Estados Unidos ha advertido, en su Reporte Anual de Derechos Humanos, que entre los problemas más graves de Honduras están las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos ilegales y arbitrarios por parte de la Policía y otras personas, la corrupción y la debilidad institucional del sistema de justicia.
Además, el informe, que analiza la situación de los derechos humanos en centenares de países, destaca que en Honduras han continuado las denuncias de asesinatos en la región del Bajo Aguán.
De estos crímenes son víctimas “los trabajadores agrícolas, espectadores, guardias de seguridad privada y fuerzas de seguridad, relacionados con disputas por la tierra, el crimen organizado y otros factores”.
Asimismo, en los hallazgos expone que en Honduras hay violencia contra los detenidos.
Advierte que estas personas (sospechosas de la comisión de un delito) son víctimas de detenciones prolongadas antes del juicio.
Otros problemas que atentan contra los derechos humanos son el fracaso para proporcionar el debido proceso legal, el acoso de los periodistas, la corrupción en el gobierno, la violencia y el acoso en contra de las mujeres, la prostitución infantil y el abuso, la trata de personas, la invasión de las tierras indígenas y la discriminación contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, la violencia y el acoso contra las personas LGBT, aplicación ineficaz de las leyes laborales y el trabajo infantil.
Corrupción
Según el informe, el gobierno de Honduras tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos.
Sin embargo, la corrupción y la impunidad son problemas graves que impiden la eficacia de la Policía Nacional.
Cuestiona que elementos de la fuerza policiales, organizados en bandas criminales, eran los autores de crímenes violentos en el país y cometieron actos de asesinato, extorsión, secuestro, tortura, trata de personas, intimidación de periodistas y de defensores de derechos humanos.
En la sección 1 correspondiente a Honduras, se exponen casos de hondureños que fueron víctimas de privación arbitraria o ilegal de la vida por parte de agentes de seguridad del Estado.
“Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”, dice el informe. Para el caso, señala que el 27 de mayo, el menor Ebed Jassiel Yanes Cáceres, de 15 años, fue asesinado en un retén militar en las afueras de Tegucigalpa.
Tres militares enfrentan una acusación por parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y al final de año (2012) estaban a la espera del juicio.
Además, revela que seis policías involucrados en el crimen de los dos universitarios, en octubre de 2011, permanecían detenidos en espera de juicio. Dos sospechosos seguían en libertad.
El 30 de agosto se arrestó a Marvin Noel Andino como supuesto responsable del crimen, en diciembre de 2011, del activista anticorrupción Alfredo Landaverde.
En el caso del Bajo Aguán, departamento de Colón, destaca que en 2012 unas 40 personas murieron.
Se señala que elementos delictivos organizados utilizan el conflicto de la tierra como excusa para realizar actividades ilícitas, como el robo y el tráfico de armas y drogas.
Sectores de la sociedad civil han denunciado confabulación entre elementos de la Policía con delincuentes, que participan en robos, secuestros y extorsiones. La Policía en conjunto con fuerzas militares mantuvieron operaciones para restablecer el orden mediante la confiscación de armas ilegales y drogas y la ejecución de órdenes de desalojo de propiedad.
El informe contiene siete secciones, relacionadas con libertades civiles, derechos políticos y de elegir a sus gobernantes, corrupción y transparencia en el gobierno, actitud del gobierno frente a investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos, discriminación, abusos sociales y trata de personas y derechos laborales de los trabajadores.
