamentan que los responsables no sean capturados, por lo que hacen un llamado al actual director de la Policía Nacional para que actúe con más contundencia contra esos hechos de delincuencia y criminalidad.
Autoridades no aplican inteligencia en forma correcta
Un dirigente del transporte urbano, que por seguridad pidió no revelar su identidad, criticó que las autoridades policiales son demasiado suaves, no han aplicado la inteligencia en forma correcta para frenar a los delincuentes.
Ellos, dijo, deberían buscar una solución al problema y así evitar que nosotros seamos víctimas de ese tipo de antisociales.
Lamentó que ha perdido a humildes trabajadores que salen de sus casas con la intención de ganarse la vida y lo que encuentran es la muerte.
Confió que en una reunión, con un exdirector de la Policía Nacional la recomendación que les dio fue que “siguiéramos pagando para que no nos ocurriera nada”.
El transportista se quejó de que ahora no solo son víctimas del cobro del mal llamado “impuesto de guerra”, sino que a diario les asaltan los buses.
