A través de una conferencia, el brasileño detalló los hallazgos que arrojó la investigación de los fiscales de la Ufecic, adscrita al Ministerio Público (MP), quienes presentaron los requerimientos fiscales el miércoles 22 de mayo.
'Algunas diligencias están en curso por lo que no se brindarán los nombres, pero hay acusados como Fabio Lobo, Devis Leonel Rivera Maradiaga, Miguel Rodrigo Pastor, Walter Maldonado y Deysi Marina Zúniga Méndez acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron', especificó.
El informe explica que una vez ganada las elecciones, Lobo Sosa nombró como ministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi) a Miguel Pastor, y como director general de carreteras a Walter Maldonado.
Estos otorgaron a la empresa Inrimar, creada por Devis Maradiaga, líder de Los Cachiros, contratos por 68 millones de lempiras. Los contratos eran para desarrollar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa, y fueron otorgados a Inrimar sin cumplir con los requisitos que demanda la Ley de Contratación del Estado.
Los Cachiros
Según el vocero de la Maccih, Los Cachiros financiaron la campaña del expresidente Lobo Sosa.
Además, detallan que en todo este proceso hubo participación de Fabio Lobo, hijo de Lobo Sosa, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
Guimarães expuso que en este momento el Ministerio Público(MP) no incluyó al expresidente, Lobo Sosa, pero ya hay una línea de investigación en su contra.
De las otras siete personas que incluye la investigación, Guimarães dijo que están tras ellas, al mismo tiempo que lamentó la filtración de información.
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Antecedentes del caso
El caso no trascendió sino hasta la noche del jueves cuando tres de los señalados se presentaron a su audiencia de declaración de imputado y se les dictó prisión preventiva.
Hasta el momento por este caso están detenidos cinco de los 12 imputados en el caso, entre ellos Miguel Pastor y Walter Maldonado, detenidos en un Batallón, mientras que Daysi Zúñiga en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS). Asimismo este viernes fueron aprehendidos Manuel Valladares y Claudia Matute.
El caso los señala por los delitos de abuso de autoridad, cohecho y fraude en perjuicio de la administración pública; facilitación de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; y falsificación de documentos públicos.
La audiencia inicial en este caso, para los tres primeros detenidos, quedó programada para este sábado 25 de mayo a las 10:00 de la mañana.
Esta es la duodécima investigación presentada por la Maccih y la última en la que estuvo a cargo el actual vocero del organismo que dejará el país en junio.
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A continuación el comunicado íntegro:
Equipo UFECIC-MP/MACCIH-OEA presenta duodécimo caso de investigación penal integrada, denominado: “Narcopolítica”
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó hoy ante el Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 12 ciudadanos acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.
El requerimiento fiscal presentado es producto de una investigación realizada por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por fiscales e investigadores de la UFECIC-MP, con apoyo técnico de los expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el caso denominado “Narcopolítica” están acusados de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo las siguientes personas:
1) FABIO PORFIRIO LOBO LOBO
2) DEVIS LEONEL RIVERA MARADIAGA
3) MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA
4) WALTER NOÉ MALDONADO MALDONADO
5) DEYSI MARINA ZUÑIGA MENDEZ
Y 7 personas más.
El vocero de la MACCIH, Luiz Guimarães Marrey, aseguró que “esta acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaria General de la OEA”.
El caso “Narcopolítica” es el duodécimo caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por UFECIC-MP y MACCIH-OEA. Los anteriores fueron: Fraude sobre el Gualcarque; Red de Diputados; Caja Chica de la Dama; Pacto de Impunidad; Pandora; Aseguramiento de Bienes; Caja chica del Hermano; Licitación Fraudulenta del Seguro Social; Arca Abierta; Patuca III Colusión y corrupción, así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al caso Caja Chica de la Dama.
El Caso
1. La presente investigación surge a partir de la declaración de Devis Leonel Rivera Maradiaga, hecha ante un juez de los Estados Unidos de América, donde manifiesta que entró en contacto en el año 2009 con el candidato del Partido Nacional José Porfirio Lobo Sosa, a quien le dio dinero para su campaña electoral y a la vez, éste le sugirió que a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República les pudieran dar contratos por parte del Estado.
2. Para ese fin, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo Sosa nombra en SOPTRAVI como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía; y como Director de Carreteras al señor Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por el señor Devis Leonel Rivera Maradiaga, 21 contratos por un monto total de 68 millones, trescientos veintiséis mil, seiscientos noventa lempiras (L.68,326,690.55), que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa.
3. Estos contratos se otorgaron, sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, a través del fraccionamiento de 16 contratos para evitar la licitación pública.
4. Los otros 5 contratos fueron otorgados a través de Decretos de Emergencia firmados por el señor Porfirio Lobo Sosa en Consejo de Ministros, en razón de la emergencia provocada por la tormenta tropical AGATHA. Sin embargo, en estos decretos de emergencia en principio no se incluyó al departamento de Olancho (Que era el lugar en donde supuestamente se iban a desarrollar los contratos por parte de INRIMAR, básicamente porque Olancho no había sufrido
mayores daños provocados por dicha tormenta), habiéndose incluido posteriormente el departamento de Olancho en una ampliación que se hizo a los Decretos de Emergencia.
5. Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron e incluso parte del dinero asignado por estos contratos no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de estos contratos, era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de dicha empresa. Incluso los contratos sirvieron para ponerlos en garantía ante los bancos en donde se tramitaron préstamos a favor de INRIMAR.
6. Se tiene evidencia también de la colusión que existió entre los señores Miguel Rodrigo Pastor Mejía y Walter Noé Maldonado Maldonado, con los señores Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, ya que se cuenta con documentación que demuestra que el señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía y el señor Walter Noé Maldonado viajaba junto con Fabio Lobo en un helicóptero pagado por el señor Devis Leonel Rivera Maradiaga, durante la campaña electoral y además se tiene evidencia que era el señor Fabio Porfirio Lobo Lobo,
quien se encargaba de que los contratos fueran otorgados a INRIMAR por parte de SOPTRAVI, aun cuando en esa época no había presupuesto disponible en dicha institución para pagar esos contratos.
7. Cabe mencionar que a pesar de que las obras en su mayoría no se realizaron, falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado, para poder realizar parcialmente los pagos que se efectuaron por el otorgamiento de dichos contratos.
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