La Operación Odiseo VIII, que incluye requerimiento fiscales, allanamientos, órdenes de captura e inspecciones, se realiza en los 18 departamentos de Honduras.
Entre los casos de impacto de este martes, sobresale 'la acusación criminal por el delito de enriquecimiento ilícito interpuesta por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCOOP) en contra de Denia Carolina Pinto Guillén, quien fungió en la Secretaría de Salud en el 2002 como analista técnico en Recursos Humanos, en 2003 como asistente de subgerencia de Recursos Humanos y hasta 2006 como directora general de contratos'.
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De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la ahora imputada obtuvo incremento patrimonial sin causa y justificación, notablemente superior a los sueldos que haya percibido legalmente.
La FETCCOP y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) también tiene en la mira el caso incoado contra tres exfuncionarios de la Región Departamental de Salud, número 18 de Yoro, Yoro (período 2011).
Los señalados son la exdirectora Lourdes Francisca Sandoval; el exadministrador José Albani Hernández y el exjefe de Almacén, Marvin Raúl Orellana Juárez, así como el representante legal de la empresa Indifer, David Fernando Aguilera Domínguez, 'quienes se habrían coludido para sobrevalorar en un 99 por ciento compras que esa dependencia realizó por concepto de la adquisición de un lote de motocicletas, siendo encausados por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos'.
San Pedro Sula
Mientras en la ciudad de San Pedro Sula, el Ministerio Público presentó una segunda acusación contra 'una red que se dedicó a falsificar incapacidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La fiscalía incluye al menos 20 nuevos implicados que son requeridos por la FETCCOP.Además, los Fiscales Anticorrupción llevan a cabo inspecciones y secuestros de documentos en las Secretarías de Educación y Salud, en relación a una serie de denuncias por fraccionamiento de compras, tanto en pupitres como de material médico quirúrgico, al igual que se investigan exacciones ilegales y cobros indebidos en el Centro de Salud de la colonia capitalina Flor de Campo.
Magistrada
Asimismo, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), impulsa el proceso penal en contra de la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Delmy Elizabeth López Paz.A la funcionaria judicial se le supone responsable por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en el sonado caso Shalom, por el que ya se lograron sentencias condenatorias en contra del ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, por tráfico de influencias consumado y la exjueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Ernestina Núñez Cardona, por abuso de autoridad.
De acuerdo a la investigación, Delmy Elizabeth López Paz, a petición de Teodoro Bonilla, con quien mantenía una cercana relación, manipuló e influyó directamente para que la jueza Núñez Cardona conociera el expediente Shalom y favoreciera con resoluciones al margen de la Ley a dos parientes del ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, en un proceso penal incoado en enero de 2014 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) por varios delitos de criminalidad organizada en San Pedro Sula. En ese entonces, la operadora de justicia se desempañaba como jueza con Jurisdicción Nacional, siendo objeto de un ascenso posteriormente.
Caso Capitán Wally
De su lado, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, en seguimiento a las diligencias investigativas por la muerte de 27 buzos misquitos en la embarcación Capitán Wally, naufragio ocurrido el 23 de julio del presente año, decomisa documentación relevante en la Dirección General de la Marina Mercante.ADEMÁS: Muere en el HE un jornalero herido en asalto en Talanga
Con la Operación Odiseo VIII se llevan a cabo más de 11 allanamientos simultáneos, acciones contra el narcotráfico, delitos contra la vida, bandas dedicadas al robo, extorsión, delitos tributarios, contra la propiedad intelectual e industrial y se ejecutan capturas contra agresores de niños, niñas, adolescentes, mujeres y de otros miembros de grupos vulnerables.
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